Las finanzas del Ayuntamiento de Tijuana comienzan a desnudar lo que por meses fue manejado con discursos de suficiencia y supuesta estabilidad. Esta semana, el secretario de Gobierno Municipal, Arnulfo Guerrero León, lanzó una acusación que pone en entredicho el discurso oficial que acompañó la salida de la exalcaldesa Montserrat Caballero: ocultamiento deliberado de una deuda millonaria con proveedores.
Durante una conferencia de prensa realizada en Palacio Municipal, Guerrero León fue enfático: la exmandataria no solo dejó una administración endeudada, sino que maquilló los números para hacer creer que entregaba finanzas sanas. El déficit asciende, según sus palabras, a más de 1,400 millones de pesos, pasivos que hoy enfrentan quienes intentan sanear las arcas municipales.
“El presupuesto es un todo”, sentenció el secretario. “Puedes dejar 600 millones en papel, pero si los pasivos son de 1,600 millones, ¿realmente dejaste dinero?”. La pregunta, tan directa como incómoda, apunta a desmontar el relato de responsabilidad administrativa que Montserrat promovió durante sus últimos días de gobierno.
En su comparecencia, Guerrero León reveló que la administración saliente presumió haber dejado 200 millones de pesos disponibles, pero omitió deliberadamente las cuentas por pagar a contratistas, empresas de servicios y proveedores esenciales. “Yo creo que se le olvidó que debía a los proveedores”, ironizó el funcionario, exhibiendo documentos que sustentan sus afirmaciones.
Pero lo más grave no es solo la omisión: es el cinismo con el que Montserrat Caballero presumió durante buena parte de su gestión haber resuelto las finanzas del municipio. En repetidas ocasiones se jactó de haber saldado la deuda histórica que arrastraba Tijuana, presentándose como una alcaldesa ejemplar en el manejo del presupuesto. Hoy sabemos que esa narrativa fue una estrategia superficial, una operación de marketing político que consistió en abrir un pozo para tapar otro.
Lo que hizo, en términos prácticos, fue desplazar el problema: pagar una deuda para crear otra. Cambiar de acreedor, disfrazar el pasivo y simular equilibrio financiero. Una estrategia chafa de mercadotecnia que solo funcionó mientras nadie escarbaba demasiado. Pero el engaño se acabó, y ahora el costo lo paga la ciudad.
La acusación no es menor. Implica no solo negligencia administrativa, sino una posible simulación deliberada para manipular la opinión pública y blindar políticamente a la exalcaldesa, quien ha mostrado recientes señales de querer volver a la escena política con aspiraciones rumbo al 2027.
La gravedad del señalamiento va más allá de un simple desorden contable. Se trata de un modelo de opacidad que impide planear con responsabilidad. La deuda acumulada paraliza proyectos, compromete pagos corrientes y afecta directamente la capacidad del actual gobierno para operar con normalidad.
Funcionarios del área de Obras Públicas confirmaron también que muchas de las contrataciones de la pasada gestión carecían de reglas claras de ejecución, y en algunos casos, ni siquiera contaban con suficiencia presupuestal registrada formalmente. La deuda no solo es monetaria, también es institucional.
En medio de esta tormenta, Montserrat Caballero no ha ofrecido una respuesta clara. Su silencio, frente a señalamientos tan concretos, alimenta la percepción de una estrategia para evadir la responsabilidad. Más aún cuando ella misma ha intentado posicionarse como víctima política, acusando persecución por parte del gobierno actual.
Sin embargo, la narrativa de víctima comienza a resquebrajarse frente a los documentos, las cifras y la indignación de los proveedores que aún esperan el pago de lo ya trabajado. La falta de transparencia, lejos de ser una estrategia de supervivencia, podría convertirse en el sello definitivo de su administración.
Las acusaciones también impactan su posible retorno político. ¿Cómo convencer a la ciudadanía de que puede aspirar a un cargo mayor si no pudo cerrar de forma limpia y ordenada su primer periodo de gobierno? ¿Con qué credibilidad puede hablar de honestidad, si hoy la realidad financiera desmiente su discurso?
El caso Montserrat Caballero es una advertencia de lo que sucede cuando el marketing político suplanta a la responsabilidad pública. Mientras el discurso se construía en redes sociales, la deuda crecía en los despachos contables. Y ahora, quienes llegan, deben reconstruir desde el descrédito y la desconfianza.
Tijuana no puede darse el lujo de repetir historias. La ciudadanía merece gobiernos que hablen con la verdad, incluso cuando los números no favorecen. La política no debe medirse por la habilidad de ocultar la realidad, sino por el valor de enfrentarla con responsabilidad.
