La política bajacaliforniana vivió esta semana uno de sus episodios más oscuros. Desde Washington llegó el golpe: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos exhibió la existencia de una red criminal ligada al Cártel de Sinaloa, específicamente al brazo conocido como “La Mayiza”, que opera en Playas de Rosarito. Y en el centro del escándalo aparece el nombre de la ex alcaldesa y hoy diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo.
No se trata de rumores ni de filtraciones locales. El señalamiento coloca a Rosarito como sede de una red de quince empresas vinculadas al lavado de dinero, negocios turísticos y centros de entretenimiento utilizados como fachada. En ese entramado, la figura de Araceli Brown es inevitablemente el rostro político que ahora queda marcado con fuego.
La ex alcaldesa reaccionó de inmediato. En la Ciudad de México se dejó ver en público, con la mirada firme y el discurso aprendido: “no tengo nada que ver”, fue la consigna. Negó bloqueos de cuentas, aseguró que no enfrenta restricciones y trató de proyectar seguridad. Pero en política, la negación nunca basta.
En esa reaparición no estuvo sola. Fernando Castro Trenti, viejo lobo de la política bajacaliforniana, la acompañó y le dio un espaldarazo que no pasó inadvertido. La escena fue un mensaje: aunque la tormenta arrecie, todavía tiene quién la arrope en las altas esferas.
Pero al otro lado del tablero, el silencio fue estruendoso. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda guardó distancia y prudencia. Ante la prensa evitó cualquier defensa apasionada o condena anticipada. Su mensaje fue frío, institucional, calculado. No es casualidad: sabe que cualquier palabra de más puede arrastrarla a una crisis que no es suya.
En el partido también se sienten los contrastes. Morena nacional se limita a pedir pruebas y a hablar de persecución, pero en Baja California muchos prefieren callar. Diputados, alcaldes y operadores que en otros temas corren a dar declaraciones, hoy han optado por el mutismo. Nadie quiere pagar el costo de defender lo indefendible.
Y es que el caso no se reduce a un nombre propio. Lo que está en juego es la sombra de la narcopolítica en un municipio estratégico. Rosarito no es sólo playa, gastronomía y turismo. Es también frontera inmediata con Estados Unidos, terreno fértil para el dinero fácil y enclave donde confluyen intereses criminales, empresariales y políticos.
El señalamiento a Brown revive fantasmas incómodos: ¿hubo protección institucional al crimen organizado desde la alcaldía? ¿Se utilizó el poder municipal como escudo para operaciones financieras ilícitas? Aunque las respuestas aún no llegan, la percepción ya está instalada. Y en política, percepción es realidad.
A nivel social, el golpe es devastador. Rosarito arrastra el estigma de ser un destino secuestrado por el dinero sucio. Para un municipio que depende del turismo y de la confianza en su imagen, este golpe puede ser letal. Quienes gobiernan saben que recuperar credibilidad costará más que cualquier inversión en promoción.
Brown insiste en que todo se trata de una campaña en su contra. Pero la narrativa defensiva choca con la crudeza del contexto: la UIF en México ya ha bloqueado cuentas, Estados Unidos congeló activos y el debate parlamentario amenaza con convertirse en tribunal político. La diputada está contra las cuerdas, aunque intente sonreír ante las cámaras.
Lo más inquietante es que este caso no se quedará en lo personal. Si se confirma la existencia de esa red, alcanzará a más actores. Empresarios, ex funcionarios, aliados políticos y hasta funcionarios en activo podrían verse arrastrados. Nadie está a salvo de que la mancha se expanda.
La clase política de Baja California enfrenta, de golpe, una auditoría moral. La línea entre la complicidad y la omisión es demasiado delgada. ¿Quién supo y calló? ¿Quién se benefició? ¿Quién se hizo de la vista gorda mientras los tentáculos de “La Mayiza” se extendían en Rosarito?
Por ahora, lo único claro es que el tablero cambió. Araceli Brown pasa de ser una legisladora de bajo perfil a convertirse en el símbolo más visible de la crisis política en Baja California. Y mientras ella clama inocencia, el reloj corre en contra: en política, el silencio de los aliados y la frialdad de las instituciones suelen ser la antesala del aislamiento total.
Rosarito está en la mira. La política bajacaliforniana también. El escándalo apenas comienza y promete arrastrar a más de un nombre. Porque cuando Washington pone el foco, ya no se trata de chismes de pasillo: se trata de un expediente internacional que puede costar carreras, proyectos y hasta partidos enteros.
