MEXICALI.- La difusión de un nuevo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, este lunes 27 de julio, volvió a colocar a la mandataria en el centro de la polémica nacional. En la grabación, acompañada de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, la gobernadora presuntamente identifica a Juan Sandoval, un exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), como el consultor que contrató para asesorarla durante la crisis derivada de la cancelación de su visa estadounidense.
El nuevo material fue difundido por el periodista Héctor de Mauleón en su columna publicada este lunes en El Universal, donde presenta un audio inédito y conversaciones atribuidas a la mandataria que añaden nuevos elementos a una controversia que se ha prolongado durante las últimas semanas.
En la conversación difundida, Marina del Pilar pregunta a uno de los interlocutores si conoce a Juan Sandoval. Tras recibir una respuesta afirmativa, señala: “Estuvo trabajando en el FBI”, para después explicar que reside en San Diego y que “por eso lo contraté”, haciendo referencia al exagente como parte del equipo que la asesoraba en ese momento.
Las capturas de pantalla también muestran que la gobernadora manifiesta su inconformidad porque personas ajenas a su defensa jurídica estuvieran interviniendo en el asunto. En los mensajes insiste en que cualquier acercamiento debía realizarse a través de sus abogados y no mediante canales paralelos, pues afirma que ya contaba con representación legal para atender su caso.
De acuerdo con la información publicada por De Mauleón, Juan Sandoval es un consultor con base en San Diego cuyos servicios profesionales rondarían los 300 mil dólares. La publicación sostiene que fue contratado antes de que la mandataria estableciera contacto con personas que se presentaban como intermediarios de autoridades estadounidenses.
El nombre de Sandoval se suma ahora al del abogado estadounidense Michael Nadler, exfiscal federal especializado en delitos financieros y de cuello blanco, quien ya había aparecido en audios anteriores como el profesionista encargado de representar legalmente a la gobernadora en Estados Unidos. Incluso, la propia Marina del Pilar reconoció previamente haber buscado asesoría jurídica especializada tras la revocación de su visa.
La controversia comenzó en mayo de 2025, cuando el Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de la gobernadora y de quien entonces era su esposo, Carlos Torres Torres. Desde ese momento, la falta de una explicación oficial por parte de las autoridades estadounidenses abrió un amplio espacio para la especulación política y el interés mediático.
Semanas después comenzaron a difundirse los primeros audios atribuidos a Marina del Pilar. En ellos se escucha a la mandataria conversar con personas que se presentan como intermediarios de agencias estadounidenses para explorar posibles escenarios relacionados con su situación migratoria y legal. La gobernadora posteriormente reconoció que la voz en esas grabaciones era auténtica, aunque sostuvo que las conversaciones fueron sacadas de contexto.
Posteriormente aparecieron nuevas grabaciones en las que se mencionaban reuniones con presuntos representantes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además de la posibilidad de sostener encuentros fuera de Estados Unidos, incluso en Panamá. Esas filtraciones incrementaron la presión política sobre la administración estatal y provocaron reacciones de partidos de oposición.
En respuesta a las publicaciones, Marina del Pilar ha sostenido que nunca existieron acuerdos fuera de los cauces legales y que las personas con las que habló jamás acreditaron oficialmente representar a instituciones estadounidenses. Asimismo, ha señalado que cualquier gestión relacionada con su situación debía realizarse exclusivamente mediante sus abogados y conforme a la ley.
Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha informado públicamente sobre la existencia de cargos penales, órdenes de extradición o investigaciones judiciales abiertas contra la mandataria. Tampoco el FBI ni el Departamento de Justicia han emitido un posicionamiento oficial respecto al contenido de los nuevos audios difundidos este lunes.
La aparición de este nuevo audio el lunes 27 de julio representa un nuevo capítulo en una de las crisis políticas más importantes que ha enfrentado el gobierno de Baja California. Al identificar por primera vez el nombre del exagente del FBI que presuntamente asesoraba a la gobernadora, la filtración amplía el debate público sobre las gestiones que realizó tras la revocación de su visa y mantiene el caso entre los temas de mayor impacto en la agenda política nacional