En Tijuana, la distancia entre las prioridades reales y las fantasías de algunos gobernantes puede medirse en 500 millones de dólares. Mientras el Ayuntamiento enfrenta cuestionamientos por las condiciones en las que permanecían los animales del zoológico del Parque Morelos y por la muerte de Mandy, una tigresa de Bengala, desde el Cabildo se impulsa la idea de transformar el canal del Río Tijuana en el parque público más grande de México.
La propuesta fue presentada por el regidor de Morena Pablo Yáñez Plascencia, quien plantea celebrar un convenio entre el Ayuntamiento de Tijuana y la Comisión Nacional del Agua para “renaturalizar” el Río Tijuana. El proyecto contempla retirar partes del concreto de la canalización, recuperar áreas del cauce y desarrollar espacios verdes y recreativos con una inversión estimada en 500 millones de dólares.
En términos conceptuales, recuperar ambientalmente el Río Tijuana no es necesariamente una mala idea. La ciudad necesita más áreas verdes, mecanismos para reducir las temperaturas urbanas y soluciones de fondo para enfrentar la contaminación, los malos olores y las descargas que durante décadas han convertido al canal en una herida abierta entre México y Estados Unidos.
El problema no es imaginar una ciudad mejor. El problema es la absoluta desconexión entre la magnitud del proyecto anunciado y la capacidad que actualmente demuestra el gobierno municipal para conservar, administrar y vigilar los espacios públicos que ya tiene bajo su responsabilidad.
La muerte de Mandy, ocurrida el 5 de julio de 2026, puso bajo escrutinio las condiciones del zoológico del Parque Morelos. El caso provocó revisiones, investigaciones y finalmente el anuncio del cierre de la unidad zoológica y la reubicación de los animales que todavía permanecen ahí.
No estamos hablando de una instalación escondida en alguna zona rural o abandonada de la periferia. Estamos hablando del Parque Morelos, uno de los espacios recreativos más importantes y concurridos de Tijuana, administrado por el Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana, una entidad que depende directamente del gobierno de la ciudad.
La muerte de la tigresa no puede reducirse a un incidente aislado hasta que las autoridades concluyan las investigaciones y expliquen públicamente las condiciones en las que vivía, la atención veterinaria que recibió, los recursos destinados a su manutención y las responsabilidades de quienes estuvieron encargados de su cuidado.
La Sindicatura Procuradora anunció investigaciones relacionadas con las condiciones de deterioro del zoológico y con la actuación de funcionarios y exfuncionarios municipales. Es decir, el propio gobierno reconoce que existen elementos suficientes para revisar qué ocurrió y por qué las instalaciones llegaron a ese nivel de abandono.
Esa realidad convierte el proyecto del Río Tijuana en una postal de la incongruencia gubernamental. ¿Cómo puede una administración presumir que está preparada para participar en la construcción y conservación del parque público más grande de México cuando no pudo garantizar condiciones dignas y transparentes para los animales de un zoológico que ya administraba?
Antes de retirar kilómetros de concreto del canal, quizá el Ayuntamiento debería demostrar que puede mantener limpios los parques existentes, conservar sus lagos, rehabilitar sus sanitarios, vigilar sus instalaciones, cuidar sus áreas verdes y garantizar que ninguna especie bajo resguardo municipal vuelva a morir en medio de sospechas y cuestionamientos.
Los 500 millones de dólares representan una cantidad monumental. No se ha explicado con precisión de dónde saldrían, cuánto aportaría el municipio, cuánto correspondería al Gobierno federal, qué participación tendrían organismos internacionales ni quién asumiría el costo permanente de operación, mantenimiento, seguridad y conservación.
Tampoco se ha presentado públicamente un proyecto ejecutivo completo que permita conocer sus alcances hidráulicos. El Río Tijuana no es solamente un espacio urbano desperdiciado: es infraestructura para el control de inundaciones y forma parte de una cuenca binacional con graves problemas de contaminación, aguas residuales y riesgos para las comunidades de ambos lados de la frontera.
El propio regidor ha señalado que la intención no sería eliminar la infraestructura histórica para el control de inundaciones, sino intervenir determinadas áreas del canal. Sin embargo, una propuesta de esta dimensión no puede promoverse únicamente mediante videos, declaraciones optimistas y representaciones visuales de árboles, senderos y agua limpia.
Se requieren estudios hidráulicos, ambientales, financieros y de protección civil. También se necesita conocer cómo se evitaría que las áreas recuperadas terminen inundadas, vandalizadas, contaminadas o abandonadas pocos años después de su inauguración, como ha ocurrido con numerosos proyectos públicos que se anuncian con espectacularidad y después sobreviven sin presupuesto.
Tijuana no necesita más proyectos concebidos para generar titulares mientras los problemas cotidianos permanecen sin resolver. Necesita gobiernos capaces de cuidar lo básico antes de pretender administrar lo extraordinario. El mantenimiento no produce fotografías tan atractivas como una maqueta futurista, pero es precisamente ahí donde se mide la capacidad de una administración.
La muerte de Mandy y el cierre del zoológico deberían obligar al Ayuntamiento a realizar una revisión profunda del modelo de administración de los parques municipales. Antes de comprometerse con un corredor ecológico multimillonario, tendría que transparentar cuánto se invierte actualmente en cada parque, en qué se gasta, cuáles son sus carencias y quién responde por las omisiones.
La imagen es brutalmente sencilla: un gobierno que no pudo mantener dignamente a una tigresa ahora habla de devolverle vida a un río mediante un proyecto de 500 millones de dólares. Tijuana merece pensar en grande, pero también merece autoridades con los pies en la tierra, capaces de conservar lo que ya existe antes de ofrecernos otro sueño monumental pagado con dinero público.