La política de seguridad de Estados Unidos hacia México entró en una nueva etapa. Después de décadas de centrar sus esfuerzos en perseguir a los grandes líderes de los cárteles, la administración del presidente Donald Trump ha comenzado a dirigir su atención hacia funcionarios y políticos mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, bajo la premisa de que combatir únicamente a los narcotraficantes resulta insuficiente si quienes les brindan protección política permanecen intactos.
En un amplio reportaje publicado este sábado por CNN World, la periodista Mary Beth Sheridan sostiene que Washington considera que el dinero del narcotráfico no solo financia operaciones criminales, sino también campañas electorales y estructuras políticas que permiten a los grupos delictivos mantener influencia sobre gobiernos locales y estatales. La investigación retoma información del Departamento del Tesoro estadounidense, que previamente acusó a diversos cárteles de canalizar recursos ilícitos hacia campañas políticas con el propósito de impulsar candidatos que protegieran sus intereses.
Como ejemplo de este nuevo enfoque, el reportaje menciona la revocación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como a diversos alcaldes mexicanos. También recuerda la acusación presentada por fiscales estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado de presuntamente permitir operaciones del narcotráfico a cambio de sobornos y respaldo electoral. Tanto Rocha como Marina del Pilar han rechazado públicamente cualquier conducta ilegal.
CNN señala que estas acciones representan un cambio profundo en la relación bilateral entre ambos países, ya que históricamente Washington evitaba intervenir de manera tan directa en asuntos políticos internos de México, privilegiando la cooperación diplomática y de seguridad por canales discretos. Ahora, la estrategia estadounidense apuesta por exhibir y sancionar a actores políticos considerados relevantes para la estructura de protección del crimen organizado.
El reportaje también explica que la nueva política estadounidense coincide con una ofensiva más agresiva contra los cárteles, que incluye su clasificación como organizaciones terroristas y un incremento en las operaciones de combate al narcotráfico. Según especialistas consultados por CNN, la extradición de importantes líderes criminales durante los últimos dos años podría facilitar que algunos de ellos colaboren con las autoridades estadounidenses proporcionando información sobre presuntos sobornos y vínculos políticos a cambio de beneficios judiciales.
Para el ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, citado por CNN, seguir la ruta del dinero constituye la única forma realista de demostrar la relación entre organizaciones criminales y campañas políticas. El académico sostiene que buena parte del financiamiento ilegal opera mediante efectivo, sin dejar rastro documental, y que históricamente los mecanismos de fiscalización electoral han sido insuficientes para detectar esos recursos.
La publicación añade que el problema del financiamiento clandestino no se limita al dinero proveniente del narcotráfico. También incluye recursos desviados de presupuestos públicos y aportaciones de empresarios interesados en obtener contratos gubernamentales, generando un sistema de “dinero oscuro” que distorsiona la competencia electoral y dificulta la transparencia en los procesos democráticos.
No obstante, CNN advierte que esta estrategia también genera tensiones diplomáticas. La presidenta Claudia Sheinbaumha cuestionado públicamente el alcance de la ofensiva estadounidense y ha señalado que hasta ahora no existen pruebas suficientes que acrediten una intervención sistemática del crimen organizado en los procesos electorales mexicanos. Al mismo tiempo, ha propuesto fortalecer los mecanismos de verificación de candidatos para impedir que personas vinculadas con grupos criminales puedan competir por cargos públicos.
Especialistas consultados por la cadena consideran que el cambio de postura de Washington abre un escenario inédito en la relación México-Estados Unidos. Si bien podría incrementar la presión sobre funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado, también existe el riesgo de deteriorar la cooperación bilateral en materia de seguridad si las acciones estadounidenses son percibidas por el gobierno mexicano como una intromisión en asuntos internos.
La publicación de CNN coloca nuevamente bajo los reflectores internacionales el debate sobre la infiltración del crimen organizado en la política mexicana y confirma que, para Estados Unidos, el combate al narcotráfico ya no se limita a perseguir a los líderes de los cárteles, sino también a quienes, desde el poder público, pudieran facilitar su operación o brindarles protección política.