Ambos países se comprometen a invertir 693 millones de dólares en obras sanitarias para remediar un río que contamina playas y afecta la salud de millones en la frontera.
Tijuana / San Diego, 25 de julio de 2025.- En un acto celebrado en la Ciudad de México, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), Lee Zeldin, y la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena Ibarra, firmaron un memorando de entendimiento con el fin de poner fin al vertido de aguas residuales sin tratar en el río Tijuana, cuyas aguas contaminadas desembocan en la costa de California. El acuerdo contempla una inversión conjunta de 693 millones de dólares, de los cuales 93 millones serán aportados por México y 600 millones por EE. UU.
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La crisis sanitaria que cruzó fronteras
Durante años, el río Tijuana ha sido receptor de miles de millones de litros de aguas residuales y productos tóxicos desde la ciudad mexicana homónima, superando la capacidad de las plantas de tratamiento. Solo en 2023, el condado de San Diego acumuló más de 500 días con alerta sanitaria por contaminación en sus aguas costeras, según reportó el San Diego Union-Tribune. Las playas de Imperial Beach han permanecido cerradas más tiempo que abiertas en los últimos cuatro años.
Las consecuencias sanitarias han sido devastadoras: surfistas, miembros de la Marina de EE. UU., agentes fronterizos y miles de residentes han sufrido enfermedades como gastroenteritis, erupciones cutáneas y problemas respiratorios provocados por la exposición constante a aguas contaminadas.
Infraestructura: inversión y cronograma
Según The New York Times en Español, México se comprometió a ejecutar 93 millones de dólares para infraestructura de saneamiento, con el compromiso de concluir todos los proyectos antes del 31 de diciembre de 2027, como parte de una solución permanente. EE. UU., por su parte, liberará aproximadamente 600 millones de dólares para su lado de la frontera.
La expansión del sistema de tratamiento de aguas residuales en South Bay, del lado estadounidense, elevará su capacidad de 25 a 35 millones de galones diarios (MGD). Mientras tanto, México duplicará la capacidad de la planta de San Antonio de los Buenos, que previamente vertía unos 23 MGD de aguas sin tratar. Se espera desviar 10 MGD de descargas limítrofes, y se adelantará algunos proyectos en hasta cuatro años respecto a lo planeado originalmente.
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Voces e impacto de la sociedad civil
El acuerdo surge tras años de presión social y litigios. Organizaciones como Wildcoast, con base en ambas ciudades fronterizas, documentaron el daño ambiental y denunciaron los efectos en la biodiversidad de la región. La ciudad de Imperial Beach y residentes locales presentaron demandas en 2022 contra la EPA por omisiones en la Ley de Agua Limpia.
El alcalde de San Diego, Todd Gloria, celebró el acuerdo en redes sociales como un “gran paso para resolver esta crisis largamente ignorada”. Por su parte, el supervisor del condado, Jim Desmond, aseguró que las playas deben estar limpias “todo el año y sin excusas”.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, destacó en su conferencia matutina que el memorando amplía la colaboración con la EPA y acelerará las obras pendientes, incluyendo la modernización del sistema de saneamiento de toda la zona conurbada de Tijuana.
Expertos ambientales, como Matthew Tejada del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, valoraron el inicio de las obras pero advirtieron que enfrentar la escorrentía derivada del cambio climático será un desafío.
¿Una solución definitiva o solo un nuevo comienzo?
El memorando representa una hoja de ruta con plazos precisos: algunas mejoras operativas arrancarán en 2026, mientras que se espera que la infraestructura principal esté lista en 2027. Están planeadas redes de monitoreo en tiempo real para garantizar transparencia y cumplimiento.
Sin embargo, defensores ambientales advierten que los retrasos pasados —particularmente por parte del gobierno mexicano— han dilatado soluciones en anteriores acuerdos vinculados a la Minuta 328 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Para construir un cambio real, exigen supervisión independiente y participación ciudadana continua.
Para las comunidades marginadas de Tijuana, como Los Laureles, y para los residentes de Imperial Beach, este pacto representa una oportunidad histórica. Como señaló Kristan Culbert, de American Rivers, “las comunidades han vivido una crisis sanitara por demasiado tiempo; este acuerdo tiene el potencial de ser una victoria compartida si se ejecuta con responsabilidad”.
El acuerdo ha sido definido como una “gran victoria medioambiental” por ambas administraciones. Pero su verdadero éxito medirá en aguas limpias para niñas, niños y familias en una región que durante décadas ha sido marginada. El río Tijuana fue símbolo de abandono. Hoy podría convertirse en emblema de cooperación binacional y justicia ambiental.
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