Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, se declaró culpable este viernes 11 de julio ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego. La audiencia se llevó a cabo a las 11:00 de la mañana (hora local) en la sala 1241 del tribunal ubicado en la ciudad de Chicago, encabezada por la jueza Sharon Johnson Coleman.
La declaración de culpabilidad forma parte de un acuerdo judicial que Guzmán López firmó desde el pasado 30 de junio, conforme a la Regla 20 del Código Federal de Procedimientos Penales de Estados Unidos. Esta figura jurídica le permitió renunciar al juicio que enfrentaba en el Distrito Sur de Nueva York para concentrar todos sus cargos en Illinois y así agilizar el proceso judicial.
Entre los cinco cargos federales reconocidos por Guzmán López están la conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en territorio estadounidense; operar una empresa criminal continua; importación de drogas; conspiración de lavado de dinero ilegal; y posesión de arma de fuego.
La noticia causó fuerte revuelo no solo por el reconocimiento de culpa del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, sino por un hecho paralelo que ya había desatado especulaciones: el cruce fronterizo por Tijuana de 17 de sus familiares más cercanos, quienes fueron recibidos por autoridades estadounidenses días antes de firmarse el acuerdo.
De acuerdo con reportes de prensa, los familiares —entre ellos su madre Griselda López Pérez, hermanos, parejas e hijos— cruzaron a Estados Unidos entre el 27 y el 29 de junio de 2025 por la garita de San Ysidro, protegidos por funcionarios del gobierno de Estados Unidos y portando alrededor de 70 mil dólares en efectivo. Este movimiento se interpretó como una condición previa al pacto judicial que hoy se confirmó públicamente.
El hecho fue reconocido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien consideró “gravísimo” que la familia de uno de los narcotraficantes más buscados pudiera ingresar a Estados Unidos sin informar al gobierno mexicano. También exigió explicaciones diplomáticas sobre los alcances del acuerdo.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró, en días previos, que si Ovidio Guzmán decidía colaborar con las autoridades norteamericanas señalando a ciudadanos mexicanos, el gobierno de Estados Unidos deberá presentar pruebas formales ante la Fiscalía General de la República. Además, llamó a mantener la coordinación bilateral sin subordinación y criticó cualquier intento de negociación con grupos considerados terroristas por el propio gobierno estadounidense.
Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, anunció que se revisará el marco legal de extradición y cooperación judicial internacional, subrayando que la soberanía mexicana no puede quedar en entredicho.
Ovidio Guzmán se encuentra detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago desde el 15 de septiembre de 2023, cuando fue extraditado desde México. Su primer arresto ocurrió en octubre de 2019, en el operativo conocido como “El Culiacanazo”, del cual fue liberado por decisión del presidente López Obrador tras una jornada de violencia. Su segunda captura fue el 5 de enero de 2023 en Culiacán, y posteriormente trasladado al penal del Altiplano.
El número de caso asignado a su proceso judicial es 1:09-cr-00383, y su número de recluso en el Buró Federal de Prisiones es 72884-748. La admisión de culpabilidad podría derivar en una sentencia severa, aunque analistas judiciales no descartan que se haya negociado una condena reducida a cambio de colaboración.
Con este giro, el caso de “El Ratón” se convierte en uno de los expedientes más relevantes en la lucha judicial contra el narcotráfico internacional. Al mismo tiempo, deja al descubierto los mecanismos de negociación entre capos y autoridades extranjeras, mientras en México crece la exigencia de transparencia y justicia para las víctimas del crimen organizado.
