En Baja California volvió a encenderse una conversación que Morena no ha logrado apagar: la supuesta pérdida de visas estadounidenses entre figuras clave del poder. En las últimas horas, el nombre de Julieta Ramírez apareció en redes como la más reciente señalada. Ella lo negó y habló de “aves de mal agüero” que operan en su contra. El problema es que el desmentido llegó solo en palabras.
Y en un estado fronterizo, la palabra ya no alcanza. Cuando el mismo señalamiento se repite dentro del mismo grupo político, la exigencia cambia. Ya no se trata de creer o no creer, sino de probar. Documento, cruce, evidencia verificable. Nada de eso se presentó.
El antecedente que marcó el quiebre ocurrió en mayo de 2025, cuando a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedale fue retirada la visa estadounidense, junto con la de su entonces esposo Carlos Torres Torres. Ese episodio no fue un rumor menor: fue un golpe directo a la imagen internacional del poder estatal.
A partir de ahí, el tema dejó de ser anecdótico. Comenzaron a circular otros nombres, entre ellos el de la entonces diputada federal por Playas de Rosarito, Araceli Brown. Otra vez, versiones insistentes, ruido constante y ningún elemento público que cerrara la conversación.
El patrón se repitió con otros cargos locales: alcaldes, funcionarios y perfiles de Morena en municipios fronterizos. Más allá de la precisión de cada caso, lo relevante es la recurrencia del señalamiento y la respuesta siempre incompleta.
El episodio que más inquieta al interior del propio movimiento es el del diputado local Jaime Cantón. No es un actor menor. Antes de llegar al Congreso del Estado fue secretario particular de la gobernadora. Es decir, formó parte del primer círculo de confianza política.
Que un ex secretario particular de Marina del Pilar aparezca en la misma narrativa que otros perfiles de alto nivel no se puede leer como coincidencia. Refuerza la percepción de que el problema no es individual, sino estructural.
Aquí es donde conviene hacer una distinción clara. En el caso de la gobernadora, el retiro de la visa ocurrió cuando ya estaba en funciones. El daño fue reputacional, no institucional. El estado siguió operando, aunque con un costo simbólico evidente.
Pero esa lógica no aplica para quienes aspiran a llegar. Una persona que busca gobernar Baja California sin visa enfrenta un problema de viabilidad real. No es un asunto ideológico ni discursivo; es operativo.
Baja California vive de la relación cotidiana con Estados Unidos. Comercio, seguridad, industria, logística, diplomacia local. Gobernar sin poder cruzar la frontera implica ausencia en mesas clave y limitaciones permanentes en la gestión.
Por eso el caso de Julieta Ramírez no es exagerado ni injusto. Si aspira a la gubernatura, la carga de la prueba es suya. Mostrar el documento o cruzar públicamente sería suficiente para cerrar el tema.
Y aquí vuelve la pregunta central: ¿qué tan difícil es probarlo? En un entorno donde otros actores sí han enfrentado el retiro de la visa, el silencio no disipa dudas, las multiplica.
En contraste, dentro del mismo tablero sucesorio hay gestos que comunican sin necesidad de comunicados. Hace unos días, el alcalde de Tijuana Ismael Burgueño fue visto en Estados Unidos, luego de que circulara —“filtrada”, según se comentó— una fotografía suya del otro lado de la frontera. No hubo anuncio oficial ni intento de capitalizar políticamente la imagen, pero el mensaje fue claro.
En un contexto donde la duda se ha convertido en protagonista, esa imagen operó como una demostración tácita de algo que hoy pesa más que cualquier desmentido: la posibilidad real de cruzar. Mientras unos niegan sin probar, otros simplemente aparecen donde dicen no poder estar.
En política, la percepción también gobierna. Y hoy la percepción es que Morena en Baja California arrastra un problema serio de credibilidad internacional, especialmente en perfiles que concentran poder o buscan concentrarlo.
Los desmentidos genéricos ya no funcionan. Sin hechos, se leen como evasión. Sin pruebas, se interpretan como confirmación indirecta.
Además, el contexto interno es implacable. La disputa rumbo a 2027 es entre grupos de Morena, no contra la oposición. Cualquier flanco débil se convierte en munición política.
Al final, todo se reduce a algo elemental: si no pasó, se demuestra. Si se elige no hacerlo, la duda se vuelve protagonista. Y en Baja California, esa duda puede definir quién sí y quién no puede gobernar.
