El proyecto de ampliación del Puerto El Sauzal en Ensenada, Baja California, ha generado una creciente controversia entre autoridades, científicos, ambientalistas, surfistas y ciudadanía en general. Aunque contempla una inversión pública superior a los 5 mil 600 millones de pesos y más de 3 mil 700 millones de capital privado, su ejecución depende de los resultados de los estudios de impacto ambiental y de la aceptación social por parte de la comunidad local.
El gobierno federal ha señalado que el megaproyecto forma parte de una estrategia nacional para modernizar la infraestructura portuaria, con la intención de reconvertir El Sauzal en un puerto de altura con capacidad para carga contenerizada y actividades pesqueras. Sin embargo, aún no se ha presentado un plan técnico detallado ni se han difundido los documentos base del proyecto.
De acuerdo con lo informado por autoridades federales, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) será la instancia encargada de desarrollar los estudios sobre las corrientes marinas y la dinámica costera. Estos análisis serán determinantes para evaluar si la construcción de la nueva infraestructura podría alterar de manera irreversible el ecosistema marino y las playas de la región.
Uno de los principales temores expresados por la comunidad es el impacto directo que tendría el megaproyecto sobre las playas de San Miguel, Tres Emes, Stacks y Frijolitos, ubicadas en la zona de Todos Santos, una de las pocas reservas mundiales de surf reconocidas en México. Se advierte que el cambio en las corrientes podría eliminar las condiciones ideales para la práctica del surf, afectando la economía local y la identidad deportiva de Ensenada.
Organizaciones ambientalistas han alertado también sobre otros posibles efectos negativos: dragado profundo de hasta 9 metros, relleno de zonas marítimas, alteración del hábitat de especies endémicas, contaminación por sedimentos y derrames, aumento de emisiones por tránsito pesado y afectaciones a la pesca ribereña.
Además del impacto ecológico, se ha señalado que la obra se desarrollaría en una zona actualmente saturada de tránsito, sin que hasta el momento se haya informado cómo se resolverá el movimiento adicional de carga y vehículos pesados. Vecinos, comerciantes y colectivos civiles han advertido que la infraestructura urbana de Ensenada no está preparada para soportar la magnitud del proyecto.
Diversos colectivos ciudadanos han exigido la cancelación del megaproyecto. Argumentan que la vocación económica principal de Ensenada es turística y pesquera, por lo que trasladar la operación portuaria a esta zona implicaría desvirtuar su desarrollo natural. La preocupación se extiende también a posibles daños al tejido social, por desplazamientos indirectos y aumento en los costos de vida.
Ante la presión social, el gobierno federal ha propuesto la creación de un parque lineal en una zona más al norte, con una inversión adicional de 20 millones de pesos, que sirva como compensación a la pérdida de espacios para surf y recreación. Este parque incluiría una nueva playa artificial con mejores condiciones para la práctica deportiva, aunque los colectivos consideran que no se puede sustituir un ecosistema natural con una infraestructura artificial.
Surferos profesionales, instructores locales, operadores turísticos, pescadores artesanales, investigadores y estudiantes se han pronunciado en defensa del litoral de Ensenada, argumentando que su conservación debe ser prioritaria frente a intereses comerciales o logísticos de gran escala.
Cabe señalar que en 2010 un proyecto similar fue cancelado tras un diagnóstico que detectó más de 17 impactos ambientales negativos. Hoy, la nueva versión del megaproyecto revive temores pasados, especialmente porque aún no se cuenta con información pública suficiente sobre su alcance.
Ensenada se posiciona como un referente nacional en turismo ecológico, gastronómico y deportivo. Las playas que estarían en riesgo son no solo zonas de recreación, sino también espacios de identidad comunitaria y motores de la economía local por su capacidad de atracción internacional.
El sector pesquero también se ha expresado en contra del proyecto, señalando que podría destruir bancos marinos de especies clave como erizo, pepino de mar, sardina y langosta. Estos daños comprometerían empleos directos y la autosuficiencia alimentaria de la región.
La presidenta de la República, en su visita reciente a Ensenada, fue abordada por ciudadanos inconformes y se comprometió a no imponer el megaproyecto sin antes someterlo a consulta pública. Esa consulta, junto con los estudios del CICESE, serán las condiciones para definir el futuro de la obra.
Se espera que, en las próximas semanas, el gobierno federal publique la propuesta técnica, las fechas del proceso de consulta y los resultados preliminares del impacto ambiental. Mientras tanto, los colectivos han mantenido activa una petición ciudadana que ya suma miles de firmas en contra del proyecto.
En Noticia Frontera seguiremos dando cobertura puntual a este tema de interés para toda la península, en especial para quienes defienden la identidad ambiental, turística y deportiva de Ensenada.