La Patrulla Espiritual se convirtió en pocos años en uno de esos fenómenos que crecen precisamente donde el gobierno no alcanza. Mientras las instituciones hablaban de políticas públicas, programas contra las adicciones y atención a personas en situación de calle, El Chiquilín hizo algo mucho más sencillo: salió a buscarlas, las llevó a rehabilitación y convirtió esa tarea en un fenómeno que terminó reventando las redes sociales.
Y hay que reconocerlo porque tampoco se trata de patear al que está en el suelo. La Patrulla Espiritual llegó a lugares donde durante años no llegaron ni los programas gubernamentales ni los discursos de los funcionarios. Hay familias que aseguran haber recuperado a sus hijos gracias a ellos y personas que encontraron una oportunidad cuando aparentemente ya nadie quería saber nada de ellas. Esa parte de la historia existe y sería mezquino borrarla solamente porque hoy la organización enfrenta su peor crisis.
Pero también existe la otra historia. Los “tazos dorados”, los levantones voluntarios o no tan voluntarios, las persecuciones grabadas para TikTok, las bromas y esa mezcla extraña entre rehabilitación, religión y espectáculo digital siempre dejaron preguntas sobre dónde terminaba la ayuda y dónde comenzaban los derechos de las personas. Durante mucho tiempo esas preguntas quedaron sepultadas debajo de millones de reproducciones y de una enorme simpatía popular.
Hasta que apareció un muerto. Richard Damián Pimentel tenía 28 años y murió dentro del Centro de Rehabilitación Jireh, y su muerte es investigada como homicidio. Existen personas vinculadas a proceso y una investigación que todavía busca establecer todas las responsabilidades, así que ya no estamos frente a una discusión de Facebook sobre si nos gusta o no la forma de trabajar de la Patrulla Espiritual.
Estamos frente a algo mucho más serio: una persona entró viva a un establecimiento dedicado supuestamente a rehabilitarla y terminó muerta dentro de él. Eso obliga a revisar qué ocurrió, quién participó, quién estaba a cargo, qué protocolos existían y si quienes tenían bajo su responsabilidad a personas vulnerables estaban realmente preparados para hacerlo. Aquí los seguidores, los likes y las buenas intenciones sirven exactamente para nada.
En medio de esa crisis apareció El Chiquilín en un video dirigido directamente a la gobernadora Marina del Pilar. Reconoció que ocurrieron hechos que tendrán consecuencias, sostuvo que quienes resulten responsables tendrán que pagar y defendió el trabajo que durante años ha realizado la Patrulla Espiritual. Pero además hizo una petición que cambia completamente el tono de su mensaje: pidió que no cierren Jireh.
Y ahí comienza la parte incómoda. Porque una cosa es pararse frente a una cámara y decir “que se investigue y que caiga quien tenga que caer”, y otra es pedirle directamente a la titular del Ejecutivo que no clausure un establecimiento mientras las autoridades están precisamente revisando las condiciones en las que opera y mientras una muerte ocurrida en su interior sigue bajo investigación.
¿Está El Chiquilín buscando impunidad? No hay elementos para afirmarlo y sería irresponsable aventar la palabra solamente porque suena fuerte. Pero sí resulta válido preguntarse si está buscando un trato excepcional, una consideración especial basada en todo lo bueno que asegura haber realizado la Patrulla Espiritual durante estos años. Y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse verdaderamente interesantes.
Porque ayudar a cien personas no te concede permiso para fallarle a la ciento uno. Haber rescatado a mil tampoco significa que una muerte pueda descontarse del saldo como si estuviéramos haciendo cuentas de resultados. Las buenas acciones merecen reconocimiento, pero jamás pueden convertirse en fichas intercambiables frente a una investigación penal ni mucho menos en una especie de fuero moral.
Y el problema no termina en El Chiquilín. De hecho, quizá ahí apenas comienza, porque el gobierno conocía perfectamente a la Patrulla Espiritual. No era una organización escondida operando en algún rincón de Tijuana sin que nadie supiera de su existencia; tenía exposición pública, relaciones institucionales, reconocimiento político y terminó participando en programas respaldados con recursos del erario.
Este mismo año el Ayuntamiento de Tijuana puso en marcha “Rescate y Vida Nueva”, desarrollado en coordinación con Jireh, con una bolsa anunciada de 7 millones 200 mil pesos para atender a 300 personas durante tres meses. Y cuando aparecen 7.2 millones de pesos públicos, la conversación deja de ser exclusivamente sobre una asociación civil y se convierte también en una conversación sobre responsabilidad gubernamental.
Porque entregar dinero es muy fácil. Lo difícil es explicar quién revisó las instalaciones antes de hacerlo, quién verificó los protocolos, quién comprobó la capacitación de quienes atendían a los internos, quién supervisó las condiciones de tratamiento y quién dio seguimiento a las personas beneficiadas. Para anunciar programas, cortar listones y posar para la fotografía normalmente sobran funcionarios; cuando llega el momento de explicar quién vigilaba, empiezan a escasear.
Además, los cuestionamientos alrededor de Jireh y de los métodos de la Patrulla Espiritual no comenzaron con la muerte de Richard. Desde antes habían existido señalamientos públicos relacionados con regulación sanitaria, protocolos y la manera en que algunas personas eran trasladadas para ser internadas. Eran focos amarillos que estaban ahí, aunque resultaba mucho más atractivo ver el fenómeno como una historia de éxito.
Entonces también habrá que preguntarle al gobierno qué revisó antes de meter dinero público. Porque si ya existían antecedentes y cuestionamientos, alguien tuvo que determinar que Jireh reunía las condiciones necesarias para recibir personas dentro de un programa respaldado por el Ayuntamiento. Y si esa revisión existió, habrá que conocerla; si no existió, el problema se vuelve todavía más grande.
Quizá ahí está el verdadero fondo de todo este asunto: el Estado encontró a alguien que le hiciera la chamba que durante años no pudo o no quiso hacer. Las adicciones, la salud mental, las personas en situación de calle y la rehabilitación son problemas complejos, caros y políticamente poco atractivos. Construir infraestructura, contratar especialistas y mantener programas profesionales cuesta mucho más que celebrar que alguien más está resolviendo el problema.
Las organizaciones civiles pueden colaborar y muchas veces hacen trabajos extraordinarios. Lo que no puede hacer el gobierno es aventarles el problema, acompañarlo con un cheque y asumir que con eso desapareció su responsabilidad. Cuando el Estado financia o canaliza personas hacia un tercero, su obligación de supervisar no disminuye; por el contrario, debería aumentar porque está poniendo ciudadanos vulnerables bajo un esquema que decidió respaldar.
Por eso tampoco funciona ahora el discurso de que cualquier revisión a Jireh equivale automáticamente a una persecución contra la Patrulla Espiritual. Hay una muerte investigada como homicidio, existen personas vinculadas a proceso y las autoridades tienen la obligación de determinar si las instalaciones cumplen con las normas correspondientes. Revisar, investigar y, en su caso, sancionar no es perseguir a nadie: es hacer la chamba que quizá debió hacerse con mayor rigor desde el principio.
Si Jireh cumple con todo, que se diga y que continúe conforme determine la autoridad. Si existen irregularidades subsanables, que se corrijan bajo supervisión. Pero si las condiciones representan un riesgo para quienes permanecen internados, entonces ninguna cantidad de seguidores, testimonios, relaciones políticas, videos virales o personas rehabilitadas puede utilizarse como argumento para mirar hacia otro lado.
Y tampoco sería justo que ahora todos los políticos que alguna vez estuvieron encantados con la Patrulla Espiritual pretendan hacerse los sorprendidos. Cuando El Chiquilín era popular, cuando los videos funcionaban y cuando el proyecto podía presumirse como ejemplo de recuperación social, acercarse era rentable. Ahora que existe un muerto y una investigación, habrá que ver quién conserva la misma disposición para explicar qué relación tuvo, qué apoyó y qué supervisó.
Porque esa es probablemente la fotografía política más interesante de este caso. Durante años muchos quisieron compartir el éxito de la Patrulla Espiritual, pero ahora que llegó la crisis parece que la responsabilidad quiere quedarse huérfana. Y así tampoco funciona el servicio público: si alguien se subió al escenario para presumir el programa cuando había aplausos, también tiene que estar disponible cuando llegan las preguntas.
El Chiquilín dice que la Patrulla Espiritual es una bendición y puede ser que para muchas familias verdaderamente lo sea. Nadie necesita negar sus resultados positivos para exigir que se investigue una muerte, porque ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. Una organización puede haber hecho muchísimo bien y aun así estar obligada a responder por aquello que pudo haberse hecho terriblemente mal.
Por eso el debate no debería reducirse a cerrar o no cerrar Jireh, ni convertirse en un concurso entre quienes aman y quienes detestan a El Chiquilín. Lo que Baja California necesita saber es qué ocurrió con Richard, qué condiciones existían dentro del centro, quién tenía responsabilidad sobre él, qué conocían las autoridades y qué mecanismos de vigilancia acompañaron los recursos públicos destinados a trabajar con esta organización.
La pregunta tampoco debe quedarse únicamente dentro de las paredes de Jireh. Después de este caso habría que revisar cuántos centros de rehabilitación operan en Baja California, quién los supervisa realmente, qué personal tienen, cómo manejan las crisis, qué protocolos utilizan y cuántos sobreviven gracias a que las familias desesperadas aceptan prácticamente cualquier alternativa ante la ausencia de una verdadera red pública suficiente de atención a las adicciones.
Porque al final quizá ese sea el escándalo más grande: que durante años normalizamos que una responsabilidad de salud pública terminara descansando en anexos, asociaciones, iglesias, familias desesperadas y personajes que terminaron haciéndose famosos en las redes. Mientras funcionó, todos felices; ahora que algo salió terriblemente mal, resulta que nadie parece querer reconocer que el problema también era suyo.
Richard entró vivo a Jireh y salió muerto. Esa realidad es suficientemente contundente para exigir una investigación completa sin necesidad de linchar anticipadamente a nadie ni fabricar culpables desde una columna. Primero que las autoridades determinen qué ocurrió, quién participó, quién omitió actuar y hasta dónde llegan las responsabilidades de cada uno.
Después habrá tiempo para contar cuántas vidas salvó la Patrulla Espiritual, cuántos “tazos dorados” regresaron con sus familias y cuántas buenas historias produjo El Chiquilín. Pero ninguna de esas historias puede utilizarse para tapar la que hoy importa esclarecer, ni tampoco para evitar que el gobierno explique qué sabía, qué supervisaba y por qué decidió respaldar con recursos públicos ese modelo.
La Patrulla Espiritual podrá haber sido una bendición para mucha gente y seguramente lo seguirá siendo para quienes encontraron ahí una segunda oportunidad. Pero una bendición no es un cheque en blanco, la popularidad no es fuero y las buenas obras no borran responsabilidades. Hasta las bendiciones tienen que rendir cuentas.