Hay imágenes que pesan más que un expediente. Ver a Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, esposado, rodeado por más de veinte agentes federales y trasladado a la Ciudad de México como si se tratara del líder de un cártel, no fue una fotografía cualquiera. Fue una imagen diseñada para convertirse en el tema político del día.
Ruffo no es un personaje menor en la historia política de México. En 1989 rompió un monopolio de seis décadas al convertirse en el primer gobernador de oposición que derrotó al PRI en las urnas. Aquel triunfo en Baja California marcó el inicio de la transición democrática que años después llevaría al PAN a la Presidencia de la República. Su nombre quedó inscrito en los libros de historia mucho antes de aparecer en una carpeta de investigación.
Eso no significa, por supuesto, que deba gozar de impunidad. Si existen pruebas de que participó en una red de contrabando de combustibles y delincuencia organizada, corresponde a la Fiscalía demostrarlas ante un juez y al propio Ruffo defenderse. El Estado tiene la obligación de investigar y sancionar cualquier delito, sin importar el apellido del acusado.
La Fiscalía sostiene que Ruffo está relacionado con la empresa Ingemar, señalada por formar parte de una estructura dedicada al llamado huachicol fiscal, un esquema de importación ilegal de combustibles que habría provocado pérdidas multimillonarias al erario. La investigación lleva más de un año y forma parte de una ofensiva federal contra esa red.
Hasta ahí, la historia judicial.
Pero la política rara vez se queda únicamente en los expedientes.
Porque la pregunta que hoy recorre Baja California no es solamente si Ernesto Ruffo es culpable o inocente. La pregunta es por qué esta detención ocurre exactamente cuando la conversación pública estaba dominada por los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, donde presuntamente se le escucha dialogando con supuestos agentes estadounidenses y mostrando disposición para colaborar con ellos fuera de los cauces institucionales. Esa coincidencia temporal es la que alimenta las sospechas, no las pruebas.
Desde el gobierno federal rechazan tajantemente esa interpretación. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso Ruffo responde exclusivamente a una investigación sólida y negó que exista cualquier intención de distraer la atención pública.
Sin embargo, en política las percepciones suelen caminar más rápido que los comunicados oficiales.
Porque mientras Ruffo era exhibido esposado ante las cámaras, otros personajes señalados públicamente por presuntos vínculos con organizaciones criminales, corrupción o graves omisiones continúan ejerciendo cargos o conservando posiciones de enorme influencia política sin enfrentar un espectáculo similar.
Ahí está el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuyo nombre ha aparecido de manera reiterada en diversas polémicas nacionales relacionadas con el crimen organizado, aunque él ha rechazado todas las acusaciones y no existe una sentencia judicial en su contra.
Ahí está también Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora y antes responsable de la seguridad federal durante el episodio del primer “Culiacanazo”, cuando el gobierno liberó a Ovidio Guzmán. Aquel operativo dejó una de las mayores crisis de autoridad del Estado mexicano y, pese a ello, su carrera política siguió intacta.
Y aparece igualmente Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, cuya administración estatal ha quedado bajo intenso escrutinio por el nombramiento de funcionarios posteriormente vinculados en investigaciones sobre el grupo criminal conocido como “La Barredora”. Él ha rechazado cualquier responsabilidad o vínculo con actividades delictivas.
Todos ellos merecen el mismo principio constitucional: presunción de inocencia.
Pero exactamente por esa misma razón también merecen el mismo rigor de la justicia.
Porque cuando el aparato del Estado parece actuar con enorme contundencia contra unos y con enorme paciencia frente a otros, inevitablemente nace la sospecha de que la ley está dejando de ser ciega para comenzar a distinguir colores partidistas.
No sería la primera vez que un gobierno intenta cambiar la conversación pública con una imagen poderosa. La historia política mexicana está llena de detenciones espectaculares que terminan ocupando portadas mientras otros asuntos desaparecen temporalmente del debate nacional.
La Fiscalía tendrá ahora la enorme responsabilidad de demostrar que este caso no pertenece a esa vieja tradición. Si las pruebas son contundentes, que Ruffo responda ante los tribunales. Si no lo son, el costo institucional será enorme.
Porque al final, más allá del destino judicial de Ernesto Ruffo Appel, el verdadero juicio lo está observando la ciudadanía.
Y ese juicio no pregunta únicamente quién terminó esposado.
Pregunta también quiénes siguen caminando libremente.