En Baja California se está perdiendo algo más grave que un fideicomiso o un programa: se está perdiendo la brújula de la conducción económica. La desaparición del Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) es solo el síntoma más visible de una gestión errática, marcada por la falta de diálogo, liderazgo y visión estratégica en la Secretaría de Desarrollo Económico, encabezada por Kurt Honold Morales.
Bajo otras circunstancias, la noticia de eliminar un instrumento como el FIDEM habría generado un auténtico temblor en el sector empresarial. Sin embargo, lo que prevaleció fue el desconcierto, el silencio inicial de los organismos, la respuesta tibia y tardía de cámaras como la CANACO y el CCE, y la absoluta incapacidad de la Secretaría para anticipar el golpe reputacional y económico que implicaría esta medida. No es casualidad: es la consecuencia de años de ausencia política y de la falta de una política pública construida con visión de Estado y sentido de oportunidad.
Kurt Honold llegó al cargo prometiendo cercanía con el sector productivo y una nueva etapa de colaboración. Pero hoy, ni los empresarios ni los trabajadores sienten que tienen un interlocutor real. El episodio FIDEM ha dejado claro que la Secretaría se ha convertido en una oficina reactiva, incapaz de construir consensos o siquiera de articular una defensa de los mecanismos que, durante un cuarto de siglo, dieron sentido a la cooperación público-privada en Baja California.
El costo de esta ausencia no es menor. Mientras estados como Jalisco, Nuevo León y Querétaro apuestan por fortalecer la inversión, retener talento y posicionarse como polos de desarrollo, Baja California desmantela sus propias herramientas y envía señales de incertidumbre. El propio sector empresarial, representado en Coparmex Mexicali y otras organizaciones, ha dejado claro que la eliminación del FIDEM se realizó sin diálogo ni consulta, y que se ha optado por decisiones unilaterales en lugar de construir soluciones conjuntas.
Sin embargo, lo más grave no es solo el retroceso en instrumentos para la inversión, sino las cifras concretas que acompañan este deterioro. En el último año, Baja California ha registrado una de las tasas más altas de cierre de empresas a nivel nacional. Según datos del IMSS y organismos empresariales, en el primer trimestre de 2025 se perdieron más de 8,200 empleos formales en el estado, un golpe directo al bienestar de miles de familias. Además, entre 2023 y lo que va de 2025, más de 3,500 empresas han bajado la cortina, principalmente pequeñas y medianas empresas, que son el verdadero motor económico de la región. El sector industrial, que históricamente ha sostenido el empleo formal, también ha reportado desaceleración en nuevas inversiones y crecimiento muy por debajo de lo esperado.
Este contexto revela una realidad inocultable: la falta de una política de desarrollo económico orientada a resultados está pasando factura. El desmantelamiento del FIDEM es apenas la última señal de alarma en una cadena de errores y omisiones. En la Secretaría de Desarrollo Económico, el liderazgo es el gran ausente. La gestión de Honold Morales se ha caracterizado por la pasividad y la falta de peso político en la toma de decisiones estratégicas. No solo no defendió el FIDEM: tampoco levantó la voz para exigir coherencia en el cobro del Impuesto Sobre Nómina, ni para demandar que los recursos públicos se transparenten y prioricen a partir de la realidad de quienes generan empleo en la entidad.
A pesar de este balance negativo, resulta francamente inexplicable que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda insista en mantener en el cargo a un secretario que ha dado sobradas muestras de incapacidad, desconexión y falta de resultados. La permanencia de Kurt Honold Morales al frente de Desarrollo Económico se ha convertido en un misterio político que solo abona a la percepción de que, en Baja California, la gestión y el mérito han pasado a segundo plano frente a intereses ajenos a la eficiencia gubernamental. Cada semana que se pospone una decisión de fondo, la gobernadora asume también el costo de la parálisis, el desgaste y el desencanto de un sector empresarial que exige respuestas y liderazgo.
La falta de reacción ante el cierre de empresas y la pérdida de empleos ha generado una ola de desconfianza entre inversionistas, empresarios y trabajadores. El ecosistema emprendedor, que durante años hizo de Baja California un referente nacional, hoy se siente abandonado y vulnerable frente a un gobierno que no solo no protege sus intereses, sino que parece no entender la magnitud de la crisis.
Lo que está en juego no es solo un fideicomiso o una partida presupuestal. Lo que se pone en riesgo es la capacidad de Baja California para competir, atraer inversiones y sostener su liderazgo como motor económico de la región. Cuando la Secretaría de Desarrollo Económico se reduce a ser una oficina de trámites, el Estado entero pierde capacidad de gestión y margen de maniobra frente a los desafíos globales.
Hoy, los empresarios han dicho lo que la Secretaría debió articular: que no puede haber decisiones de este calado sin consultar a quienes mueven la economía. Que la política pública se construye con diálogo, datos y visión de largo plazo, no con imposiciones ni discursos de austeridad selectiva. Y que la ausencia de liderazgo tiene un costo que se pagará no solo en el corto plazo, sino en el futuro de Baja California.
La gestión de Kurt Honold Morales tiene nombre y cargo, pero lo que más pesa es su silencio ante la crisis de empleo y empresas, y la falta de conducción en una de las áreas más estratégicas del gobierno estatal. Mientras eso no cambie, el estado seguirá perdiendo mucho más que un fideicomiso: perderá la confianza, las oportunidades y la capacidad de ser el referente nacional que alguna vez fue. Y la gobernadora tendrá que responder, tarde o temprano, por haber sostenido a un funcionario que ya agotó, hace tiempo, su margen de credibilidad.
