Durante una entrevista transmitida por Radio Fórmula, Israel Vallarta cuestionó al periodista Ciro Gómez Leyva por la cobertura de su caso y advirtió que emprenderá acciones legales tras haber sido absuelto después de permanecer casi dos décadas en prisión sin sentencia. El intercambio terminó entre acusaciones, reclamos y el anuncio de una demanda por daño moral.
Ciudad de México, 29 de junio de 2026.- La primera entrevista de Israel Vallarta tras obtener su libertad en agosto de 2025, derivó en una confrontación pública con el periodista Ciro Gómez Leyva, a quien anunció que demandará por daño moral. El encuentro, transmitido en vivo este lunes por Radio Fórmula, comenzó como un ejercicio de derecho de réplica y concluyó con un intercambio de acusaciones, la intervención de la esposa de Vallarta y la salida del exacusado del estudio.
La entrevista ocurrió pocos días después del 19 de junio, fecha en que un juez federal absolviera por unanimidad a Vallarta de los delitos que se le imputaban dentro del caso de la supuesta banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco, poniendo fin a un proceso judicial que se prolongó durante casi veinte años sin una sentencia condenatoria.
Un derecho de réplica que terminó en confrontación
Desde el inicio de la conversación, Vallarta cuestionó la cobertura que diversos medios realizaron de su caso desde su detención en diciembre de 2005. Dirigiéndose directamente a Gómez Leyva, sostuvo que durante años fue presentado públicamente como responsable de delitos que, afirmó, nunca cometió.
De acuerdo con la transmisión de Radio Fórmula, Vallarta preguntó al periodista con base en qué pruebas continuaba refiriéndose a él como secuestrador después de la resolución judicial que ordenó su absolución.
Gómez Leyva respondió que sus opiniones periodísticas se construyeron a partir de la información disponible durante la investigación y de los testimonios de víctimas del caso. El conductor también señaló que siempre ha diferenciado entre el trabajo periodístico y las resoluciones emitidas por los tribunales.
El intercambio elevó rápidamente el tono cuando Vallarta insistió en que la decisión judicial modificaba el escenario jurídico y cuestionó que algunos comunicadores mantuvieran una narrativa distinta a la establecida por los jueces.
“Nos veremos en los tribunales”
La tensión alcanzó su punto más alto cuando Israel Vallarta anunció que emprendería acciones legales contra el periodista.
Según Proceso, el exacusado informó que presentará una demanda por daño moral al considerar que la cobertura realizada durante años afectó su imagen pública y vulneró sus derechos.
Durante la entrevista, Vallarta afirmó que el siguiente encuentro entre ambos ocurrirá “ante un tribunal”, expresión que marcó el cierre del diálogo y anticipó el inicio de un nuevo conflicto, ahora por la vía civil.
La posibilidad de una demanda también fue retomada por La Silla Rota, que destacó que el anuncio se produjo después de que el periodista reiterara que mantiene su convicción sobre los hechos investigados, pese a la resolución absolutoria emitida por el Poder Judicial.
Intervención de la esposa de Vallarta
La confrontación se intensificó con la participación de Mary Sáinz, esposa de Israel Vallarta, quien también cuestionó el tratamiento mediático que recibió el caso durante casi dos décadas.
De acuerdo con Infobae, Sáinz sostuvo que diversos espacios informativos contribuyeron a construir una imagen pública de culpabilidad antes de que existiera una sentencia firme y respaldó la intención de iniciar acciones legales.
La discusión dejó de centrarse únicamente en el proceso penal para trasladarse al papel que desempeñaron los medios de comunicación en uno de los casos judiciales más mediáticos de las últimas décadas.
Poco después, Vallarta abandonó el estudio, dando por terminada la entrevista antes de que concluyera el tiempo previsto para la transmisión.
Un caso que marcó casi veinte años
Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, en un operativo que posteriormente fue cuestionado al revelarse que parte de la detención había sido recreada para la televisión.
Ese montaje, transmitido por cadenas nacionales, se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de la justicia mexicana y dio origen a un amplio debate sobre las prácticas de las autoridades y el papel de los medios de comunicación en la difusión de información relacionada con procesos penales.
Mientras Florence Cassez obtuvo su libertad en 2013 tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Israel Vallarta permaneció en prisión preventiva durante casi veinte años hasta que un juez determinó su absolución al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar su responsabilidad penal.
La resolución judicial reabrió el debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia mexicano y sobre las consecuencias personales y sociales que enfrentan quienes permanecen largos periodos privados de la libertad sin recibir una sentencia definitiva.
Libertad de expresión y derecho al honor
La confrontación entre Vallarta y Gómez Leyva también volvió a colocar sobre la mesa la discusión sobre los límites entre la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho al honor de las personas involucradas en procesos judiciales.
De acuerdo con SDP Noticias, el anuncio de la demanda surge porque Vallarta considera que, tras su absolución, mantener afirmaciones sobre su presunta responsabilidad constituye una afectación a su reputación.
Por su parte, Gómez Leyva defendió durante la entrevista que el ejercicio periodístico incluye la posibilidad de sostener opiniones sustentadas en la información disponible y en los testimonios recabados durante la cobertura de un caso de interés público.
La eventual demanda por daño moral trasladará ahora esa discusión al ámbito judicial. El proceso podría abrir un nuevo capítulo en un caso que durante casi dos décadas ha involucrado investigaciones penales, decisiones de los tribunales, cobertura mediática y un debate permanente sobre la relación entre justicia, comunicación y derechos fundamentales.
