En un intento por recuperar presencia en la conversación pública, la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, reapareció recientemente con un extenso mensaje difundido en sus redes sociales. “Antes que política, soy madre”, escribió, apelando a la introspección ciudadana ante la crisis de violencia que sacude al país, especialmente en estados como Jalisco.
Su mensaje, cargado de tintes morales y reflexivos, buscaba conectar con la ciudadanía desde lo emocional. Sin embargo, el eco no fue el que esperaba. Muy pronto, ese discurso fue recibido con escepticismo, cuando no con molestia. Y es que el contraste entre la narrativa ética y la realidad de su gestión resulta insostenible.
El mensaje de tono espiritual se diluye frente a los cuestionamientos que aún pesan sobre su administración: irregularidades en el uso del presupuesto público, corrupción institucionalizada, vínculos oscuros con intereses privados y señalamientos que apuntan incluso a posibles nexos con el crimen organizado.
Durante su periodo como alcaldesa, diversas áreas del Ayuntamiento de Tijuana se convirtieron en epicentro de escándalos por prácticas discrecionales. La opacidad fue una constante y el uso del poder para beneficiar a círculos específicos dejó huellas que hoy son investigadas por las autoridades estatales. La Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que varios de los más cercanos colaboradores de Caballero están bajo investigación formal. Entre ellos se encuentra Marcelo Machain, exoficial mayor, quien ha sido identificado como pieza clave en el entramado de contratos irregulares.
A su lado, Miguel Ángel Bujanda, exsecretario de gobierno, figura de peso en la estructura política de la administración, enfrenta señalamientos por abuso de poder y tráfico de influencias. Ambos habrían operado una red de adjudicaciones directas por montos millonarios, burlando los procesos de licitación pública y asignando contratos a empresas sin historial técnico ni experiencia demostrable, muchas de ellas relacionadas con el mismo grupo empresarial.
La sombra de la corrupción que cubrió el trienio de Monserrat Caballero.
Durante el periodo de Monserrat diversos medios locales y nacionales dieron cuenta como varias empresas habrían recibido adjudicaciones sin competencia, en rubros tan diversos como consultorías, servicios logísticos y mantenimiento urbano, muchos de los cuales carecen de evidencia documental sobre su ejecución. La fragmentación presupuestaria fue una de las estrategias utilizadas para sortear los controles administrativos, asignando montos pequeños a diversos contratos para evitar licitaciones mayores.
Varios empresarios tijuanenses se vieron beneficiados y hoy algunos fungen como funcionarios en diferentes puestos de gobierno . Pero ese material es información para otra nota
Aunado a los cuestionamientos por corrupción administrativa, el gobierno de Caballero también ha sido señalada por supuestos vínculos con estructuras del crimen organizado. En noviembre de 2023, el semanario ZETA publicó una investigación en la que se detallan indicios preocupantes de relaciones entre funcionarios municipales y operadores de grupos criminales.
Según el reportaje, se habrían otorgado zonas de impunidad en ciertas delegaciones municipales, donde se permitió operar a células del Cártel de Sinaloa y remanentes del Cártel Arellano Félix, a cambio de sobornos y favores políticos. Los nombramientos estratégicos en áreas sensibles como seguridad pública y permisos comerciales, lejos de obedecer a criterios técnicos, habrían sido definidos por intereses externos ligados al crimen organizado. Además, se documentaron omisiones deliberadas en las acciones de inteligencia municipal, que permitieron a estas estructuras criminales actuar sin intervención estatal, consolidando una red de complicidad institucional.
Aunque hasta el momento Montserrat Caballero no ha sido incluida directamente en las carpetas de investigación por estos hechos, su silencio ante los señalamientos resulta ensordecedor. La sombra de la narcopolítica ha empañado el balance de su gobierno, y la ciudadanía aún espera respuestas claras, más allá de mensajes emocionales en redes sociales.
La entonces diputada bebiendo cerveza en plena sesión del Congreso
Antes de ser electa alcaldesa, como diputada local, Monserrat dejó ver su verdadero rostro en el episodio ocurrido en mayo de 2020, cuando fue captada bebiendo cerveza durante una sesión virtual del Congreso del Estado, reveló no solo un descuido circunstancial, sino una actitud que muchos interpretaron como un síntoma de banalización del servicio público.
La imagen de la entonces diputada local sosteniendo una botella durante una sesión formal no solo se viralizó, sino que marcó un antecedente preocupante sobre su comprensión del rol institucional que le correspondía. Aunque intentó minimizar el hecho, alegando que se trataba de un momento casual dentro del encierro pandémico, la escena tuvo un eco negativo que fue más allá del escándalo mediático: dejó entrever una personalidad política poco comprometida con la solemnidad del cargo.
Para diversos sectores, aquel gesto no fue una simple anécdota, sino una muestra de la ligereza con la que Caballero abordó responsabilidades de alta investidura. En una época donde se exige a los representantes públicos profesionalismo, integridad y ejemplaridad, su comportamiento fue visto como una falta de respeto tanto al recinto legislativo como a la ciudadanía. La política que más tarde intentaría revestirse con discursos de moral y conciencia social, ya había mostrado, desde el Congreso, una postura que contrastaba con la responsabilidad institucional que exige el ejercicio del poder.
Rosalva “La Puma”: del Cereso al cuerpo de seguridad de la Alcaldesa
La narrativa de opacidad y protección a perfiles cuestionables en el entorno más cercano de Montserrat Caballero alcanzó uno de sus puntos más delicados con la incorporación de Rosalva González Molina, conocida como “La Puma”, al cuerpo de seguridad personal de la exalcaldesa. No se trata solo de una escolta con reputación autoritaria: según revelaciones recientes, su presencia en el equipo de resguardo municipal podría haber tenido implicaciones mucho más graves.
Fue el ahora secretario de Seguridad de Mexicali, Julián Leyzaola Pérez, quien durante un foro de seguridad realizado en Tijuana reveló públicamente que González Molina había sido consignada años atrás por sus presuntos vínculos con el Cártel de los Arellano Félix, y que incluso estuvo internada en el Cereso de Tijuana. Para Leyzaola, el origen del autoexilio de Caballero en el Campo Militar 2-F no fue otro que el atentado contra “La Puma”, cuya cercanía con estructuras del crimen organizado —según su testimonio— era ampliamente conocida en los círculos de seguridad pública.
Los señalamientos no pararon ahí. En aquellos mismos días, comenzaron a aparecer narcomantas presuntamente firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en diversos puntos de la ciudad, advirtiendo directamente a Montserrat Caballero sobre la presencia de González Molina en su equipo. Los mensajes aludían a su supuesta participación en desapariciones forzadas y otras actividades delictivas, mencionando incluso a otro personaje identificado como “Fernando” en referencia al entonces secretario de seguridad local Fernando Sánchez y acusándolos de operar bajo el mando de estructuras criminales.
Tras ese fallido atentado contra su escolta, Montserrat Caballero tomó una decisión que causó aún más controversia: se mudó a una casa dentro del cuartel del Ejército Mexicano en Tijuana, específicamente en el Campo Militar 2-F, donde vivió durante varios meses bajo resguardo militar. La medida fue fuertemente criticada por diversos sectores sociales y políticos, que cuestionaron el mensaje que transmitía una autoridad civil al refugiarse en instalaciones castrenses, mientras millones de tijuanenses continuaban enfrentando la violencia cotidiana sin protección.
Este escándalo sacudió los cimientos del discurso oficial. El hecho de que una funcionaria señalada por sus presuntos nexos con el crimen fuera integrada de forma tan directa al círculo de resguardo personal de la Alcaldesa no solo expuso una alarmante falta de filtros en los procesos de seguridad institucional, sino que abrió interrogantes sobre hasta dónde llegaban los pactos y silencios en el interior del Ayuntamiento.
Mientras tanto, la respuesta institucional fue el silencio. Caballero no desmintió ni desautorizó la información, y su discurso siguió enfocado en apelaciones emocionales al tejido social, sin abordar el impacto que esta revelación tenía sobre la percepción ciudadana y sobre la legitimidad de su administración.
Desde el arranque de su administración, Montserrat Caballero construyó una narrativa de cercanía con la ciudadanía, posicionándose como una figura disruptiva frente al aparato político tradicional. Sin embargo, a medida que avanzó su gestión, esa narrativa se vio opacada por la falta de resultados concretos, la incapacidad institucional para atender problemáticas urgentes como la inseguridad, el desorden urbano y la corrupción estructural en el gobierno municipal.
Las promesas de transformación y justicia social se diluyeron en decisiones improvisadas, conflictos internos con su propio gabinete y una estrategia de comunicación que apelaba más a lo emocional que a la rendición de cuentas.
En el plano político, su administración también fue escenario de constantes tensiones con actores estatales y federales, incluidos miembros del mismo partido Morena. Diversas fuentes han señalado que el aislamiento de Caballero con respecto a otras estructuras de poder fue deliberado, producto de una gestión personalista que concentró decisiones clave en un círculo estrecho de confianza, lo que generó fricciones internas y una fragmentación del proyecto político en Tijuana. Esta ruptura incluso habría derivado en el retiro de apoyos clave en los últimos meses de su mandato, cuando el desgaste era ya evidente.
A nivel institucional, la parálisis administrativa y el uso discrecional de recursos generaron serios vacíos en áreas operativas fundamentales. Dependencias como Obras Públicas, Desarrollo Urbano y la propia Tesorería Municipal acumularon observaciones por parte de los órganos de fiscalización, sin que se ofrecieran respuestas claras desde la presidencia municipal. La falta de planeación, el subejercicio presupuestal en rubros prioritarios y el desvío de recursos a contratos de dudosa utilidad impactaron directamente en la calidad de vida de los tijuanenses, mientras el discurso oficial insistía en colocar la culpa en “la sociedad” o en “la falta de valores en las familias”.
El mensaje que recientemente difundió en redes sociales, en el que llama a la autocrítica ciudadana, ha sido interpretado por muchos sectores como un intento de desviar la atención del saldo real de su gestión. La apelación a que “todos somos responsables” diluye el principio de responsabilidad institucional y confunde la dimensión moral con la obligación jurídica y política de rendir cuentas. Para sus críticos, se trata de una narrativa evasiva, que pretende moralizar al ciudadano mientras se omite el daño causado por decisiones administrativas mal encaminadas y una estructura de poder que favoreció a intereses particulares por encima del bien común.
Más allá de los señalamientos legales y de las investigaciones en curso, el gobierno de Caballero deja una huella profunda en el tejido político de Tijuana, al evidenciar cómo un proyecto que se autodefinía como progresista terminó replicando prácticas del viejo régimen: clientelismo, simulación, uso faccioso del aparato público y vínculos oscuros con actores criminales.
El caso de su escolta “La Puma”, los contratos asignados a empresarios aliados y el refugio en instalaciones militares son solo los símbolos más visibles de una administración que perdió el rumbo, y cuya narrativa no logró sostenerse frente a la realidad.
Hoy, el desafío para Tijuana no es solo superar las secuelas de ese gobierno, sino reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones locales. La transparencia, el profesionalismo en la administración pública y la desvinculación del poder con estructuras paralelas o criminales deben ser ejes fundamentales del relevo gubernamental. De lo contrario, la ciudad seguirá atrapada entre discursos que prometen cambio y realidades que lo contradicen brutalmente.
