La trama de Marina del Pilar y Carlos Torres
En política, hay veces que el golpe más fuerte no es el que se ve venir, sino el que se comunica mal. Desde que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo Carlos Torres Torres anunciaron en sus propias redes sociales que les habían retirado las visas estadounidenses, una estela de sospechas, versiones y rumores ha cubierto al gobierno estatal con una bruma que no termina de disiparse.
El mensaje no venía acompañado de explicaciones detalladas, solo un tono de agravio. No hubo aclaración del motivo exacto, solo la indignación de quienes se sienten víctimas de una injusticia diplomática. Y fue precisamente ese vacío el que encendió la narrativa del escándalo.
A partir de ahí, la conversación pública se desbordó. Que si había vínculos con el narcotráfico, que si se trataba de presunto lavado de dinero, que si vivían de forma ilegal en Estados Unidos, que si poseían una residencia de lujo en San Diego valuada en 4.4 millones de dólares, que si el hermano de Carlos, Luis Torres, mantenía conexiones con redes del crimen organizado. Un alud de versiones que, hasta la fecha, no han sido desmentidas con contundencia.
La gobernadora salió días después a dar una postura. Negó que existieran cuentas bancarias en el extranjero, rechazó los señalamientos de corrupción y denunció una campaña en su contra. Sin embargo, no explicó las verdaderas razones del retiro de las visas, lo que terminó por reforzar la sensación de opacidad en lugar de disiparla.
La narrativa creció, y con ella, el malestar social. El pasado 17 de mayo, justo una semana después del anuncio de las visas, tuvo lugar una inusual protesta en forma de carnita asada frente a la Plaza de los Tres Poderes en Mexicali, sede del gobierno estatal. El evento fue simbólico, irreverente, y a la vez masivo: más de 6,000 personas exigieron la renuncia de la gobernadora.
A esta movilización siguieron más. Para este sábado 24 de mayo, se han convocado protestas similares en distintos municipios, incluyendo Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate, ahora no sólo contra la gobernadora, sino también contra los respectivos alcaldes.
En respuesta, el gobierno del estado ha organizado una “verdura popular” este mismo sábado en la zona este de Tijuana, con la ambiciosa intención de congregar a 15,000 personas. El evento busca mostrar músculo político y territorial, frenar la narrativa negativa y recuperar el control del escenario público. Pero el mensaje parece más reactivo que estratégico.
Mientras tanto, Carlos Torres se ha replegado. Ha dejado de figurar en redes, en eventos, en discursos. Su silencio contrasta con el protagonismo que mantuvo durante meses como operador político, esposo de la gobernadora y figura en ascenso. Hoy está fuera del radar.
En paralelo, las lealtades políticas comienzan a tambalearse. Algunos actores locales ya buscan distancia. Otros preparan transiciones discretas. La gobernadora, aunque activa en su agenda pública, ha perdido el control de la narrativa y navega en aguas inciertas, con una popularidad cada vez más cuestionada.
La situación alcanzó un nuevo nivel de simbolismo esta semana. En la fotografía oficial de la reciente reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con los gobernadores del país, Marina del Pilar aparece relegada a uno de los extremos, justo al lado de Rubén Rocha Moya, mandatario de Sinaloa, también señalado por supuestos vínculos con corrupción. Aunque la presidenta finalmente expresó su respaldo, lo hizo tarde y sin el énfasis que ha usado en otras ocasiones para cerrar filas con los suyos.
El problema no es que haya un escándalo confirmado. El problema es que no hay certezas. En este contexto, la percepción puede ser más letal que la verdad misma. Y lo que no se explica, en política, se vuelve sentencia.
Mientras los rumores siguen, los aliados se repliegan y las protestas crecen, el único que verdaderamente sabe qué está pasando… no ha dicho una sola palabra.
Porque en este momento, lo único claro, es que no hay nada claro.