El fallo del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) que declaró “intrascendente e improcedente” el plebiscito sobre la concesión del Corredor 2000 no es una victoria aplastante para la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Es, más bien, un respiro político indispensable en medio de su momento más frágil, marcado por el retiro de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, junto a la de su esposo.
El 8 de agosto, el Consejo General del IEEBC cerró el camino a la consulta ciudadana que buscaba someter a votación un esquema vial con peajes estimados de 55 a 75 pesos por vehículo. Con esta resolución, el Ejecutivo estatal blindó un proyecto que, de llegar a las urnas, corría el riesgo de convertirse en un referéndum contra la gobernadora.
Para una administración que navega en aguas agitadas, evitar esa consulta fue quitarse de encima una posible derrota pública. Pero la factura política llegó rápido y desde un lugar incómodo: el interior de Morena.
La diputada federal y exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, denunció lo que llamó un abuso de autoridad, defendiendo que la ciudadanía tiene derecho a decidir sobre una obra que impacta su economía y movilidad diaria. Fue un mensaje directo que, viniendo de una morenista, pesa más que cualquier crítica opositora.
En el mismo tono, la diputada federal Evangelina Moreno Guerra llevó el tema a San Lázaro, presentando un Punto de Acuerdo para exhortar a que el proyecto se someta a consulta popular. Respaldó su exigencia en el artículo 5, apartado C, de la Constitución local, que contempla mecanismos de participación ciudadana para este tipo de obras.
Ambas legisladoras no solo cuestionaron el fondo de la decisión, sino que rompieron el mito de una bancada cerrada en torno a la mandataria. En política, cuando la disidencia se da en casa, la grieta es más profunda.
El argumento oficial del IEEBC se amparó en criterios de “trascendencia” y “competencia” estatal. Sin embargo, para buena parte de la opinión pública, la resolución huele a cálculo político: evitar el riesgo de perder en las urnas y, con ello, perder control sobre la narrativa.
En paralelo, la etiqueta de “privatización encubierta” comenzó a circular en redes y medios, instalándose como un marco de interpretación que será difícil de borrar, incluso con el proyecto en marcha.
La decisión también dejó mal parado al órgano electoral. La Comisión de Participación Ciudadana había validado previamente que la solicitud cumplía con los requisitos legales. El viraje del Consejo General alimentó la percepción de que hubo presión política desde el Ejecutivo estatal.
Para Marina del Pilar, este respiro significa tiempo ganado. Tiempo para recomponer alianzas, ajustar la estrategia y contener la narrativa negativa que se ha intensificado desde el episodio de la visa. Pero un respiro no es sinónimo de recuperación.
El antecedente del Corredor 2000 quedará como una herida abierta. Cada vez que el gobierno estatal evite una consulta popular, este caso volverá a la memoria colectiva como ejemplo de cerrazón institucional.
La gobernadora ha ganado oxígeno en el corto plazo, pero también dejó a la vista que su bloque político puede fracturarse. Esa combinación —aire para sobrevivir hoy y grietas que pueden ensancharse mañana— es una alerta roja para cualquier estratega.
En política, no basta con evitar una derrota; hay que cuidar que el costo de la victoria momentánea no se convierta en una derrota estratégica a largo plazo. El Corredor 2000 le dio a Marina del Pilar la pausa que necesitaba. La pregunta es si la usará para recomponerse… o si será solo la calma antes de la próxima tormenta.