La organización estima que hasta 25 mil operadores mexicanos han perdido sus visas en distintos puntos de la frontera, aunque no existe una cifra oficial; en Tijuana calcula unos 4 mil casos y advierte efectos sobre la cadena logística.
Tijuana, Baja California, 03 de septiembre de 2026. — La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) pidió a autoridades de México y Estados Unidos establecer criterios claros y homogéneos para la aplicación de las reglas de cabotaje, luego del retiro de visas a operadores mexicanos que cruzan mercancías hacia territorio estadounidense.
Según información de El Sol de Tijuana, el organismo estima que hasta 25 mil visas de transportistas mexicanos podrían haber sido revocadas en distintos puntos de la frontera y calcula que alrededor de 4 mil corresponden a operadores vinculados con Tijuana. Alfonso Millán, delegado de CANACAR en Tijuana, Tecate y Rosarito, señaló en entrevista con el medio, que ninguna autoridad ha proporcionado un registro que permita dimensionar con precisión el número de casos.
La controversia se concentra en el cabotaje, una práctica que impide a los transportistas mexicanos realizar servicios de carga entre dos puntos dentro de Estados Unidos. De acuerdo con la información difundida por CANACAR, algunos operadores han sido señalados por autoridades estadounidenses por presuntamente incurrir en este tipo de operaciones.
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El cabotaje, en el centro de la disputa
El problema no se limita, según los transportistas, a la existencia de una prohibición, sino a la interpretación que se está haciendo de determinadas operaciones en los cruces fronterizos.
Millán explicó también a ZETA, que algunos operadores han reportado casos en los que determinadas maniobras son interpretadas por agentes estadounidenses como cabotaje. Entre los ejemplos mencionados se encuentran el traslado de cajas vacías y situaciones en las que un conductor regresa temporalmente a su domicilio en México después de dejar una unidad cargada en Estados Unidos para continuar posteriormente con el proceso correspondiente.
CANACAR no plantea eliminar las restricciones al cabotaje. La organización sostiene que los transportistas deben cumplir la normativa estadounidense, pero considera necesario que las reglas sean aplicadas de manera consistente y que los operadores conozcan con claridad las conductas que pueden derivar en la pérdida de su visa.
El retiro del documento tiene una consecuencia directa para los conductores: quienes ya no cuentan con autorización para ingresar a Estados Unidos quedan imposibilitados para realizar las rutas internacionales que forman parte de su actividad laboral.
CANACAR pide revisar las revocaciones
La cámara transportista busca abrir un canal de diálogo con las autoridades estadounidenses para revisar los procedimientos utilizados en los casos de revocación.
Según Millán, CANACAR ha mantenido acercamientos durante los últimos meses con autoridades mexicanas y estadounidenses y ha advertido sobre el riesgo de que el problema escale. La organización también ha enviado planteamientos a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado, de acuerdo con declaraciones recogidas por AFN.
Entre las peticiones del sector se encuentran homologar los criterios utilizados para determinar un caso de cabotaje, transparentar las razones de las revocaciones y permitir que los operadores conozcan los argumentos utilizados en su contra para ejercer, cuando corresponda, su defensa legal.
Millán también informó que tuvo un primer acercamiento con Lance Hegerle, nuevo cónsul de Estados Unidos en Tijuana, a quien expuso la situación del sector.
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Una protesta que llegó a la aduana de Mexicali
La inconformidad de los operadores ya se manifestó públicamente en Baja California. Este jueves, transportistas realizaron una protesta y bloquearon accesos de la Garita Nueva de Mexicali para exigir una respuesta ante el retiro de sus visas. AFN reportó también movilizaciones y afectaciones en puntos de cruce de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.
CANACAR ha llamado a evitar que la protesta se extienda a Tijuana. El gremio considera que un bloqueo en los principales cruces de carga podría añadir presión a una cadena logística que depende del tránsito constante de mercancías entre ambos países.
La petición del organismo es que el conflicto sea atendido mediante una negociación entre autoridades de ambos países antes de que las movilizaciones afecten de manera más amplia las operaciones fronterizas.
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Tijuana, un punto estratégico para el transporte de carga
La discusión adquiere especial relevancia para Tijuana por el volumen de mercancías que atraviesa diariamente la frontera con California.
Información citada por T21 a partir de datos del Buró de Estadísticas del Transporte de Estados Unidos (BTS) señala que Tijuana concentra alrededor de 13% de los cruces comerciales entre México y Estados Unidos, mientras Mexicali representa cerca de 5%. El mismo medio reportó que, de acuerdo con información proporcionada a esa publicación, más de 25 mil visas habrían sido retiradas entre abril de 2025 y abril de 2026, aunque se trata de una cifra atribuida a fuentes del sector y no de un registro oficial estadounidense.
Las distintas publicaciones que han abordado el problema presentan diferencias sobre el periodo al que corresponde la estimación de 25 mil visas. Por ello, el dato no permite establecer por sí mismo un balance oficial de las cancelaciones ni determinar cuántos casos siguen vigentes.
Lo que sí coincide entre las fuentes consultadas es que CANACAR identifica un número importante de operadores afectados y atribuye parte de las revocaciones a señalamientos relacionados con el cabotaje. La cámara insiste en que se requiere mayor claridad sobre los criterios empleados por los agentes estadounidenses.
El impacto puede alcanzar a la cadena de suministro
Para CANACAR, la pérdida de visas no representa únicamente un problema laboral para los conductores. Millán advirtió que la afectación puede extenderse a la cadena industrial y logística que depende del transporte transfronterizo.
La reducción de operadores disponibles puede generar ajustes en rutas, tiempos de traslado y capacidad de movimiento de mercancías. El efecto resulta particularmente relevante para una región como Baja California, donde buena parte de la actividad industrial está vinculada con cadenas productivas binacionales.
Algunas publicaciones del sector han señalado también una reducción en las operaciones de carga de Tijuana. Sin embargo, este dato debe interpretarse con cautela: la disminución no puede atribuirse exclusivamente al retiro de visas, ya que el transporte fronterizo también enfrenta otros factores económicos y comerciales.
El problema, por tanto, tiene dos dimensiones distintas. Una es el cumplimiento de las reglas estadounidenses sobre cabotaje; la otra, la manera en que esas reglas están siendo interpretadas y aplicadas a los operadores mexicanos.
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La disputa por las reglas
CANACAR sostiene que el cumplimiento de la normativa estadounidense debe mantenerse, pero reclama que los transportistas reciban información precisa sobre las conductas que pueden provocar una sanción migratoria y que las decisiones puedan ser revisadas mediante procedimientos transparentes.
La organización busca que la discusión avance por la vía diplomática y empresarial antes de que las protestas en los cruces fronterizos se conviertan en una nueva fuente de interrupciones para el comercio bilateral.
Por ahora, no existe una cifra oficial que confirme que 25 mil visas hayan sido revocadas. El dato corresponde a una estimación difundida por el sector transportista y recogida por diversos medios. La cifra que sí está sobre la mesa es la preocupación de CANACAR por el número de operadores que han dejado de cruzar y por la falta de criterios que, a su juicio, permitan distinguir con claridad entre una operación internacional legítima y una práctica de cabotaje.
La respuesta que busca el sector no es una excepción a las reglas, sino mayor certeza sobre cómo se aplican. Para Tijuana, donde el transporte de carga constituye uno de los vínculos cotidianos con la economía de California, esa diferencia puede determinar cuánto del conflicto permanece en las visas de los operadores y cuánto termina trasladándose a los cruces y a la cadena de suministro.
