La magistrada federal Deborah Boardman frenó temporalmente la aplicación de la medida firmada por Trump en agosto, al considerar que probablemente contradice un fallo reciente de la Corte Suprema; la Casa Blanca sostiene que la orden es legal y que continuará defendiendo su política.
Greenbelt, Maryland, 03 de septiembre de 2026.- Una jueza federal bloqueó temporalmente la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, al considerar que la medida probablemente es inconstitucional y entra en conflicto con un fallo reciente de la Corte Suprema.
La jueza de distrito Deborah L. Boardman, del tribunal federal de Maryland, emitió el miércoles 02 de septiembre una medida cautelar preliminar que impide a distintas agencias del Gobierno aplicar la nueva orden contra los niños comprendidos en una demanda colectiva. La resolución alcanza, entre otras dependencias, al Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social. Según Reuters, la decisión fue solicitada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes que ya habían litigado contra el primer intento de Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento.
La disputa representa un nuevo capítulo de la batalla judicial emprendida por la Administración Trump contra la interpretación tradicional de la ciudadanía estadounidense. El presidente firmó su primera orden para restringir la ciudadanía por nacimiento en enero de 2025, pero la medida fue bloqueada en los tribunales y posteriormente llegó a la Corte Suprema.
Te recomendamos: Estados Unidos crea grupo especial para combatir el turismo de maternidad y revoca más de 600 visas en un mes
Una nueva orden después del fallo de la Corte Suprema
Trump firmó el 06 de agosto de 2026 una segunda orden ejecutiva, titulada Continuing to Protect the Meaning and Value of American Citizenship, después de que la Corte Suprema se pronunciara sobre su primer intento. El propio documento presidencial reconoce que el máximo tribunal había decidido el 30 de junio sobre el alcance de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.
La primera orden pretendía restringir de manera amplia la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales. La Corte Suprema rechazó esa estrategia y determinó que la disposición contravenía la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, de acuerdo con New York Times.
La nueva orden es más específica. Entre otros supuestos, busca excluir de la ciudadanía automática a determinados niños cuyos padres sean considerados “enemigos extranjeros”, trabajen para gobiernos extranjeros o participen en actividades que la administración califica como fraudulentas o comerciales con el propósito de obtener la ciudadanía.
La medida también se dirige contra el llamado “turismo de maternidad”, término utilizado por la Administración Trump para describir los casos de mujeres que viajan a Estados Unidos con la intención de dar a luz y obtener para sus hijos la ciudadanía estadounidense.
Te recomendamos: Retiro de visas en la Frontera: ACLU analiza demanda mientras crece el temor en Tijuana y Juárez
La jueza considera que el nuevo decreto choca con la Suprema Corte
Boardman concluyó que la nueva orden probablemente no puede aplicarse a los niños incluidos en la demanda colectiva porque la Corte Suprema ya había establecido que forman parte de una clase con derecho a la ciudadanía desde el nacimiento.
Según El País, la magistrada sostuvo que la nueva orden es “casi con toda seguridad inconstitucional” en la medida en que se aplica a ese grupo, debido a que el máximo tribunal ya había determinado que esos niños son ciudadanos estadounidenses desde su nacimiento.
La resolución impide que las agencias federales interfieran, nieguen o dejen de reconocer la ciudadanía de los menores protegidos por la demanda mientras continúa el litigio.
La decisión, sin embargo, no constituye una resolución definitiva sobre todos los aspectos de la nueva orden ejecutiva. Se trata de una medida cautelar adoptada mientras avanza el proceso judicial.
El Departamento de Justicia había argumentado que el nuevo litigio era prematuro porque la orden de agosto es más limitada que la medida original y las agencias todavía no habían emitido todas las instrucciones necesarias para aplicarla. Los abogados del Gobierno sostenían que cualquier impugnación debería esperar a que esas directrices fueran publicadas. Boardman rechazó ese argumento, según Reuters.
El Gobierno prepara nuevas reglas para los pasaportes
La controversia judicial ocurre mientras la Administración Trump avanza en mecanismos para aplicar la nueva política.
Reuters informó el 01 de septiembre que el Departamento de Estado había elaborado un proyecto de directrices que podría exigir a los padres que soliciten pasaportes estadounidenses para sus hijos presentar documentos que acrediten su propia ciudadanía o situación migratoria.
La propuesta sería uno de los primeros mecanismos concretos para llevar a la práctica la orden firmada el 06 de agosto. Entre los documentos que podrían solicitarse se encuentran pasaportes, actas de nacimiento o formularios migratorios, según el reporte de Reuters.
El proyecto también muestra que la disputa no se limita a la expedición de certificados de nacimiento. La aplicación de la orden podría afectar procedimientos federales relacionados con el reconocimiento documental de la ciudadanía y la expedición de pasaportes.
Lee también: Retiro de visas a transportistas en Tijuana: CANACAR pide reglas claras sobre cabotaje
La Casa Blanca defiende la orden
La Administración Trump ha sostenido que la nueva medida es compatible con la Constitución y con la sentencia de la Corte Suprema.
La Casa Blanca cuestionó el fallo de Boardman y puso en duda su actuación por haber sido designada por el expresidente demócrata Joe Biden. La defensa política de la administración se centra en que la nueva orden no reproduce el primer decreto, sino que pretende aplicar las excepciones que, según su interpretación, todavía permite la legislación estadounidense.
La posición del Gobierno contrasta directamente con la lectura de Boardman: mientras la Administración considera que el nuevo decreto se encuentra dentro de las facultades presidenciales y de las excepciones históricas a la ciudadanía por nacimiento, la jueza considera que, al menos respecto de los niños protegidos por la demanda, la Corte Suprema ya resolvió la cuestión.
Ve aquí: La carta de Trump que aterroriza a niños migrantes: “Es hora de salir de EEUU”
La disputa vuelve a los tribunales
La decisión de Maryland no cierra el debate sobre la ciudadanía por nacimiento. El litigio continuará y el Gobierno puede recurrir la decisión mientras defiende la validez de la orden ejecutiva.
El enfrentamiento jurídico tiene como punto de referencia la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, cuya cláusula de ciudadanía establece el principio constitucional que ha sustentado durante décadas la ciudadanía de las personas nacidas en territorio estadounidense.
La nueva estrategia de Trump intenta avanzar sobre algunas categorías específicas sin repetir literalmente la prohibición general de su primera orden. Sin embargo, el fallo de Boardman plantea una cuestión central para su aplicación: hasta dónde puede llegar una orden presidencial cuando entra en conflicto con una interpretación constitucional ya establecida por la Corte Suprema.
Por ahora, la respuesta de la justicia federal es que, al menos para los niños incluidos en la demanda colectiva, la ciudadanía reconocida al nacer debe seguir siendo respetada mientras el caso continúa su recorrido judicial.
