La controversia por el supuesto permiso para una corrida de toros dejó de ser hace varios días un debate sobre la tauromaquia. Hoy es, sobre todo, un caso de comunicación política y de operación gubernamental.
Lo que comenzó como un trámite administrativo terminó convirtiéndose en una crisis pública que puso bajo los reflectores la capacidad de respuesta del Ayuntamiento de Tijuana.
Las versiones se fueron acumulando una tras otra. Primero apareció un documento que presuntamente autorizaba el evento. Después vino el deslinde del exsecretario general Arnulfo Guerrero León, quien negó haber firmado dicho permiso y solicitó que se investigara su autenticidad.
Posteriormente, el alcalde en funciones, Abdiel Gutiérrez Coronado, informó que la corrida no se realizaría y anunció la revisión del documento, al tiempo que el propio Ayuntamiento sostuvo que ese permiso no formaba parte de sus registros oficiales.
Hasta ahí hablan los hechos.
Pero políticamente la historia es mucho más amplia, porque el episodio dejó la percepción de un gobierno que fue reaccionando conforme avanzaba la polémica, en lugar de conducir la narrativa desde el primer momento.
Las crisis nunca avisan. Por eso los gobiernos construyen cadenas de mando, protocolos de comunicación y mecanismos internos que permitan responder con rapidez, certeza y una sola voz.
Cuando esas piezas no funcionan de manera sincronizada, la discusión pública deja de concentrarse en el tema de fondo y comienza a cuestionar la capacidad institucional.
Eso fue precisamente lo que ocurrió en esta ocasión. Durante varios días la conversación dejó de girar alrededor de las corridas de toros para centrarse en las contradicciones, las aclaraciones y las investigaciones anunciadas.
Más allá de las responsabilidades que, en su caso, determinen las autoridades competentes, el episodio proyectó una imagen de desorden administrativo que difícilmente favorece a cualquier gobierno.
No es un asunto menor. Tijuana atraviesa una etapa política distinta desde la salida temporal del alcalde Ismael Burgueñoy previamente con la salida de Arnulfo Guerrero de la Secretaría General de Gobierno Municipal. Todo cambio en posiciones estratégicas implica ajustes internos, pero esos procesos deben ser prácticamente imperceptibles para la ciudadanía.
Cuando los ciudadanos comienzan a notar vacíos de coordinación, la discusión deja de ser jurídica y se convierte en política.
La fortaleza de un gobierno no se mide únicamente por su capacidad para resolver los problemas, sino también por la confianza que transmite cuando estos aparecen. Esa confianza se construye con orden, coordinación y mensajes claros.
Tijuana necesita que sus instituciones funcionen con normalidad independientemente de quién ocupe temporalmente un cargo. La continuidad administrativa es una obligación, no una opción.
La polémica por este permiso probablemente terminará resolviéndose en las instancias correspondientes. Sin embargo, la percepción pública suele construirse mucho antes de que concluyan las investigaciones.
Porque al final, las crisis no siempre desgastan por el problema que las origina. Muchas veces desgastan más por la forma en que se administran. Y en esta ocasión, la impresión que quedó para muchos ciudadanos fue que, en Palacio Municipal, se les hizo bolas el engrudo.