La detención de la diputada Alejandra Ang en la garita de Calexico con más de 800 mil pesos en efectivo sin declararno es un incidente aislado ni un simple descuido administrativo. Es un síntoma. Uno más. Y, sobre todo, una prueba clara de hasta dónde está dispuesto a llegar Morena para tolerar lo que antes decía combatir.
La explicación oficial fue tan rápida como endeble: un “error humano”. No declarar el dinero. No dejarlo en resguardo. No prever consecuencias. Un error, dicen. Pero cuando se cruza una frontera con esa cantidad de efectivo, el error deja de ser humano y empieza a ser político.
Lo verdaderamente grave no ocurrió en la garita, sino después. Alejandra Ang no pidió licencia, no se separó del cargo y no ofreció una explicación documentada que disipara dudas. El Congreso del Estado, lejos de exigir claridad, optó por cerrar filas y mandar un mensaje inequívoco: aquí no hay costos políticos reales.
La Junta de Coordinación Política lo consideró, pero la mayoría morenista lo bloqueó. La bancada protegió. La institución se replegó. El único “castigo” fue simbólico: dejar la presidencia de una comisión. Una salida cómoda que no responde a la gravedad del episodio.
Ang publicó un comunicado donde aseguró que el dinero era producto de ahorros personales y la venta de un vehículo, y que su visa no fue revocada. Todo explicado, pero nada comprobado públicamente. Ningún documento, ningún respaldo verificable, ningún gesto de rendición de cuentas que estuviera a la altura del cargo que ostenta.
El silencio posterior fue aún más elocuente. Porque en política, cuando no se aclara, se acumula sospecha. Y cuando se gobierna desde la opacidad, el vacío informativo se llena con narrativas que nadie controla.
El caso se agrava cuando entra en escena su entorno inmediato. Su esposo, César Castro, regidor de Mexicali, pasó de ser un actor secundario a un personaje central del debate público. No por señalamientos directos, sino por trayectorias aceleradas, ingresos cuestionados y mutismo absoluto frente a una crisis que exige explicaciones.
Currículums exhibidos, cifras que no cuadran, ascensos exprés y una narrativa de éxito político que choca frontalmente con la falta de claridad financiera. No se trata de linchamiento, se trata de responsabilidad pública. Quien vive del erario no puede darse el lujo de callar.
La paradoja es brutal: una diputada ligada a espacios de fiscalización hoy evade la fiscalización social más básica. Quien debía exigir cuentas hoy ofrece excusas. Quien debía marcar un estándar ético hoy se refugia en la disciplina partidista.
Morena prometió ser distinto. Prometió acabar con los vicios del pasado. Pero hoy actúa como lo peor del viejo régimen: minimizar, proteger, apostar al desgaste mediático y confiar en que la memoria pública sea corta.
El problema no es solo Alejandra Ang. El problema es lo que su caso revela: una creciente tolerancia a actos claramente irregulares, siempre y cuando vengan acompañados de lealtad política. La legalidad se vuelve flexible cuando estorba.
La frontera no es un trámite menor. El dinero en efectivo no es un detalle técnico. Y la explicación del “error” ya no convence a nadie. Cada episodio suma, cada silencio pesa y cada protección institucional erosiona la credibilidad de un movimiento que se decía distinto.
Hoy la pregunta no es si Alejandra Ang cometió un error. La pregunta es mucho más incómoda: ¿en qué momento Morena decidió que estos errores ya no tienen consecuencias?
Y peor aún: ¿cuántos más está dispuesto a justificar antes de que el costo sea irreversible?
