En los últimos días volvió a encenderse una alarma que nunca debería apagarse en una democracia: la relación cada vez más tensa entre el poder político y la crítica periodística. El periodista Víctor Lagunas, del medio TJ Comunica, denunció públicamente haber recibido un mensaje de WhatsApp por parte de una diputada local, en el que se le recrimina y se le acusa de ejercer “violencia política” por señalar silencios y contradicciones de actores públicos.
El señalamiento no es menor, porque no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto donde la crítica se confunde —de manera deliberada— con agresión, y donde algunos representantes populares parecen haber olvidado que su función no es sentirse cómodos, sino rendir cuentas.
La diputada involucrada es Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, diputada local por Baja California y representante del Partido del Trabajo (PT), quien argumenta sentirse violentada por cuestionamientos periodísticos. Sin embargo, en política el contexto importa y el historial pesa.
Resulta inevitable recordar que la misma legisladora ha utilizado en diversas ocasiones un lenguaje abiertamente agresivo hacia otros actores políticos. Entre esos episodios destaca el señalamiento directo de presuntos vínculos con el narcotráfico que lanzó contra la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame, una acusación de enorme gravedadque no fue acompañada de pruebas ni de resoluciones judiciales.
Cuando los señalamientos salen desde la tribuna o desde una curul, suelen asumirse como parte del debate político. Pero cuando el cuestionamiento surge desde el periodismo, entonces se redefine como violencia. Esa doble vara es la que hoy prende focos rojos.
Aquí no se está hablando de ataques personales, ni de vida privada, ni de injurias gratuitas. Se está hablando de crítica política, de análisis público y de observaciones derivadas del ejercicio del poder. Ese poder que, conviene recordarlo, se sostiene con recursos del erario y con la legitimidad ciudadana.
La creciente sensibilidad de algunos gobiernos y gobernantes frente a la crítica no es un fenómeno aislado. En México, cada vez es más común que funcionarios, legisladores y autoridades recurran al discurso de la victimización cuando el cuestionamiento incomoda.
Bajo esta lógica, cualquier nota incómoda, cualquier columna crítica o cualquier pregunta directa puede ser interpretada como una agresión. El problema es que este razonamiento abre la puerta a algo más grave: la normalización de la censura bajo el disfraz de la corrección política.
Los casos de presión, intimidación y amenazas contra periodistas en el país están ampliamente documentados. Desde demandas estratégicas para inhibir la crítica hasta mensajes directos que buscan intimidar, el objetivo suele ser el mismo: callar sin prohibir.
Baja California no es ajena a este fenómeno. En la entidad se han registrado episodios de hostigamiento, descalificaciones desde el poder y señalamientos directos contra periodistas por hacer su trabajo. El mensaje implícito es claro: cuestionar tiene costo.
Lo delicado del caso de Víctor Lagunas no es solo el mensaje recibido, sino lo que representa. Representa un intento de cruzar una línea peligrosa: convertir la crítica política en una conducta moralmente reprobable o jurídicamente perseguible.
Conviene insistir en algo elemental: la crítica no es personal. La crítica no es violencia. La crítica es parte esencial del oficio político. Si quienes ocupan cargos públicos no administraran recursos ni tomaran decisiones que impactan a la sociedad, difícilmente serían tema de interés público.
La política no es un espacio terapéutico ni un refugio emocional. Es un terreno de contraste, de escrutinio y de rendición de cuentas. Quien decide entrarle, acepta —o debería aceptar— que será observado y cuestionado.
Porque en una democracia sana, la crítica no es violencia.
Violencia es callar.