En Tijuana, las heridas del pasado reciente vuelven a abrirse. Una denuncia por el presunto desvío de más de 37 millones de pesos durante la administración de Montserrat Caballero ha encendido las alertas. Los recursos, provenientes de un fideicomiso municipal destinado supuestamente a causas sociales, habrían sido entregados a asociaciones sin estructura legal clara, sin trayectoria comprobable y, en algunos casos, sin siquiera presencia pública.
Las organizaciones civiles que impulsan esta denuncia han señalado la existencia de un patrón: transferencias autorizadas sin sustento técnico, expedientes incompletos y beneficiarios que se repiten en distintos periodos. El caso recuerda, inevitablemente, otros esquemas de simulación detectados en el país, donde se utilizaban entes de papel para mover recursos públicos de forma encubierta.
Entre los nombres que se repiten en los documentos oficiales están los de la regidora Rogelia Arzola y el exsecretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray. Ambos estuvieron muy cerca de la entonces alcaldesa y participaron activamente en la asignación de estos fondos. El señalamiento directo a figuras de primer nivel de su gobierno pone en duda la posibilidad de que Montserrat Caballero desconociera lo que ocurría.
Las cifras no son menores. Estamos hablando de más de 37 millones de pesos entregados sin procesos claros, en un contexto donde la ciudad enfrenta carencias básicas en servicios, infraestructura y atención a la población más vulnerable. La gravedad no está solo en el posible delito, sino en el mensaje que se envía: que los recursos públicos pueden usarse como premios políticos sin consecuencias.
Ante estos señalamientos, se ha iniciado una investigación. La exalcaldesa, por su parte, ha dicho que todo esto es producto de una “persecución política”. Asegura que buscan empañar su imagen y desacreditar su trayectoria. El guion es conocido: cuando las pruebas aparecen, se intenta desviar la atención al terreno personal.
Pero aquí no se trata de versiones. Se trata de hechos documentados, de expedientes firmados, de recursos entregados. Se trata de la vida pública de Tijuana. Y la ciudadanía tiene derecho a saber si su dinero fue manejado con honestidad o si, por el contrario, se utilizó como moneda de cambio en un sistema de favores disfrazado de política social.
A quienes defienden a Caballero les corresponde presentar pruebas claras de que no hubo daño al erario. Y a quienes la señalan, les corresponde sustentar sus acusaciones con precisión. Pero mientras tanto, los documentos están ahí, y la opacidad no puede seguir siendo la norma.
Llama la atención el silencio de muchas voces que fueron cercanas a la exalcaldesa. Algunos hoy ocupan nuevos cargos; otros simplemente desaparecieron del mapa político. Pero casi todos han evitado opinar sobre lo que ya es una de las denuncias más delicadas de los últimos años en la esfera municipal.
También sorprende la pasividad del Congreso del Estado. Hasta ahora, ningún diputado local ha solicitado públicamente una auditoría de este fideicomiso. Nadie ha propuesto una comparecencia de los involucrados. Y eso que estamos hablando de un posible desvío multimillonario de recursos públicos, dentro de uno de los municipios más importantes del país.
En otros momentos, este tipo de temas habrían motivado declaraciones, ruedas de prensa, exhortos institucionales. Hoy, la clase política guarda silencio, como si el escándalo no fuera con ellos. Y eso, más que prudencia, parece complicidad.
Lo más preocupante es que este tipo de esquemas no son nuevos. Se repiten, una y otra vez, en distintos niveles de gobierno y con distintos rostros. Y si no se frenan desde el fondo, seguirán encontrando espacio. La falta de consecuencias reales alimenta la certeza de que robar no solo es posible, sino rentable.
Tijuana no necesita escándalos. Necesita respuestas. Y no las necesita dentro de seis meses, ni después del próximo proceso electoral. Las necesita ahora. Porque si se confirma el desvío, habrá que preguntarse cuántos otros fideicomisos funcionan hoy con la misma lógica y qué otras áreas del gobierno operan bajo ese esquema de simulación.
Mientras no haya justicia, esta ciudad seguirá arrastrando el peso de quienes la usaron como botín. Y eso, más allá de las declaraciones y los discursos, no se olvida.