Los empresarios de Baja California están muy molestos e indignados con el secretario de Economía, Kurt Honold Morales, luego de que impulsara la eliminación del 1.5% del ISN destinado al FIDEM, un mecanismo creado precisamente para fortalecer la competitividad, financiar innovación y regresar valor a la economía formal. Para el sector productivo, esta decisión no es un simple cambio administrativo: es una traición con premeditación, un golpe directo a quienes generan empleo, desarrollo y recaudación en el estado.
Y la indignación no surge en abstracto. Honold sabe perfectamente qué está destruyendo. Cuando fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), firmó más de 120 millones de pesos del FIDEM para proyectos operados por él mismo o por grupos que orbitaban a su alrededor. Ayer se beneficiaba de un instrumento que hoy pretende borrar del mapa. Lo que antes defendía como indispensable, ahora lo presenta como prescindible.
Para muchos empresarios, esto no es una contradicción: es la prueba más clara de que su interés nunca fue el desarrollo económico, sino el control político de los recursos.
La iniciativa llega, además, en el peor escenario económico en 16 años. Más de 8 mil negocios cerrados, más de 21 mil empleos formales perdidos, y una economía que paga la tasa de ISN más alta del país (4.25%), la cual ya estrangulaba la competitividad. En medio de este desastre, la Secretaría de Economía decide eliminar el único mecanismo concebido para revertir esa tendencia.
Y lo más insultante: el recurso apenas equivale al 0.20% del presupuesto estatal. Es decir, no lo eliminan por necesidad… sino por conveniencia.
El FIDEM no era un fondo cualquiera: era el contrapeso natural que aseguraba que parte del impuesto que surge de la economía formal regresara a fortalecerla. Infraestructura productiva, innovación, desarrollo tecnológico, promoción económica, atracción de inversión: todo eso se financió por años con reglas claras, participación empresarial y visión de futuro.
Hoy, la orden es simple: desaparecerlo para convertir un instrumento estratégico en dinero para gasto corriente, donde el control queda absoluto en manos del gobierno.
Pero si la traición del secretario Honold cayó como un golpe seco, la postura del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) —o más bien, su ausencia total de postura— ha encendido aún más la furia empresarial. Su presidenta, Ana Alicia Meneses, no solo ha guardado silencio: ha guardado un silencio que huele a sumisión, a cálculo político y a una alarmante desconexión con la realidad que atraviesa el sector productivo.
En lugar de encabezar la defensa del FIDEM, como históricamente lo habría hecho cualquier presidencia del CDT, Meneses optó por esconderse detrás del mutismo institucional. Su omisión dejó de interpretarse como prudencia: hoy se interpreta como complicidad, como negligencia, como una forma de servilismo hacia los intereses que están desmantelando la competitividad del estado.
Los empresarios ya no preguntan por qué calla… preguntan a quién le sirve ese silencio.
Dentro del propio sector se comenta que su dirigencia ha convertido al CDT en un organismo de ornato, funcional para fotos y discursos, pero inútil como contrapeso real. Mientras miles de negocios cierran, mientras la economía se desacelera, mientras el estado pierde atractivo para la inversión, la presidenta del CDT se comporta como una figura de acompañamiento político, más preocupada por no incomodar al secretario que por defender a quienes le pagan la nómina institucional.
La sospecha crece: ¿por qué una presidenta empresarial elige quedar bien con el funcionario que está destruyendo el principal instrumento de desarrollo económico del estado? ¿Qué compromisos, qué intereses o qué alianzas explican esa docilidad?
Porque su silencio no es neutral: su silencio legitima. Su silencio permite. Su silencio avala. Y en política económica, quien avala la destrucción de la competitividad se vuelve parte responsable de esa destrucción.
La eliminación del FIDEM no solo arranca una herramienta técnica: arranca una visión completa. Y mientras otros estados fortalecen sus agencias de desarrollo, Baja California da un salto hacia atrás que afectará la próxima década. Queda claro que el mensaje para los inversionistas es devastador: un gobierno que desprecia los mecanismos estratégicos y un CDT que renuncia a su papel de defensor empresarial.
En reuniones privadas, el sentir empresarial es cada vez más duro. La frase que se repite es lapidaria:
“Cuando él lo controlaba, el FIDEM era buenísimo. Ahora que ya no lo puede usar… lo desaparece.”
Y nadie olvida que mientras el secretario ejecuta esta operación, el CDT observa en silencio… como si su función fuera aplaudir, no cuestionar.
La pregunta final —y la más peligrosa para la imagen pública de ambos— ya circula entre líderes, mesas directivas y organismos regionales:
¿quién está defendiendo a Baja California, si el secretario la traiciona y el CDT guarda silencio?
La respuesta, hasta ahora, es igual de inquietante: nadie.