Tijuana, B.C. — A más de ocho meses del inicio de su administración, el gobierno municipal encabezado por Ismael Burgueño lanza una advertencia tardía y sin acciones concretas: la venta fraudulenta de “pases médicos” para cruce ágil ha proliferado en redes sociales sin que el Ayuntamiento haya garantizado, hasta ahora, un solo mecanismo de prevención o control real.
Fue apenas esta semana cuando el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Montejo, alertó sobre la existencia de publicaciones engañosas que ofrecen dichos pases —conocidos formalmente como parte del programa Fast Lane— a usuarios que, tras realizar un pago, son bloqueados por los estafadores sin recibir nada a cambio.
Montejo se limitó a reiterar lo obvio: que estos pases no se venden y que su comercialización viola los reglamentos. Pero la ciudadanía no recibió una solución, sino una especie de advertencia vacía. “Si los compran, serán dados de baja”, sentenció, como si el problema se resolviera deslindándose de la responsabilidad institucional.
Lo que indigna no es sólo el fraude, sino la negligencia sistemática de una administración que parece siempre llegar tarde. ¿Dónde estaban los protocolos de verificación y vigilancia digital desde el día uno? ¿Dónde está la estrategia para proteger a quienes realmente necesitan este cruce médico por razones de salud, turismo especializado o estudios binacionales?
En lugar de actuar, el gobierno municipal pide a la población que “no se deje engañar” —como si fuera una cuestión de astucia individual y no una falla estructural del Estado para blindar sus propios programas.
Mientras tanto, el cruce fronterizo sigue siendo un caos, los fraudes continúan y las autoridades siguen improvisando, empujando la responsabilidad a la ciudadanía, en lugar de asumir la suya. ¿Cuánto más habrá que esperar para que el gobierno de Ismael Burgueño deje de operar con ocurrencias y empiece a tomar decisiones a la altura de la ciudad que gobierna?