El derrumbe del aparato que operó durante el gobierno de Montserrat Caballero en Tijuana ya es imposible de ocultar. Lo que comenzó como un caso aislado ahora muestra una estructura sistemática de corrupción que involucra a altos mandos, contratos irregulares y un patrón administrativo que se repite en diversas áreas de su gestión.
Las vinculaciones a proceso de Raymundo Vega Andrade, ex tesorero; Marcelo Machain, ex oficial mayor; y Eduardo Franco Bustos, ex director de Recursos Materiales, confirman que el desfalco de 93 millones de pesos por la adquisición irregular de un software contable no fue un acto aislado ni accidental: fue una operación organizada desde el corazón financiero del Ayuntamiento.
Estos nombres se suman a Conrado Macfarland, ex director de Transparencia, quien ya enfrenta señalamientos por irregularidades durante la misma administración. La acumulación de casos revela un patrón: las áreas encargadas de vigilar, administrar y transparentar los recursos fueron justamente las más corrompidas.
Investigaciones públicas señalan que durante el gobierno de Montserrat se aprobaron decenas de adjudicaciones directasbajo argumentos de “urgencia administrativa”, pese a que los servicios no cumplían criterios de exclusividad ni justificación técnica. La adquisición del software de armonización contable por casi 93 millones es solo el expediente más avanzado, pero no el único.
El sistema fue comprado a la empresa Management Technology Innovations (MTI), la cual no figura en el inventario de sistemas autorizados por el SEVAC. Tampoco lo hacen las otras empresas supuestamente “evaluadas” en la carpeta, lo que apunta a una simulación de competencia para inflar costos y evadir licitaciones abiertas.
La Síndico Procuradora, Teresita Balderas, señaló que el software nunca cumplió los requisitos técnicos ni operativos, un dato que confirma que no solo se trató de una compra injustificada, sino de un engaño directo contra el propio Ayuntamiento. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene integrada esta parte del expediente.
Pero este escándalo financiero no es el único que marcó al gobierno de Caballero. Su administración estuvo envuelta en diversos episodios que despertaron dudas sobre su conducción, integridad y capacidad de gobierno, tanto en materia administrativa como en su desempeño público.
Uno de los casos más polémicos fue el papel de su escolta, Rosalva “La Puma” González Molina, acusada públicamente por presuntos vínculos con el Cártel de los Arellano Félix desde 2009 y con antecedentes de haber estado internada en el CERESO de Tijuana. Su presencia en el círculo cercano de la alcaldesa generó tensión institucional y terminó siendo uno de los motivos por los cuales Caballero decidió refugiarse en el Campo Militar 2-F, un hecho inédito y cuestionado en la historia municipal de México.
A este episodio se suma la controversia por su comportamiento durante sesiones legislativas en su etapa como diputada local, cuando fue captada bebiendo cerveza durante una sesión virtual. Aunque ella argumentó que se encontraba en un espacio privado, la polémica escaló a nivel nacional y afectó su imagen pública.
En materia de obras y contratos, diversas auditorías internas revelaron retrasos, convenios modificados sin fundamento y proveedores favorecidos mediante mecanismos que hoy también son revisados por áreas de fiscalización. Varios proyectos quedaron inconclusos o con costos inflados, de acuerdo con informes de entrega-recepción.
El caos administrativo al interior del Ayuntamiento también fue evidente en sus constantes cambios de directorios, renuncias inesperadas y reacomodos en áreas clave, lo que provocó inestabilidad y generó sospechas sobre el manejo interno de decisiones sensibles en contrataciones y asignaciones.
Las recientes vinculaciones a proceso marcan solo el inicio de una posible cadena de responsabilidades que podrían escalar aún más arriba. Según fuentes consultadas dentro de la Fiscalía Anticorrupción, la línea de investigación se está ampliando hacia quienes aprobaron, supervisaron o firmaron los procedimientos irregulares, lo que inevitablemente toca a la ex alcaldesa.
El expediente de los 93 millones no es menor: involucra daño patrimonial, simulación de competencia, incumplimiento deliberado de la ley de adquisiciones y posible colusión entre funcionarios y proveedores. La suma de estos elementos construye un caso sólido que seguirá avanzando en tribunales.
Hoy, mientras se desarrolla el proceso judicial contra sus exfuncionarios, la administración de Montserrat se hunde en un mar de irregularidades que deja claro que la cloaca apenas comenzó a destaparse. Las piezas siguen cayendo, y el rompecabezas apunta a un aparato completo que operó con impunidad durante su mandato.
Lo que está ocurriendo en los tribunales no es solo la consecuencia de una mala decisión: es el desenlace de un gobierno marcado por opacidad, escándalos, señalamientos por vínculos peligrosos y un manejo irresponsable del dinero público. Y todo indica que aún falta saber cuántos más caerán.