En Baja California se ha desatado una tormenta política de alto voltaje, y no por una acusación judicial, un escándalo mediático o un mal manejo de gobierno… sino por un silencio. Uno que proviene del gobierno de Estados Unidos y que ha dejado a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su esposo, Carlos Torres Torres, en el centro de una controversia sin precedentes: la revocación de sus visas.
A simple vista, el hecho podría parecer menor. “No se necesita visa para gobernar”, dijo la mandataria con su habitual tono tranquilo. Pero en política —sobre todo en la frontera más transitada del mundo— las formas importan, y mucho.Cuando a una gobernadora fronteriza se le niega el ingreso a Estados Unidos, el mensaje no necesita traducción: es una sanción diplomática con olor a sospecha.
Carlos Torres, actual coordinador de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana, habría sido el primero en enterarse. Intentó cruzar por la garita como cualquier ciudadano habitual de esta región binacional… y fue detenido por una alerta. Le informaron que su visa había sido revocada. Días después, el consulado notificó formalmente a Marina del Pilar que su estatus también había cambiado. No hubo explicación. Sólo la acción.
En el mundo de la diplomacia, que Estados Unidos no dé explicaciones es más grave que si las diera. Significa que el tema no es menor. Si fuera una confusión o una irregularidad de trámite, ya se habría aclarado. Pero no: hay algo que no quieren decir —y ese silencio incomoda a todos, incluso a quienes hoy intentan fingir normalidad.
La reacción del gobierno mexicano fue ambigua. Mientras algunos actores locales se dedicaban a desviar la atención o minimizar el hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por la mesura: dijo que ya había solicitado información oficial y que esperaría una respuesta antes de fijar postura. Es decir: no defendió, no atacó… y dejó claro que el asunto la tomó por sorpresa.
La versión extraoficial sobre la medida comenzó a tomar forma este jueves, cuando el periodista Tim Golden, dos veces ganador del Premio Pulitzer y colaborador de ProPublica, reveló que el gobierno de Estados Unidos estaría aplicando sanciones migratorias a políticos mexicanos vinculados al narcotráfico, de acuerdo con fuentes anónimas del propio gobierno estadounidense. En su reportaje, mencionó directamente el caso de Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres Torres, quienes habrían sido incluidos en una lista negra elaborada por agencias de inteligencia y antidrogas norteamericanas.
Según el mismo reportaje, la administración estadounidense está endureciendo el acceso a su territorio a funcionarios mexicanos que considera involucrados en actividades ilícitas, incluyendo corrupción y tráfico de drogas. Hasta ahora —escribió Golden— dos figuras mexicanas han reconocido públicamente que se les revocó la visa, entre ellas la mandataria bajacaliforniana. El periodista advierte que se espera que la lista crezca en las próximas semanas.
En Baja California, la noticia cayó como un rayo en terreno mojado. En pleno proceso de recomposición política rumbo a 2027, con una oposición débil pero expectante, el retiro de la visa es combustible puro para las especulaciones. ¿Qué sabían los estadounidenses que no sabe la opinión pública mexicana? ¿Hay investigaciones en curso por lavado de dinero? ¿Nexos con empresas bajo observación? ¿Se trata de Carlos o de ella?
Lo cierto es que en el ajedrez político todo se mueve con intención. El PAN exigió de inmediato la separación del cargo de la gobernadora. Exagerado o no, el mensaje es claro: hay una oportunidad para debilitar a quien —hasta ahora— parecía tener el camino despejado hacia la consolidación de su proyecto político. Marina, recordemos, no sólo gobierna Baja California: es una carta visible dentro de Morena a nivel nacional.
En este punto, vale la pena observar cómo ha reaccionado el círculo político en Tijuana. El alcalde Ismael Burgueño ha mantenido distancia institucional. Otros actores morenistas han optado por el silencio estratégico. En cambio, la sociedad civil y algunos medios digitales han comenzado a conectar los puntos: viajes, negocios, propiedades, amistades. Todo suma cuando la transparencia se vuelve opaca. Burgueño, además, busca evitar que la mala fama que arrastra Carlos Torres termine salpicándolo, justo cuando intenta posicionarse como candidato a la gubernatura de Baja California en 2027. La prudencia no es casual: es cálculo político.
Carlos Torres ha sido, durante años, una figura discreta pero influyente. Su paso por la política y su cercanía con grupos empresariales de la región lo convierten en un personaje clave. Hoy, la revocación de su visa podría ser una señal de que no toda esa cercanía fue bien vista desde el norte del río Bravo.
Por su parte, Marina del Pilar ha intentado cerrar el capítulo rápido. Asegura que no tiene cuentas en Estados Unidos ni propiedades ocultas. Pero ese no es el punto. Lo que se discute no es lo que ella tiene o deja de tener, sino por qué un gobierno extranjero decidió —de forma unilateral— retirarle el privilegio de cruzar su frontera.
Y es que la política no es sólo el arte de gobernar, sino el arte de representar. Y cuando la representación de un estado fronterizo queda bajo sospecha internacional, la legitimidad se erosiona. Aunque no haya una acusación formal, aunque no haya pruebas públicas, el daño está hecho. Y lo estará mientras no haya una respuesta clara.
¿Estamos frente a una venganza política, a un mensaje de presión o a un aviso de que algo más está por revelarse? Nadie lo sabe con certeza. Pero los tiempos electorales se acercan y los enemigos políticos huelen sangre. La versión oficial de “no pasó nada” ya no basta. La gobernadora tiene que dar una explicación más profunda. O alguien más la dará por ella.
Este caso marcará un antes y un después en la narrativa de Baja California. No por la visa en sí, sino por la forma en que se enfrente el escándalo. Porque en política, lo que no se aclara, se castiga.