La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes reactivó en redes sociales la discusión sobre la narcocultura y colocó nuevamente bajo escrutinio a dos de las figuras más visibles del regional mexicano. Aunque no existen investigaciones confirmadas en su contra por estos hechos, los antecedentes en Tijuana y otros estados del norte muestran que el debate sobre apología del delito en la música viene creciendo desde hace años.
Ciudad de México, 26 de febrero de 2026. — La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no sólo provocó reacomodos en el mapa criminal del país. También reactivó una conversación pública que atraviesa cultura, política y frontera: el papel de los corridos tumbados en la representación de la violencia.
En ese contexto, los nombres de Peso Pluma y Natanael Cano volvieron a ocupar el centro del debate digital, impulsados por la circulación de supuestos audios y mensajes atribuidos a grupos criminales, según informa el medio Último Minuto, así como por la reinterpretación de letras que mencionan estructuras del narcotráfico.
Hasta ahora, no existe confirmación oficial de investigaciones abiertas en su contra relacionadas con la muerte del capo. La discusión, más que jurídica, es cultural y política.
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Lo que se sabe tras la caída de “El Mencho”
Autoridades federales, como la Fiscalía General de la República (FGR), confirmaron el operativo en el que murió Oseguera Cervantes, uno de los líderes criminales más buscados por México y Estados Unidos. Tras el anuncio, redes sociales amplificaron mensajes y supuestas amenazas dirigidas a intérpretes del regional mexicano.
Sin embargo, ninguna fiscalía estatal ni federal ha confirmado investigaciones penales contra Peso Pluma o Natanael Cano vinculadas con estos hechos. Tampoco se ha acreditado la autenticidad de los audios que circularon en plataformas digitales.
El fenómeno responde más a la lógica de viralización que a un expediente judicial. Aun así, el episodio reabrió una pregunta que se ha repetido en la frontera norte durante los últimos años: ¿dónde termina la crónica musical y dónde comienza la apología del delito?
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Tijuana y los precedentes de 2023
El debate no es nuevo en la frontera. En septiembre de 2023, Tijuana fue escenario de amenazas dirigidas a Peso Pluma mediante narcomantas que obligaron a reforzar medidas de seguridad y modificar presentaciones. El episodio marcó un punto de inflexión en la discusión pública sobre la seguridad de artistas del género.
Desde entonces, distintos municipios del norte y centro-norte, han intentado regular o prohibir la interpretación de narcocorridos en eventos públicos. En Baja California, autoridades locales han advertido en distintos momentos que podrían sancionarse espectáculos que hagan apología del delito.
En Sonora —estado donde surgió el movimiento de corridos tumbados— el debate ha sido constante, especialmente en Hermosillo. En Chihuahua y Nuevo León también se han registrado controversias por presentaciones en ferias y palenques donde se interpretan canciones con referencias a organizaciones criminales.
En Aguascalientes, en mayo de 2025, en el marco de la Feria Nacional de San Marcos 2025, el cantante Natanael Cano interpretó canciones señaladas por hacer apología del crimen organizado, y como consecuencia, la organización del evento decidió cortar el audio y apagar las luces y dar por concluido el espectáculo. La Secretaría de Gobernación de Aguascalientes prohíbe la interpretación de canciones que hacen apología del delito en conciertos.
México se ha convertido en un laboratorio político y cultural, donde convergen juventud, industria musical binacional y una violencia estructural que no ha desaparecido.
De sanciones locales a presión internacional
La discusión ha trascendido lo municipal. Desde 2025, el gobierno de Estados Unidos puso bajo revisión la situación migratoria de intérpretes del género, al advertir que la apología del crimen podría influir en la cancelación o negación de visas de trabajo.
En Jalisco, agrupaciones como Los Alegres del Barranco fueron vinculadas a proceso por presunta apología del narcotráfico. En Michoacán, un veto estatal fue impugnado judicialmente por músicos del mismo género.
Estos antecedentes muestran que el debate no depende de un solo artista ni de un solo episodio violento, sino de un proceso más amplio donde autoridades locales y federales exploran los límites legales de la libertad artística.
En México, la apología del delito está tipificada en el Artículo 208 del Código Penal Federal, el cual establece que se impondrán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad a quien provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de éste o de algún vicio, siempre que la conducta no derive en la comisión efectiva del ilícito
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¿Crónica social o apología del delito?
Defensores del género sostienen que los corridos tumbados funcionan como crónica contemporánea de una realidad social marcada por desigualdad y violencia. Argumentan que la música no crea el fenómeno criminal, sino que lo retrata.
Críticos, en cambio, advierten que ciertas letras pueden normalizar o romantizar figuras del narcotráfico, especialmente entre públicos jóvenes. La discusión se intensifica cada vez que ocurre un evento de alto impacto, como la muerte de un líder criminal.
El caso actual ilustra cómo una coyuntura de seguridad puede reactivar un debate cultural latente. La figura de Oseguera Cervantes operó como detonador simbólico: al caer uno de los capos más poderosos del país, se revisitan también las narrativas que lo rodearon.
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Una industria global bajo presión
Más allá de la polémica, los corridos tumbados representan una de las exportaciones culturales más exitosas de México en la última década. El género domina listas de reproducción en plataformas digitales tanto en México como en Estados Unidos, particularmente en estados con alta población mexicana como California, Texas y Arizona.
El debate también tiene una dimensión económica. De acuerdo con reportes de Billboard, el regional mexicano ha sido uno de los géneros de mayor crecimiento en Estados Unidos en los últimos tres años, impulsado por plataformas digitales y audiencias jóvenes.
Asimismo, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), ha señalado en sus informes anuales que América Latina es uno de los mercados musicales con mayor expansión global, con el regional mexicano como uno de sus motores principales.
En ese contexto, cualquier señalamiento hacia figuras consolidadas del género tiene impacto no solo cultural, sino también económico y diplomático, especialmente en estados fronterizos donde los artistas realizan giras constantes y dependen de visas de trabajo en Estados Unidos.
Esa dimensión binacional explica por qué cualquier controversia tiene repercusiones comerciales. Patrocinios, contratos internacionales y presentaciones en arenas estadounidenses dependen no sólo del éxito musical, sino también del entorno político y migratorio.
La frontera norte es el epicentro de esa dinámica: es territorio de origen cultural y, al mismo tiempo, puerta de entrada a la industria global.
Un debate que regresa con cada crisis
La caída de “El Mencho” no generó por sí misma una acusación formal contra artistas del regional mexicano. Lo que produjo fue un efecto espejo: cada evento violento reactiva la discusión sobre cómo se narran esas violencias en la música.
En la frontera norte —donde confluyen rutas comerciales, migración y presencia histórica de grupos criminales— el debate adquiere una dimensión particular. No es sólo una conversación cultural; es también política, jurídica y económica.
La pregunta de fondo permanece abierta: ¿puede regularse una expresión artística sin vulnerar libertades constitucionales? ¿O el escrutinio público seguirá intensificándose cada vez que la realidad criminal irrumpe en la agenda nacional?
Por ahora, Peso Pluma y Natanael Cano vuelven al centro del debate. No por una acusación judicial confirmada, sino por el peso simbólico que su música tiene en un país donde cultura y violencia conviven en una frontera cada vez más difusa.
