Hace apenas unos días, el diputado Ramón Vázquez protagonizaba un episodio digno de una sátira legislativa con su propuesta de penalizar lo que ya es delito: el uso de drones, cámaras y antenas para cometer crímenes. Una iniciativa tan obvia que parecía sacada de un manual de sentido común… o de un sketch de comedia involuntaria.
Ahora, vuelve a escena con una nueva “gran aportación” al sistema jurídico: “incorporar la figura de fraude procesal”. La pregunta es: ¿de verdad el Código Penal de Baja California necesitaba que alguien nos viniera a recordar que mentir o manipular información en un juicio debería tener consecuencias?
Claro que debe haber sanciones. Pero ya existen. Y los jueces las aplican bajo figuras como falsedad, simulación de actos jurídicos o incluso delitos contra la administración de justicia. Lo que no queda claro es si Ramón busca legislar o solo protagonizar.
Y es que anda como desesperado por reflectores, buscando a toda costa colarse en las conversaciones públicas porque nadie lo pela. Dicen en pasillos políticos que quiere ser candidato a la presidencia municipal de Tijuana, pero con propuestas así, parece más bien que compite por el premio al legislador más ocioso.
Porque mientras el Estado enfrenta una crisis profunda de acceso a la justicia, con tribunales colapsados, personal insuficiente y procesos que tardan años en resolverse, su respuesta es… agregarle un nombre nuevo a lo que ya es ilegal.
Legislar no es descubrir el hilo negro. Es identificar vacíos reales, proponer soluciones viables y, sobre todo, no subestimar la inteligencia de los ciudadanos.
¿Qué sigue? ¿Una reforma para castigar a quienes se aprovechan de los vacíos de la ley… con otra ley que diga lo mismo?