Un día después de que se difundiera un audio en el que presuntamente la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda instruye al director de Comunicación Social del Congreso del Estado a contratar publicidad para “silenciar” a un periodista crítico, la mandataria rompió el silencio… pero no para desmentir el escándalo.
Durante su conferencia de prensa matutina, Ávila Olmeda no negó que la voz en la grabación sea suya. Ante el cuestionamiento directo de los medios, se limitó a declarar que “siempre ha sido una defensora de la libertad de expresión” y que su gobierno “respeta el trabajo de los periodistas”.
La respuesta, sin embargo, ha generado más dudas que certezas. En redes sociales y entre figuras del gremio periodístico, crecen los señalamientos de censura encubierta y uso del aparato institucional para condicionar coberturas editoriales a cambio de convenios publicitarios.
El caso se ha complicado aún más con una segunda grabación en la que el periodista Rubén Gómez —identificado como beneficiario de dicha instrucción— se escucha hablando con un interlocutor sobre cómo habría presionado a actores del Congreso para obtener recursos, y presume de haber sido favorecido tras sus reclamos.
La controversia ya escaló a nivel nacional. Organizaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) han solicitado una investigación a fondo y han advertido que este tipo de prácticas, de comprobarse, constituyen una amenaza directa a la libertad de prensa en el país.
Con esta omisión en su posicionamiento, la gobernadora abre un flanco político delicado, justo en medio de un contexto preelectoral donde la imagen pública y la relación con medios libres juegan un papel clave en la legitimidad democrática.
