La declaración del secretario de Desarrollo Económico de Baja California, asegurando que Rosarito “ya no tiene vocación turística”, no fue un desliz aislado. Fue una ventana abierta a una visión distorsionada del estado: una visión que parece acomodarse a intereses particulares antes que a la realidad productiva de Baja California.
Negar la vocación turística de Rosarito no es una simple opinión técnica. Es desconocer décadas de estructura económica consolidada. Rosarito vive del turismo, se proyecta por el turismo y forma parte del corredor turístico más dinámico del noroeste del país.
Desde hotelería, gastronomía, turismo inmobiliario, turismo médico y eventos, la actividad turística sigue siendo un pilar económico real. No se puede borrar con una declaración. No se puede sustituir por decreto.
El secretario ha intentado justificar que su apuesta es fortalecer el sector industrial para dar mayor estabilidad económica. Diversificar siempre es deseable. Pero una cosa es complementar vocaciones y otra muy distinta es desacreditar el sector que hoy sostiene miles de empleos.
Y aquí aparece el patrón.
Porque no es la primera vez que el diagnóstico del secretario parece acomodarse según conveniencia.
En Ensenada, durante una reunión con empresarios vinicultores del Valle de Guadalupe, cuando se le cuestionó por qué no se había abierto una garita en Tijuana, responsabilizó públicamente al alcalde Ismael Burgueño por supuestamente no haber otorgado permisos. Sin embargo, al confrontarse la versión, el propio ayuntamiento señaló que las gestiones necesarias ni siquiera se habían realizado, y el tema quedó resuelto en menos de 24 horas.
No fue un caso técnico. Fue un intento de trasladar responsabilidades.
Lo mismo ocurrió en un panel de Coparmex, donde acusó a los ayuntamientos de no tener reglas claras y de mantener trámites excesivos que inhiben la inversión. La crítica podría ser válida en un contexto de coordinación institucional, pero el mensaje reiterado ha sido señalar a los municipios como obstáculo, mientras los indicadores económicos del estado no muestran un repunte contundente.
En vez de construir puentes intergubernamentales, el secretario parece optar por repartir culpas.
Otro episodio revelador fue la reciente apertura del vuelo Phoenix–Tijuana. Versiones del sector indican que el secretario intentó intervenir para que la ruta se estableciera como Mexicali–Phoenix, lo que le habría permitido fortalecer indicadores propios de gestión. Sin embargo, la aerolínea optó por mantener la lógica comercial del mercado real: Tijuana es un aeropuerto internacional con mayor conectividad y peso estratégico.
El mercado corrigió lo que la política quiso forzar.
Cuando se analizan estos casos en conjunto —Rosarito, la garita, Coparmex, el vuelo internacional— la constante no es el error aislado. Es un patrón discursivo orientado a ajustar la realidad para favorecer su gestión.
Y eso sí es grave.
Porque Baja California enfrenta tensiones económicas reales, desaceleración y señales de ajuste laboral. En ese contexto, el estado necesita diagnósticos precisos, no reinterpretaciones convenientes para salvar indicadores.
El desarrollo económico exige conocimiento territorial fino. Cada municipio tiene vocaciones distintas. Rosarito es turístico. Tijuana es industrial y de servicios globales. Ensenada es agroindustrial, portuario y vitivinícola. Mexicalitiene dinámica manufacturera y agrícola. San Quintín tiene potencial primario y exportador.
Reconfigurar esa realidad desde escritorio no genera crecimiento. Genera incertidumbre.
Pero el tema de fondo no es únicamente técnico. Es político.
Kurt Honold llegó a la Secretaría de Desarrollo Económico impulsado por Carlos Torres Torres, figura central de un grupo político que ha estado bajo cuestionamientos públicos y señalamientos de corrupción. La influencia de esa dinastía no es un asunto menor dentro de la estructura de poder estatal.
Aunque el escenario político ha cambiado, aunque Carlos Torres Torres ya no tenga el mismo peso formal tras su separación de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, el secretario permanece en el cargo.
Y mientras el gobierno de Estados Unidos ha ido distanciándose de actores vinculados a ese círculo, la continuidad de Honold en una de las áreas más sensibles del gabinete económico no deja de generar preguntas.
Porque cuando un secretario acomoda la realidad económica a su versión, reparte responsabilidades a los municipios y opera con una visión que parece más política que estratégica, el problema deja de ser una declaración desafortunada.
Se convierte en un riesgo estructural.
La pérdida de empleos no se explica únicamente por factores externos. También influye la claridad del rumbo económico. Cuando el diagnóstico falla, las decisiones se vuelven erráticas. Cuando la lectura territorial es incorrecta, la política pública pierde precisión.
Rosarito no perdió su vocación turística.
La pregunta es si Baja California está perdiendo claridad estratégica en su conducción económica.
Y esa no es una discusión menor.
Es una discusión sobre rumbo.
Porque el desarrollo económico no puede construirse desde la negación de la realidad ni desde la acomodación interesada de los datos.
Se construye con diagnóstico honesto, coordinación institucional y visión integral del territorio.
Hoy el debate no es si Rosarito es turístico.
El debate es si quien conduce la política económica del estado está verdaderamente conectado con Baja California… o sólo con su propia versión de ella.