El ex gobernador Jaime Bonilla de nuevo en el banquillo de los acusados.
El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, vuelve a estar en el banquillo de los acusados. El Congreso del Estado ha reabierto el escándalo en torno a la empresa Fisamex, la cual, durante su administración, recibió más de 354 millones de pesos por auditorías de cobro de agua sin sustento técnico.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó que los organismos operadores del agua en Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada pagaron a la empresa Romafam, S.A. de C.V. (Fisamex) por auditorías que, en lugar de incluir trabajo de campo, solo contenían hojas de cálculo con fórmulas matemáticas, sin pruebas reales de consumo irregular.
A pesar de estas deficiencias, se recaudaron más de 1,810 millones de pesos, de los cuales Fisamex obtuvo el 20% como comisión. La contratación de la empresa se realizó por adjudicación directa, sin licitación pública, a pesar de que el monto del contrato lo requería.
Los abusos de Fisamex y la sombra de Bonilla
El escándalo de Fisamex no es nuevo. Durante el gobierno de Jaime Bonilla, la empresa operó bajo la excusa de “regularizar” los adeudos de agua de grandes consumidores, pero en la práctica, diversas denuncias revelaron extorsiones y cobros arbitrarios.
El entonces mandatario estatal utilizó este esquema para presionar a empresarios y justificar la recaudación de ingresos multimillonarios con base en auditorías de escritorio.
Por si fuera poco, el director de Fisamex, Manuel García Soto, protagonizó un escándalo en septiembre de 2020, cuando se filtraron videos en los que se le observa consumiendo una sustancia similar a la cocaína. En su defensa, García Soto aseguró que se trataba de un “problema del pasado”, pero las imágenes socavaron la credibilidad de la empresa y generaron indignación entre la población.
Bonilla y su historial de controversias
La reapertura del caso Fisamex es solo uno de los muchos escándalos que han perseguido a Jaime Bonilla. Su administración se caracterizó por intentos de ampliar su mandato de dos a cinco años—una maniobra declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación—y por presuntas presiones a empresarios bajo el pretexto de deudas fiscales y de servicios públicos.
Grupos empresariales han denunciado que el exgobernador operó un sistema de intimidación y cobros excesivos, aprovechando su posición para favorecer a empresas afines.
El diputado Diego Echevarría Ibarra,
El Congreso busca responsables
El diputado Diego Echevarría Ibarra, quien impulsó el nuevo exhorto al Congreso, cuestionó los pagos excesivos a Fisamex y exigió una investigación exhaustiva.
“De haberse realizado con personal interno de las comisiones estatales de agua, el costo de estas revisiones habría sido significativamente menor, incluso considerando el pago de horas extras a los empleados”, señaló el legislador.
El Congreso de Baja California ha solicitado a la ASE un informe detallado sobre las denuncias, querellas o procedimientos administrativos derivados de las auditorías de Fisamex en los ejercicios 2020, 2021 y 2022. La meta es esclarecer el uso de recursos públicos y deslindar responsabilidades.
¿Se hará justicia esta vez?
Este nuevo capítulo en la investigación del fraude del agua en Baja California podría significar un golpe a las aspiraciones políticas de Bonilla y a quienes formaron parte de su círculo cercano. Mientras las autoridades avanzan en sus indagaciones