La tarde del martes, el despacho del ex fiscal central de Baja California, Hiram Sánchez, fue blanco de un ataque incendiario con gasolina. Aunque las llamas no alcanzaron directamente las oficinas del bufete Alest Abogados, ubicado en la Zona Río de Tijuana, al menos tres vehículos estacionados resultaron gravemente afectados. El hecho reaviva los señalamientos que han perseguido al ex funcionario durante y después de su gestión.
El lugar del ataque se encuentra a escasos metros del despacho del ex fiscal general del Estado, Guillermo “Titi” Ruiz, quien fuera jefe directo de Sánchez en la Fiscalía General del Estado (FGE). Ambos despachos comparten no solo cercanía geográfica, sino también vínculos profesionales y, según diversas fuentes, intereses comunes.
Durante su paso por la FGE, Hiram Sánchez acumuló enemigos tanto del sector empresarial como del crimen organizado. El ataque incendiario parecería ser el punto de quiebre de una venganza largamente gestada. De acuerdo con versiones obtenidas por este medio, Adrián Beltrán Cabrera, alias “Pedrito”, habría ordenado la quema del despacho como represalia por un presunto incumplimiento de acuerdos por parte de Sánchez.
Según estas fuentes, el ex fiscal habría recibido 300 mil dólares para facilitar el control operativo de la policía municipal de Rosarito. El dinero presuntamente sería repartido entre él mismo, una alta funcionaria de la Fiscalía, y César Adame, hermano de la actual alcaldesa de Rosarito, Rocío Adame, con el objetivo de reprobar masivamente a los agentes policiales mediante evaluaciones manipuladas. Aunque inicialmente se planeó reprobar a toda la corporación, ante el riesgo de escándalo se optó por alterar selectivamente unos 70 exámenes.
César y Enrique Adame, hermanos de la alcaldesa, han sido señalados como operadores políticos y empresariales desde los gobiernos panistas de Kiko Vega, con negocios en Rosarito. De acuerdo con fuentes locales, controlan la adjudicación de contratos en el municipio, particularmente en materia de seguridad pública y obra pública.
Actualmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, mantiene una investigación abierta sobre estos hechos y el entorno cercano de la alcaldesa Adame, quien ya había sido cuestionada por sus vínculos familiares y decisiones administrativas en materia de seguridad.
Por otro lado, el bufete Alest Abogados, donde también participa Hiram Sánchez, ha sido señalado por ofrecer defensa legal a figuras del crimen organizado, lo que suma a la percepción de impunidad que rodea al ex fiscal.
El atentado, más allá de su efecto físico, deja al descubierto una compleja red de complicidades, corrupción institucional y violencia soterrada que amenaza con estallar en un nuevo escándalo político y judicial en el Ayuntamiento de Rosarito.
