TIJUANA, 6 de mayo de 2025. Baja California atraviesa uno de sus peores momentos en materia económica en los últimos tres años. El estado ha registrado su menor dinamismo en las actividades terciarias —sector que incluye comercio y servicios— desde el cuarto trimestre de 2021. De acuerdo con los indicadores del INEGI, el crecimiento de estas actividades fue de apenas 0.4% anual al cierre de 2024, una caída dramática en comparación con el 3.3% reportado en el mismo periodo del año anterior.
Este desplome ocurre bajo la responsabilidad directa del titular de la Secretaría de Economía e Innovación del estado, Kurt Ignacio Honold Morales, quien desde el inicio de la administración ha acumulado decisiones erráticas, falta de rumbo estratégico y una gestión marcada por el abandono de proyectos de impulso económico real. La falta de visión ha generado un deterioro estructural en la relación con el empresariado local, que en otras administraciones fungía como un motor activo de propuestas, inversión y dinamismo económico.
La economía no solo se ha estancado, sino que está retrocediendo. Desde el arranque de este sexenio, las promesas de reconversión tecnológica, atracción de inversión extranjera y fortalecimiento del ecosistema emprendedor quedaron en el discurso. En los hechos, el estado ha perdido competitividad, y los indicadores más recientes reflejan una parálisis que no puede atribuirse únicamente a factores externos.
A este panorama se suma un punto crítico: la desaparición del Fondo Empresarial para el Desarrollo Económico (FIDEM), que durante años permitió impulsar proyectos estratégicos con recursos provenientes del Impuesto sobre Nómina. Esta decisión fue tomada sin previo consenso con el sector privado, a pesar de que Baja California mantiene el ISN más alto del país, con una tasa del 4.25%. Esta carga fiscal excesiva ha sido señalada constantemente como uno de los principales obstáculos para la atracción de nuevas inversiones y para el fortalecimiento de empresas locales, que además deben operar bajo una creciente presión regulatoria y sin incentivos estatales reales.
En lugar de replantear el uso del fondo, el gobierno decidió eliminarlo de manera unilateral, rompiendo un delicado equilibrio entre recaudación y corresponsabilidad institucional. El mensaje fue claro: no habrá contrapeso técnico ni participación empresarial en la definición del rumbo económico de Baja California. Esta postura ha profundizado el distanciamiento de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda con el empresariado, generando una tensión que ya se refleja en comunicados públicos, cancelación de mesas de diálogo y una creciente movilización de cámaras y organismos intermedios para presionar al gobierno.
La narrativa oficial intenta culpar a factores externos como el comercio informal, la disponibilidad de productos de bajo costo y la nueva regulación ambiental de Estados Unidos, pero lo cierto es que mientras otros estados han reaccionado con estrategias adaptativas y políticas fiscales más inteligentes, en Baja California se optó por el inmovilismo.
El resultado es una administración sin interlocución económica real, con un secretario ausente del debate público, sin logros comprobables y con una gobernadora que empieza a asumir el costo político de no haber hecho los ajustes necesarios a tiempo. Hoy, la falta de dinamismo económico ya no es solo un tema técnico: se ha convertido en una señal clara de desgaste político e incapacidad de gestión.
El fracaso de Honold Morales es también el reflejo de un gobierno que ha decidido cerrarse a la crítica, al análisis de datos duros y al trabajo conjunto con los sectores productivos. Con indicadores a la baja, tensiones políticas al alza y una crisis de confianza en puerta, la administración estatal enfrenta un escenario de creciente vulnerabilidad, justo cuando debería consolidar resultados de cara al cierre del sexenio.
