La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras la difusión de una grabación que ha comenzado a circular en grupos de WhatsApp y medios digitales, en la que presuntamente instruye al director de Comunicación Social del Congreso del Estado para que contrate publicidad con el periodista Rubén Gómez, con el objetivo de frenar sus constantes críticas.
“Es más, es una instrucción”, se escucha decir a una voz atribuida a la mandataria, en un tono tajante que no deja lugar a interpretación. La orden, dirigida al funcionario identificado como Hugo, sería contratar directamente al periodista para evitar que siga publicando señalamientos contra su administración. La grabación agrega que el comunicador “no está pidiendo una millonada” y que “vale la pena traerlo”.
Rubén Gómez ha sido un crítico constante del actuar gubernamental y, según una segunda grabación, también filtrada, el propio periodista se jacta de haber presionado a diputados locales, usando lenguaje altisonante y presumiendo sus influencias ante la mandataria. Además, en los días posteriores a estos hechos, comenzaron a circular publicaciones inusualmente favorables hacia la gobernadora en los medios manejados por Gómez, lo que ha encendido las alertas sobre un posible conflicto de interés.
En la conversación, también se hace mención a los diputados locales José Luis Molina y Jaime Cantón, como parte de los actores políticos relacionados en esta trama, lo que sugiere un entramado más amplio de favores y control mediático.
Organizaciones civiles y asociaciones de periodistas han comenzado a exigir una investigación formal, señalando que el uso del presupuesto público para “callar” a periodistas mediante convenios publicitarios no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que constituye una práctica ilegal y profundamente antidemocrática.
Hasta el momento, ni la gobernadora ni el Congreso del Estado han emitido una postura oficial al respecto.
