
Ciudad de México, 8 de julio de 2025. — Una de las operaciones de contrabando de combustible más grandes registradas en el país ha sacado a la luz a Ingemar S.A. de C.V., empresa mexicana vinculada directamente a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, quien aparece como uno de los socios mayoritarios de la compañía.
De acuerdo con información presentada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el pasado domingo fueron asegurados 129 ferrotanques en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, con más de 15 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita. Las investigaciones apuntan a que Ingemar, junto a la comercializadora estadounidense Belar Fuels Company, falsificó documentos de importación para internar al país más combustible del autorizado, eludiendo así el pago de impuestos y regulaciones federales.
La empresa Ingemar fue constituida en 2018 con sede en la Ciudad de México, pero con operaciones relevantes en Ensenada, Baja California, ligadas a servicios portuarios. Ernesto Ruffo, primer gobernador de oposición en la historia contemporánea de México, figura como socio destacado de la firma, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre su papel en el esquema de importación ilegal.
Según documentos obtenidos por medios nacionales, Ingemar ha incurrido sistemáticamente en el uso de facturas falseadas, pedimentos de importación manipulados y documentos clonados para ocultar la verdadera cantidad de combustible importado, evadiendo millones de pesos en impuestos. Las cargas, muchas veces reportadas por debajo de los 20 mil litros, eran transportadas en tanques de más de 100 mil litros.
Además, el combustible ingresado de contrabando era almacenado en terminales de Nuevo León y Coahuila, como en la estación ferroviaria de Escobedo, donde las autoridades también incautaron millones de litros adicionales.
El impacto de estas prácticas ha generado pérdidas estimadas por más de 177 mil millones de pesos anuales al fisco mexicano, según el análisis de Petro Intelligence, quien también ha advertido que el problema va más allá de la corrupción: la falta de tecnología aduanera para inspección volumétrica hace prácticamente imposible detener el flujo constante de combustible ilegal.
Este escándalo no solo compromete a empresas nacionales y extranjeras, sino que también pone en entredicho el papel de figuras políticas históricas como Ernesto Ruffo Appel, cuyo legado podría verse empañado por su participación en uno de los esquemas de contrabando más graves detectados en los últimos años.