La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda salió esta semana a pedir “unidad partidista” y a frenar las campañas negras en redes sociales, advirtiendo que ese tipo de guerra sucia “ensucia al movimiento” y no ayuda a Morena rumbo a 2027. El mensaje fue claro: basta de golpes bajos entre quienes aspiran a una candidatura, y respeto a los tiempos y al orden institucional de cara al próximo proceso electoral.
No fue un pronunciamiento cualquiera. En 2027 se renovará la gubernatura, las siete alcaldías, el Congreso local y las diputaciones federales por Baja California, y la gobernadora sabe que la verdadera batalla se librará dentro de Morena, no frente a una oposición desfondada. Por eso anunció que hablará personalmente con cada aspirante de la 4T en el estado, llamando a la serenidad, al respeto mutuo y a evitar adelantados que quieran convertir la sucesión en un pleito público permanente.
El contexto del “regaño” viene marcado por un episodio que encendió todas las alarmas: la filtración de citatoriosemitidos por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la FEMDO, contra el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, el senador Armando Ayala, el empresario Fernando Salgado y figuras como Carlos y Luis Torres Torres. Todo derivado de una denuncia anónima que alude a presunto lavado de dinero y otros delitos federales, y que, según versiones periodísticas, alcanzaría a una veintena de personajes relacionados con la vida política y empresarial de Baja California.
Desde el primer momento, Armando Ayala no dudó en calificar el episodio como “fuego amigo”: denuncias falsas, citatorios oportunamente filtrados y una narrativa de sospecha que, en sus palabras, proviene de dentro del propio movimiento. El exalcalde porteño habló de golpes bajos, de campañas negras y de un intento por descarrilarlo a través de instrumentos judiciales y ruido mediático, justo en la antesala de la disputa por la candidatura morenista a la gubernatura.
En esa atmósfera de sospechas, todas las miradas terminaron posándose en Jesús Alejandro Ruiz Uribe. En redes sociales y corrillos políticos se le acusó de haber estado detrás de la filtración de los citatorios, usando a su equipo de comunicación para golpear tanto a Burgueño como a otros aspirantes. No se trata del primer episodio que lo coloca en el centro de la polémica: columnas locales han señalado su estilo de operar con expedientes bajo el brazo y mensajes de advertencia a adversarios internos, alimentando la percepción de un político dispuesto a jugar al límite dentro del partido.
Ruiz Uribe reaccionó con un comunicado categórico: negó haber filtrado nada, defendió a su vocero Abraham Salcido y se declaró “morenista de unidad”, asegurando que respalda al alcalde de Tijuana y confía en que su equipo jurídico aclarará la investigación federal. Al mismo tiempo, se ha presentado como víctima de una campaña de hostigamiento, señalando en entrevistas y conversaciones políticas a funcionarios y operadores que —según su versión— estarían detrás de una campaña en su contra, como ya lo hizo antes con el secretario del ayuntamiento de Tijuana, Arnulfo “Fufo” Guerrero.
En paralelo, en el plano estatal aparece la figura del secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, operador clave de la administración y, a la vez, nombre que empieza a aparecer en las quinielas rumbo a 2027. Perfilado por distintos medios como un aspirante silencioso, con trayectoria técnica y reputación de negociador discreto, Álvarez representa la vía institucional frente a la estridencia de algunos contendientes. Su presencia en el gabinete y en la mesa política lo coloca inevitablemente en la misma pista que personajes como Ruiz Uribe, aunque con estilos diametralmente opuestos.
El problema para Marina del Pilar es que su llamado a la unidad llega cuando el desgaste interno ya es evidente. Las denuncias anónimas, las versiones de investigaciones en México y en Estados Unidos contra personajes cercanos a su círculo y los señalamientos sobre contratos otorgados a aliados políticos han alimentado la narrativa de que, mientras pide que nadie se adelante ni se golpeen entre sí, el propio proyecto de gobierno carga con cuentas pendientes y zonas grisesque la oposición y los medios no han dejado de exhibir.
Mientras los caballeros se acusan de guerra sucia, las dos mujeres que suenan para la gubernatura han optado por otra estrategia: la senadora Julieta Ramírez y la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, observan con cuidado el intercambio de golpes. Julieta, además de ser una de las cartas más cercanas a la gobernadora y al grupo de Adán Augusto López, encabeza varias mediciones como favorita al interior de Morena, respaldada por su trayectoria legislativa y su narrativa generacional. Agatón, por su parte, administra un municipio complejo y construye su perfil desde la gestión local y la cercanía territorial.
Julieta Ramírez ha tomado nota del manual de Marina del Pilar: informes legislativos en varios municipios, presencia constante en medios y una agenda que combina temas de la 4T con un discurso juvenil y de derechos. Ensenada, Mexicali y Tijuana han sido el escenario de eventos que, más allá de la rendición de cuentas, funcionan como plataformas de posicionamiento rumbo a 2027. Mientras tanto, Claudia Agatón consolida su papel como alcaldesa en funciones, apostando a que, en una contienda interna marcada por escándalos y citatorios, el mejor activo será mostrarse como gobierno que resuelve y no como protagonista de pleitos internos.
La escena es clara: de un lado, un grupo de hombres convertidos en protagonistas de filtraciones, denuncias, desmarques públicos y acusaciones de fuego amigo; del otro, dos mujeres que avanzan un paso atrás del escándalo, dejando que el desgaste se acumule en los perfiles masculinos mientras ellas construyen imagen y estructuras. No es casual que, en los sondeos nacionales sobre 2027, Morena mantenga la delantera en Baja California, pero con la advertencia de que el costo de la división interna puede encarecer la sucesión.
El mensaje de Marina del Pilar, entonces, puede leerse de dos maneras: como un intento genuino por bajar la temperatura de una contienda que ya se desbordó hacia el terreno judicial y mediático, o como un movimiento reactivo para controlar daños después de que los citatorios de la FGR se convirtieron en combustible para las campañas negrasque ella misma denuncia. Lo cierto es que, mientras no se aclaren del todo las investigaciones y la ruta de esas denuncias anónimas, cada llamada a la unidad sonará más a regaño tardío que a liderazgo firme.
Porque, al final, el riesgo no está solo en quién se queda con la candidatura de Morena, sino en cómo llega ese candidato o candidata a la boleta de 2027. Si la sociedad percibe que la disputa interna se reduce a expedientes filtrados, correos anónimos y acusaciones cruzadas, la narrativa de la 4T en Baja California puede pasar de la promesa de transformación a la de una guerra de facciones. Y en ese escenario, las campañas negras no solo “ensucian el movimiento”: también alejan a una ciudadanía que espera respuestas en seguridad, economía y gobernabilidad, no otra temporada de fuego amigo.