Baja California atraviesa una guerra de encuestas marcada por la proliferación de ejercicios de medición sin rigor metodológico, promovidos por empresas improvisadas que ofrecen resultados a la carta para inflar aspiraciones políticas rumbo a la sucesión de 2027. Más que medir opinión pública, estas encuestas buscan fabricar percepción.
En las últimas semanas han circulado múltiples estudios sin ficha técnica clara, sin levantamiento verificable y sin antecedentes de seriedad, que se replican en redes sociales con gráficos idénticos y narrativas calcadas. El patrón es evidente: encuestas que no informan, sino que empujan posicionamientos artificiales.
El caso más evidente es el de la diputada Eva Moreno, quien en la última semana apareció encabezando una docena de encuestas distintas, todas con los mismos números, los mismos porcentajes y el mismo orden de preferencia, colocándola supuestamente al frente de las preferencias por la gubernatura. Ningún otro estudio serio, local o nacional, refleja ese escenario.
La coincidencia absoluta entre encuestas que dicen provenir de distintas casas resulta estadísticamente inverosímil y refuerza la percepción de una operación coordinada de posicionamiento, más cercana a una estrategia de propaganda que a un ejercicio real de medición ciudadana.
Este fenómeno ocurre en un contexto político particularmente sensible. El pasado fin de semana, durante su visita a San Quintín, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, mostró una visible molestia contra legisladores y políticos de Baja California, a quienes reprochó estar más enfocados en la sucesión de 2027 que en cumplir con sus responsabilidades públicas.
El mensaje presidencial fue directo, público y sin matices. La escena se convirtió en noticia nacional y fue leída como una llamada de atención a quienes hoy destinan más tiempo a encuestas, grillas internas y posicionamientos personales que al trabajo en territorio.
En este clima de encuestas a modo también han sido involucrados Ismael Burgueño, Alfredo Álvarez, secretario general de Gobierno del Estado, Julieta Ramírez, Fernando Castro Trenti y Jesús Alejandro Ruiz Uribe, cuyos nombres aparecen de forma recurrente en distintos ejercicios, aunque con variaciones abruptas y sin consistencia técnica.
La constante es la misma: encuestas sin metodología transparente que aparecen y desaparecen, pero que cumplen su función de generar ruido, presión política y percepción de competencia adelantada, aun cuando la realidad social no las respalda.
Analistas advierten que esta dinámica no solo distorsiona la conversación pública, sino que debilita la credibilidad de la medición electoral, mezclando aspiraciones reales con construcciones artificiales que terminan afectando al propio sistema político.
El caso de Eva Moreno ilustra con claridad esta práctica: muchas encuestas, mismos números, mismo relato y una narrativa que no encuentra sustento en estudios serios ni en trabajo territorial visible.
El regaño presidencial en San Quintín marcó un punto de inflexión. Para muchos, fue una señal de que la sucesión adelantada y la simulación política tienen límites, y que la prioridad debe volver al cumplimiento de las funciones públicas.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo una escena donde la política parece disputarse más en gráficas diseñadas para redes sociales que en resultados concretos. La guerra de encuestas sigue, pero también crece la pregunta incómoda: ¿quién está midiendo a la gente y quién solo está inflando su reflejo en el espejo?