En Baja California ya nada sorprende, pero todo tiene su estilo. La moda que ahora se impone entre los operadores de poder es la “denuncia anónima”, ese recurso tan cómodo como útil que permite sembrar duda sin dar la cara, instalar sospechas sin pruebas y, de paso, desestabilizar al adversario. La estrategia es elegante por lo cínica: basta con un papel sin firmar para activar a las instituciones, exhibir a los protagonistas en medios y lograr que el daño esté hecho antes de que se aclare el motivo.
Así le pasó a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, citada por Sindicatura tras una denuncia anónima que la acusaba de omitir información en su declaración patrimonial. No se trató de una investigación discreta ni de una revisión técnica; se trató de una comparecencia mediática que se encargó de convertir una omisión administrativa en un juicio de honor. Al final, la exalcaldesa asistió, entregó documentos y mostró una vez más su resistencia. Pero la marca ya estaba en el expediente político.
La historia no acabó ahí. Apenas semanas después, el alcalde en funciones, Ismael Burgueño, fue requerido por la Fiscalía General de la República por otra denuncia anónima, esta vez por un presunto esquema de lavado de dinero. La acusación salpicaba a más de veinte personas de su círculo cercano, según trascendidos, y el citatorio se filtró como si se tratara de una sentencia. A partir de ese momento, el escándalo tomó forma sin que nadie supiera con precisión de qué lo acusan.
Y es que el anonimato funciona mejor cuando la maquinaria mediática está aceitada. Lo que no se dice, se sugiere. Lo que no se comprueba, se publica. Y lo que no se investiga, se convierte en narrativa. En ese terreno, no importa tanto la verdad como la versión que circula. El fuego amigo, disfrazado de legalidad, encontró en las denuncias anónimas el arma perfecta para disfrazar vendettas, reacomodos o advertencias.
Lo interesante es que ambos personajes, Caballero y Burgueño, forman parte del mismo universo político. Comparten origen partidista, han estado en la misma boleta electoral y, en algún momento, compartieron proyecto. Pero los tiempos cambian y la contienda por la sucesión estatal ya está en marcha. Quien molesta, quien estorba, quien se perfila, es susceptible de ser “anónimamente denunciado”. Y quien tiene pasado, como casi todos en política, es potencialmente vulnerable.
En ese contexto, lo menos relevante es si la denuncia es cierta o falsa. El objetivo no es procesar, sino exhibir. El procedimiento no busca justicia, sino desgaste. Y el mensaje es claro: nadie está a salvo, ni siquiera los aliados. Especialmente los aliados. La lógica de la purga avanza silenciosa, con firmas invisibles pero efectos devastadores. Una cosa es que el poder se administre, y otra que se reparta con resentimiento.
La paradoja es brutal: quienes antes aplaudieron la revisión minuciosa al pasado ajeno, ahora se rasgan las vestiduras cuando el reflector apunta hacia ellos. Quien promovió el linchamiento digital como estrategia, ahora exige presunción de inocencia. Y quien creyó que el anonimato era herramienta del pueblo, descubre que también puede ser bisturí de los suyos. El que a hierro mata…
En el fondo, esta práctica tiene un nombre: guerra sucia institucionalizada. Se reviste de legalidad, se ejecuta con sigilo y se difunde con precisión quirúrgica. El daño es inmediato, aunque la resolución tarde años o nunca llegue. Y lo más grave es que normaliza la idea de que el poder se ejerce no desde el gobierno, sino desde las cloacas. Que no gana quien tiene más propuestas, sino quien tiene más expedientes guardados.
Por eso, más que defenderse con discursos, los actores involucrados deberían hacer una pausa y revisar las reglas no escritas del juego que ayudaron a construir. Si hoy los denuncia el silencio, es porque ayer aplaudieron la opacidad. Si hoy exigen garantías, es porque ayer las negaron. La política no olvida. Sólo espera.
Este nuevo episodio confirma lo que ya muchos sospechan: la sucesión en Baja California no será un duelo de proyectos, sino una guerra de expedientes. Y en esa guerra, los “anónimos” son tan protagonistas como los candidatos. El fuego ya comenzó. Y si alguien pensó que bastaba con alinearse para estar a salvo, hoy sabe que también los aliados sangran.
Al final, la ciudadanía asiste como espectadora a un espectáculo donde los actores se acusan entre sí, pero nadie responde al público. Y mientras la atención está puesta en las filtraciones, los verdaderos problemas —la seguridad, la movilidad, la pobreza— siguen sin respuesta.
Quien siembra denuncias, cosecha caos. Y quien juega con fuego, se quema. Porque en política, el que a hierro mata…