En los grupos de WhatsApp y Telegram de Baja California comenzó a circular un organigrama que, más allá de su manufactura amateur, revela el clima político enrarecido rumbo al 2027. El gráfico titulado “Cartel Político PRI-AN B.C.” coloca en el centro a Jorge Ramos, mientras a su alrededor aparecen figuras como Arturo Pérez Bher, Castro Trenti, Ruiz Uribe y René Mendívil. La pieza intenta dibujar una estructura clandestina que operaría, según la acusación implícita, para intervenir en la contienda por la gubernatura.
Aunque el documento no parte de una fuente verificable, sí captura una percepción que ha ganado terreno: la idea de que varios personajes del viejo régimen están buscando reposicionarse a través de maniobras que mezclan guerra sucia, denuncias anónimas y financiamiento opaco. La presencia de Arturo Pérez Bher como supuesto “financiero” alimenta una narrativa recurrente en Tijuana, donde su nombre reaparece cada cierto tiempo vinculado a operaciones cuestionadas.
La inclusión de Castro Trenti y Ruiz Uribe en el mismo mapa es una lectura que mezcla pasado y presente. Ambos han buscado espacios de influencia dentro de Morena a pesar de sus antecedentes previos, y su aparición conjunta en el organigrama ha sido interpretada como una provocación calculada para reabrir viejas tensiones entre grupos.
Una de las partes más llamativas del gráfico es el recuadro marcado como “Encargados de Difusión”, donde aparecen Hugo Alfredo Hinojosa, Miguel Torres y Abraham Salcido. Los tres han sido mencionados en conversaciones digitales como amplificadores de campañas mediáticas, lo que sugiere que la guerra de percepción se ha convertido en un eje central de la disputa rumbo a 2027.
También destaca la mención a la Fiscalía General de la República, insinuando que detrás de las recientes denuncias anónimas podría haber una operación política para desgastar a ciertos actores. La simple pregunta en rojo —“¿Denuncia Anónima?”— funciona como un insinuado dardo narrativo que busca conectar lo judicial con la grilla electoral.
En la parte inferior aparece la lista de quienes serían, según el gráfico, los supuestos “objetivos a perjudicar para 2027”: Armando Ayala, Julieta Ramírez, Alfredo Álvarez, Evangelina Moreno, Ismael Burgueño y Claudia Agatón. No son perfiles al margen del movimiento: se trata de figuras de Morena, todas con trayectoria en la 4T y, sobre todo, con el respaldo político de la gobernadora Marina del Pilar, cuyo peso en la sucesión estatal será determinante.
La pregunta importante no es si el gráfico es real, sino qué representa. El clima político del estado está entrando en una fase donde la disputa ya no es solo territorial, sino profundamente narrativa. Lo que circula en redes refleja el nivel de sofisticación —o desesperación— con el que algunos grupos buscan instalar percepciones antes del arranque formal de los procesos internos.
El impacto de este tipo de piezas es doble: alimentan la conversación pública y funcionan como advertencias simbólicas hacia dentro de los equipos políticos. Estos organigramas filtrados suelen tener la intención más de intimidar que de describir, pero su ruido se convierte en combustible para medios, comunicadores y operadores territoriales.
También es un recordatorio de que la guerra sucia en Baja California ha cambiado de envoltorio, pero no de fondo. El diseño semiprofesional no oculta la intención: proyectar la idea de una coalición opositora en movimiento, activa y dispuesta a usar cualquier herramienta para minar a quienes encabezan las preferencias internas de Morena.
Lo que deja claro este episodio es que la batalla por la narrativa será tan decisiva como la batalla operativa. Y en ese terreno, quienes logren mantener cohesión, disciplina y claridad estratégica —como el grupo cercano a la gobernadora Marina del Pilar— tendrán ventaja frente a una oposición que apuesta más al ruido que a la estructura.