El reciente fallo judicial que declaró culpable al profesor Esteban Canchola por “omisión de auxilio” tras la muerte del niño Martín Damián ha generado una ola de indignación en redes sociales y entre diversos sectores del magisterio. Pero más allá del escándalo por la sentencia, lo que este caso ha revelado es una preocupante cadena de negligencias médicas, encubrimientos institucionales y vínculos políticos que apuntan directamente al corazón del gobierno de Baja California.
Martín Damián, estudiante de primaria, sufrió un accidente en su escuela en Mexicali el pasado 30 de octubre de 2023. Se golpeó la cabeza durante una actividad física y, de inmediato, el profesor Esteban activó el protocolo correspondiente: notificó a la dirección escolar y al padre del menor. El niño fue llevado a una clínica privada, la Clínica de Especialidades Internacional, donde fue revisado por personal médico que determinó que no presentaba signos de gravedad.
Sin embargo, horas después, el menor presentó vómito en proyectil, un síntoma que especialistas reconocen como indicador de posible hemorragia cerebral. La clínica, lejos de activar un protocolo de emergencia o solicitar una tomografía, permitió que el menor regresara a casa. Esa misma noche, Martín falleció.
Lo que pudo haber sido una tragedia médica terminó convirtiéndose en una historia de manipulación institucional. A pesar de que el maestro cumplió con su deber, la Fiscalía del Estado decidió imputarle cargos, mientras ninguno de los médicos o responsables de la clínica fue llamado a declarar ni investigado formalmente. La Comisión de Arbitraje Médico tampoco emitió sanción alguna: recibió un expediente incompleto y sin las observaciones clave que alertaban sobre la gravedad del menor.
Las sospechas no tardaron en surgir. El propietario de la clínica donde fue atendido Martín es padre del actual Oficial Mayor del Gobierno de Baja California, una de las figuras más cercanas al equipo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Esta relación familiar ha levantado severas acusaciones de encubrimiento, manipulación de expedientes clínicos y obstrucción de la justicia.
Mientras el maestro enfrentaba una campaña judicial y mediática que lo retrataba como negligente, en redes sociales se desataban las muestras de apoyo con el hashtag #YoSoyEsteban. Compañeros docentes, padres de familia y ciudadanos comenzaron a preguntarse por qué el sistema judicial apuntaba contra el eslabón más débil de la cadena mientras protegía a quienes tenían vínculos con el poder político.
“Es un caso clarísimo de criminalización del magisterio. El maestro siguió el protocolo, no puede ser responsable de una negligencia médica. Pero había que encontrar a un culpable, y fue más fácil sacrificar a un profesor que tocar a una clínica conectada al gobierno”, denunció uno de los abogados del docente durante una entrevista a medios nacionales.
La narrativa oficial, promovida por la Fiscalía y respaldada de manera indirecta por el silencio del gobierno estatal, ha comenzado a colapsar ante la presión social. El abogado defensor ha solicitado que se reabra la carpeta médica completa y que se exijan responsabilidades a la clínica. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha mostrado interés en investigar a fondo.
Para la administración de Marina del Pilar, este caso se suma a una lista creciente de escándalos relacionados con corrupción, abuso de poder y manejo opaco de la justicia. Lo que comenzó como un accidente escolar ha terminado por convertirse en símbolo del descontento ciudadano ante un sistema que parece proteger a los suyos mientras castiga a los inocentes.
Especialistas en salud y educación coinciden en que el caso revela fallas estructurales: falta de personal médico en escuelas, protocolos de atención inadecuados y una total desconexión entre el sector educativo y el sistema de salud. “A ningún niño lo deberían enviar a su casa sin una evaluación completa si ha recibido un golpe en la cabeza. Aquí lo que mató al menor fue la omisión médica”, señala un médico urgenciólogo consultado por este medio.
El juicio contra Esteban Canchola se ha convertido, por tanto, en un juicio al propio sistema. Un sistema donde las responsabilidades se diluyen cuando hay influencias políticas de por medio. Donde las instituciones encargadas de vigilar la ética médica —como la Comisión de Arbitraje Médico— operan con ceguera selectiva. Y donde la justicia es más severa con quien menos poder tiene.
El próximo paso será la audiencia de sentencia, donde el profesor podría enfrentar hasta tres años de prisión. Mientras tanto, la familia de Martín Damián sigue sin obtener una explicación clara sobre lo que ocurrió en la clínica y por qué las autoridades han protegido con tanto empeño a quienes lo atendieron mal.
En Mexicali, la comunidad docente ha convocado a una manifestación pacífica para exigir justicia y la revisión del caso. Las pancartas no solo piden la libertad del maestro, sino que repiten una consigna que ya comienza a viralizarse: “No fue el maestro, fue la omisión del sistema”.
En este contexto, el gobierno de Baja California guarda silencio. La gobernadora, cuestionada por medios locales, se limitó a decir que “no se está protegiendo a nadie”, sin ofrecer detalles sobre una posible investigación a la clínica o a los funcionarios relacionados.
Este silencio institucional se interpreta como una forma de encubrimiento. Para muchos ciudadanos, lo que ocurre en este caso es una muestra más de cómo la impunidad opera cuando hay intereses políticos y familiares en juego. Y cómo el costo de esos pactos lo pagan siempre los más vulnerables: un niño, su familia y un maestro que hoy lucha por no perder su libertad.