El Congreso de Baja California se encuentra hoy en el centro de una discusión nacional que lo rebasa por completo. No es una polémica local, ni un pleito entre partidos, ni una guerra de declaraciones. Es un debate mucho más incómodo: la relación entre lo que cuesta el poder legislativo y lo que realmente produce para la sociedad. Y en esa conversación el Congreso bajacaliforniano no quedó precisamente bien parado.
La paradoja es evidente. Mientras se abre este debate sobre la rentabilidad política y el costo del poder legislativo, muchos de los actuales legisladores —no uno, ni dos, ni tres, sino varios de ellos— ya empiezan a moverse con la mirada puesta en el proceso electoral de 2027. Algunos quieren alcaldías, otros diputaciones federales, otros incluso empiezan a mencionar posiciones más altas. El problema es que todos cargan con la misma etiqueta pública: forman parte del Congreso más caro del país.
La cifra que detonó la polémica es brutal. El Congreso del Estado de Baja California opera con un presupuesto cercano a 871.6 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 34.8 millones de pesos al año por cada diputado local. La comparación nacional resulta devastadora: en estados como Colima, el costo por legislador ronda los 5 millones de pesos anuales. Es decir, Baja California terminó convertido en el ejemplo perfecto de cómo un poder legislativo puede inflarse hasta volverse desproporcionado.
Y lo peor no es sólo cuánto cuesta el Congreso. Lo verdaderamente incómodo es qué produce con ese presupuesto. Porque cuando un poder legislativo consume tantos recursos públicos, lo mínimo que espera la ciudadanía es productividad, debates relevantes, reformas profundas o control político efectivo. En cambio, lo que se percibe es otra cosa: una estructura legislativa pesada, con mucha burocracia y poco impacto real en la vida de los ciudadanos.
El Congreso de Baja California está integrado por 25 diputados, una estructura que en teoría debería representar la pluralidad política del estado. Sin embargo, en la práctica el poder legislativo se ha convertido en uno de los espacios más cuestionados por la opinión pública. No por su ideología ni por su color partidista, sino por algo mucho más simple: su costo y su escasa utilidad política.
Fue en ese contexto cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso el tema sobre la mesa en una de sus conferencias de prensa. Su planteamiento fue directo: los recursos que hoy se consumen en estructuras legislativas deberían destinarse a agua potable, drenaje, pavimentación y obra pública. Incluso utilizó como ejemplo a San Quintín, uno de los municipios con mayores rezagos del país, donde ese dinero podría tener un impacto real en la vida de miles de personas.
El señalamiento tuvo un efecto inmediato. Porque cuando desde la Presidencia de la República se coloca a un Congreso estatal como símbolo de gasto excesivo, la discusión deja de ser un asunto interno. Se vuelve un tema nacional. Y lo más delicado es que la crítica no distingue partidos, bancadas ni colores políticos. Es un cuestionamiento directo a todo el sistema legislativo del estado.
Y eso tiene consecuencias políticas hacia el futuro inmediato. Porque cualquier diputado federal de Baja California que hoy esté pensando en competir por un cargo de elección popular en 2027 tendrá que cargar con esa percepción pública. La conversación empieza a cambiar de eje: ya no se trata sólo de quién aparece más en eventos o quién presume más iniciativas. La pregunta empieza a ser mucho más incómoda: ¿qué hicieron realmente los legisladores por el estado mientras manejaban uno de los Congresos más caros de México?
Ahí es donde aparece la otra gran contradicción del momento. Mientras en el país se debate la eliminación o reducción de diputados plurinominales, varios legisladores federales de Baja California se han sumado al discurso reformista con una convicción que raya en la ironía política.
El caso más evidente es Fernando Castro Trenti, hoy diputado federal. Castro Trenti llegó a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, es decir, gracias al sistema de representación proporcional que ahora algunos quieren reducir o eliminar. En términos políticos, la escena resulta difícil de ignorar: beneficiarse de un modelo y después presentarse como su verdugo.
La contradicción también alcanza a Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, diputada federal por Baja California, cuya carrera legislativa también ha pasado por mecanismos de representación proporcional. La crítica no está en su trayectoria política, sino en la incongruencia evidente: quienes crecieron dentro del sistema ahora pretenden posar como los grandes reformadores del sistema.
Este tipo de episodios explica por qué la percepción pública sobre la política legislativa en Baja California se ha deteriorado tanto. No es sólo una discusión de números o de presupuesto. Es una discusión de credibilidad política. Porque cuando el discurso público se construye sobre la idea de eliminar privilegios, lo mínimo que espera la ciudadanía es congruencia.
El señalamiento presidencial terminó abriendo una conversación más profunda: el problema del Congreso de Baja California no es sólo cuánto cuesta, sino lo poco que pesa políticamente. Un poder legislativo que debería ser un contrapeso institucional terminó convertido, en la percepción pública, en una estructura costosa con poca capacidad para marcar la agenda estatal.
Y en política, cuando un actor institucional cuesta demasiado y aporta poco, deja de ser activo y se convierte en pasivo. Deja de ser carta y se vuelve lastre.
Por eso el comentario de Claudia Sheinbaum resonó más fuerte de lo que muchos imaginaban. Porque no fue una crítica ideológica ni partidista. Fue algo más simple y más devastador.
Fue poner sobre la mesa la pregunta que muchos ciudadanos llevan años haciéndose:
¿cómo es posible que tengamos uno de los Congresos más caros del país… y uno de los menos útiles para la gente?
Y cuando esa pregunta se instala en la conversación pública, la conclusión popular suele ser igual de brutal.
Que después de costar tanto, parece que no sirven para una chingada.