Ensenada.– Una propuesta de reforma legislativa para regular los incrementos en los precios de renta de vivienda en Baja California ha generado rechazo entre agentes inmobiliarios del estado, quienes advierten afectaciones directas al desarrollo del sector.
Durante su participación en la Asamblea Estatal del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (CEPIBC), el diputado local Jaime Cantón Rocha defendió su iniciativa de ley que busca establecer que los incrementos anuales en los arrendamientos no excedan el índice inflacionario.
Aseguró que la medida tiene un enfoque social orientado a proteger a sectores vulnerables, en particular a jóvenes que aún viven en casas de sus padres, así como a familias de ingresos medios y bajos. La iniciativa contempla además la notificación obligatoria con al menos tres meses de anticipación en caso de aumento de renta, un registro estatal de viviendas en renta y la formalización de contratos para garantizar los derechos de los inquilinos.
“No se trata de imponer precios, sino de evitar prácticas abusivas al momento de renovar contratos. El mercado seguirá operando bajo oferta y demanda”, dijo Cantón Rocha ante la directiva del CEPIBC encabezada por Fermín Kim King.
Sin embargo, la respuesta del gremio fue tajante. Representantes del sector inmobiliario advirtieron que la propuesta desincentivaría la inversión en vivienda para renta y trasladaría al sector privado una responsabilidad que, aseguran, corresponde al Estado.
Plantearon alternativas como que el gobierno destine recursos públicos para subsidiar rentas o ampliar la oferta de vivienda social directamente, en lugar de condicionar al sector privado. Además, pidieron agilizar los procesos de desahucio mediante reformas al Código Civil, argumentando que los juicios actuales se extienden por años y afectan a propietarios que muchas veces dependen de esas rentas para subsistir.
“La mayoría de los propietarios no son grandes empresarios, son adultos mayores que viven de ese ingreso. Además, un porcentaje considerable de las rentas anuales se va en reparar los daños que dejan los inquilinos”, advirtieron.
Pese al rechazo, el legislador reiteró su disposición al diálogo con el gremio inmobiliario y reconoció su labor en la profesionalización del sector. Cantón Rocha también mencionó que entre 2010 y 2020, el número de personas que viven en renta aumentó en un 80%, lo cual —dijo— obliga a repensar el modelo actual para garantizar el acceso a vivienda digna.
Finalmente, destacó que el Gobierno del Estado contempla 100 mil acciones de vivienda social, de las cuales, aseguró, ya se han concretado 39 mil.
La discusión continuará en el Congreso, donde el legislador prometió incorporar las observaciones del sector para perfeccionar la propuesta.