A 52 días del aseguramiento de una fuerte cantidad de dinero en efectivo en la garita internacional, la diputada local de Baja California, Alejandra Ang, enfrenta una fase crítica del proceso legal estadounidense que podría definir si los recursos regresan a sus manos o pasan definitivamente a poder del gobierno de Estados Unidos.
El incidente ocurrió el 5 de enero de 2026, cuando autoridades fronterizas detectaron que la legisladora cruzaba con efectivo superior al límite de 10 mil dólares que obliga a declarar ante la autoridad aduanal. La omisión de ese requisito activó un procedimiento de aseguramiento bajo normas federales diseñadas para combatir operaciones financieras irregulares.
Desde entonces han transcurrido exactamente 52 días, y el expediente entra en una zona sensible porque la legislación estadounidense impone plazos estrictos dentro del esquema conocido como civil asset forfeiture (decomiso civil).
Este procedimiento está regulado principalmente por el Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA), contenido en el código federal 18 U.S.C. § 983, así como por disposiciones aduanales complementarias como el 19 CFR §162.92. Estas normas establecen tiempos claros tanto para la autoridad como para el propietario del dinero.
La ley señala que el gobierno tiene hasta 60 días desde la fecha del aseguramiento para emitir formalmente la notificación de decomiso (“Notice of Seizure”). En este caso, ese límite se cumple alrededor del 6 de marzo de 2026. Es decir, el proceso está a días de alcanzar el punto donde el reloj legal adquiere mayor presión.
Una vez enviada la notificación, la persona involucrada dispone generalmente de 30 a 35 días para presentar una reclamación formal y disputar el decomiso. Si no se presenta esa reclamación dentro del plazo, el dinero puede pasar a decomiso administrativo definitivo sin necesidad de que exista acusación penal.
Este detalle es clave: en el sistema estadounidense, el gobierno no necesita probar que el dinero proviene de un delito; basta con que el propietario no logre demostrar plenamente su origen lícito dentro del tiempo establecido. La carga de la prueba recae completamente en quien busca recuperar los recursos.
Aquí aparece el segundo elemento que vuelve el caso políticamente delicado. La diputada declaró que el dinero provenía de “ahorros personales”, pero hasta ahora no se ha presentado públicamente documentación concreta que respalde esa afirmación. En términos jurídicos, hablar de ahorros es insuficiente si no se acredita con trazabilidad financiera clara y comprobable.
Estados de cuenta, contratos, comprobantes fiscales o documentos de venta son el tipo de pruebas que suelen exigirse en este tipo de procedimientos. Sin ese respaldo, el proceso puede inclinarse hacia la pérdida definitiva del dinero.
El silencio posterior también alimenta interrogantes. No hay posicionamientos recientes, no hay explicación pública sobre si la notificación ya fue recibida ni confirmación de que el proceso esté en fase de litigio. En política, la ausencia de información suele convertirse en terreno fértil para la especulación.
El caso adquiere mayor impacto por el perfil de la involucrada. No se trata de una ciudadana anónima, sino de una diputada con responsabilidades públicas y exposición mediática. La imagen de una legisladora retenida en frontera con efectivo no declarado inevitablemente genera desgaste reputacional.
En el entorno político de Baja California, donde las narrativas se amplifican con rapidez, un proceso legal abierto en Estados Unidos no es un tema menor. Aunque el decomiso civil no implica culpabilidad penal, sí coloca al dinero bajo sospecha administrativa hasta que se demuestre lo contrario.
A 52 días del aseguramiento, el expediente entra en una cuenta regresiva real. Si la notificación formal ya fue emitida, el margen para defender el dinero podría estar corriendo. Si está por emitirse, el punto de presión está a días de activarse.
La pregunta de fondo ya no es sólo jurídica, sino política: ¿podrá la diputada acreditar plenamente el origen del dinero antes de que el reloj legal se cierre, o este episodio terminará convirtiéndose en una pérdida económica definitiva y en una sombra persistente dentro de su trayectoria pública?
El tiempo, en el sistema estadounidense, no se detiene. Y cuando se trata de decomisos federales, cada día cuenta.