Primero fue Marina del Pilar. Después su esposo, Carlos Torres. Luego comenzaron a aparecer alcaldes, funcionarios, legisladores, exgobernadores y personajes vinculados al poder político mexicano. Ahora la historia llegó hasta Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuando una cadena de cancelaciones alcanza desde la gubernatura de Baja California hasta el corazón de la familia política más poderosa de México, resulta bastante difícil seguir diciendo que aquí no pasa nada.
Lo ocurrido con Andy López Beltrán vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que lleva más de un año flotando sin respuesta: ¿qué sabe Estados Unidos de una parte de nuestra clase política que los mexicanos todavía no sabemos?Porque una visa cancelada puede ser un asunto administrativo. Dos también. Pero cuando Reuters ha documentado que Washington ha retirado visas a decenas de políticos y funcionarios mexicanos, el argumento de la simple casualidad comienza a quedarse bastante corto.
Para nosotros la historia empezó muy cerca. En mayo de 2025, Carlos Torres Torres informó que el gobierno de Estados Unidos le había retirado la visa. Poco después, la gobernadora Marina del Pilar Ávila confirmó que exactamente lo mismo había ocurrido con la suya. La noticia cayó como bomba en Baja California y rápidamente trascendió las fronteras del estado.
La explicación oficial fue prácticamente la misma que después escucharíamos una y otra vez: desconocemos las razones. Estados Unidos tampoco las hizo públicas. Y jurídicamente hay que dejar algo perfectamente claro: la cancelación de una visa no demuestra la comisión de un delito, no constituye una acusación penal y mucho menos equivale a una sentencia. Eso no está a discusión.
Lo que sí está a discusión es el contexto. Porque Washington no comenzó a cerrarle la puerta solamente a ciudadanos comunes. Con el paso de los meses empezaron a conocerse casos de personajes vinculados directamente con el ejercicio del poder público mexicano. Alcaldes, funcionarios, legisladores y exgobernadores comenzaron a aparecer en una lista que oficialmente nadie publica completa.
Ahí encontramos al alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim, quien confirmó la cancelación de su visa. También al exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo. En Baja California apareció posteriormente el caso del alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino, y también el episodio relacionado con la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, después de que su esposo, Luis Samuel Guerrero, enfrentara problemas con su documentación al intentar ingresar a Estados Unidos.
También se conocieron casos como el de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien se desempeñaba en un área particularmente sensible: Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas. Y así, nombre tras nombre, aquello que inicialmente podía venderse como un incidente aislado comenzó a adquirir dimensiones mucho más difíciles de minimizar.
Hasta que llegó el dato que cambió completamente la lectura del asunto. Reuters reveló que el gobierno estadounidense había revocado visas a por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos. Cincuenta. No cinco. No diez. Por lo menos cincuenta. Y la mayoría de sus nombres no han sido revelados públicamente.
Ahí es donde esta historia se vuelve realmente incómoda. Porque más de 50 cancelaciones relacionadas con integrantes de la vida pública mexicana difícilmente pueden reducirse a la explicación simplona de que Estados Unidos hace con sus visas lo que quiere. Claro que puede hacerlo. Es su territorio, son sus documentos y sus leyes. Pero nosotros también podemos preguntar qué demonios está pasando.
Y cuidado: preguntar no significa acusar. No sabemos si detrás de cada cancelación existen razones migratorias, políticas, de seguridad, administrativas o información proveniente de alguna investigación. Tampoco podemos meter a todos los afectados en el mismo costal. Precisamente porque Washington mantiene bajo reserva las causas individuales es irresponsable convertir una visa retirada en certificado automático de culpabilidad.
Pero una cosa es respetar la presunción de inocencia y otra muy diferente hacerse los ingenuos.
Estados Unidos ha endurecido de manera evidente su relación con México en materia de narcotráfico, seguridad fronteriza, lavado de dinero y posibles vínculos entre organizaciones criminales y estructuras políticas. La administración de Donald Trump ha convertido estos asuntos en temas centrales de su relación con nuestro país. Y es dentro de ese ambiente donde se está produciendo esta cascada de cancelaciones.
Entonces llegamos a Andrés Manuel López Beltrán. Andy no es cualquier militante de Morena. Es hijo de Andrés Manuel López Obrador, fundador del movimiento que transformó completamente el mapa político nacional y expresidente que continúa conservando un enorme peso simbólico dentro de la llamada Cuarta Transformación. La cancelación de su visa, por lo tanto, inevitablemente adquirió una dimensión distinta.
Pero este viernes 14 de agosto ocurrió algo todavía más importante. La presidenta Claudia Sheinbaum salió públicamente a cuestionar la decisión estadounidense. Consideró que la cancelación tiene un “sentido político” y lanzó un reclamo perfectamente entendible: si Estados Unidos tiene algún señalamiento contra López Beltrán, entonces que presente las pruebas.
Y sí.
Que las presente.
Si Washington posee pruebas de la comisión de algún delito por parte de Andy López Beltrán, que las presente ante las autoridades correspondientes. Si existe una investigación, que siga los procedimientos legales. Y si no existe absolutamente nada y estamos solamente frente a una determinación migratoria o política, también debe quedar perfectamente establecido. Nadie debería ser condenado públicamente por una visa.
Pero la declaración de Sheinbaum deja abierta otra pregunta bastante más incómoda: ¿por qué la exigencia de explicaciones adquiere semejante fuerza ahora que la medida alcanzó al hijo de López Obrador? Cuando Marina del Pilar perdió la visa, el país escuchó durante semanas que Estados Unidos tenía derecho a decidir quién entraba a su territorio. Después aparecieron más funcionarios. Y más alcaldes. Y más políticos.
No vimos entonces al gobierno mexicano subir de esta manera el tono frente a Washington. Ahora que la puerta se cerró frente a un López Obrador, el asunto adquiere “sentido político” y se exigen pruebas. Está bien. Pero entonces que la vara sea exactamente la misma para todos. Para Andy, para Marina, para los alcaldes, para los funcionarios, para los opositores y para los oficialistas.
Porque si algo debería preocuparnos de toda esta historia no es si nuestros políticos pueden ir de compras a San Diego, pasar el fin de semana en California o tomarse vacaciones en Estados Unidos. El problema es otro: la opacidad. No sabemos quiénes integran la lista completa. No conocemos las razones específicas de la mayoría de las cancelaciones. Y tampoco sabemos cuánto conoce realmente el gobierno mexicano sobre las decisiones que está tomando Washington.
Y ahí aparece la pregunta que quizá nadie quiere formular en voz demasiado alta: ¿cuántos faltan? Si públicamente conocemos solamente una parte de los nombres y existen reportes de por lo menos medio centenar de políticos y funcionarios afectados, significa que hay personajes de la vida pública mexicana cuya situación migratoria con Estados Unidos todavía desconocemos.
Marina del Pilar parecía en mayo de 2025 el centro de una tormenta política extraordinaria. Hoy sabemos que su caso terminó formando parte de una historia mucho más grande. Más de un año después, esa historia llegó hasta Andrés Manuel López Beltrán y provocó que la propia presidenta de México exigiera explicaciones a Estados Unidos. El círculo creció demasiado como para seguir tratándolo como una colección de incidentes personales.
Perder una visa no convierte a nadie en delincuente. Hay que repetirlo cuantas veces sea necesario. Pero tampoco podemos pretender que la decisión de Washington de cerrarles la puerta a decenas de integrantes de la clase política mexicana carezca de relevancia. Una democracia también se construye haciendo preguntas incómodas, particularmente cuando las respuestas se esconden detrás de la palabra “confidencial”.
Así que sí, presidenta: que Estados Unidos presente pruebas cuando tenga acusaciones que formular. Pero que la exigencia de transparencia sea pareja y no aparezca solamente cuando el apellido involucrado es López Obrador. Porque desde Marina del Pilar hasta el hijo del político más poderoso del México contemporáneo, la lista sigue creciendo mientras las explicaciones siguen escaseando.
Washington sabe por qué cancela las visas. Los afectados saben que Estados Unidos les cerró la puerta. El gobierno mexicano sabe que el asunto ya adquirió una dimensión política imposible de esconder. Los únicos que seguimos con una lista incompleta y demasiadas preguntas somos los mexicanos.