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La Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó el Dictamen Número 173, mediante el cual determinó no aprobar la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Tecate correspondiente al ejercicio fiscal 2023, periodo en el que Edgar Darío Benítez Ruiz se desempeñó como presidente municipal. El resolutivo será sometido al Pleno del Congreso como parte del proceso legislativo para su votación.
El dictamen, sustentado en la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado, documenta una serie de observaciones que, en conjunto, reflejan deficiencias en el manejo financiero, administrativo y patrimonial del municipio. Entre los principales señalamientos destacan un déficit presupuestal de 61.9 millones de pesos, omisiones fiscales, adeudos con ISSSTECALI, adjudicaciones directas sin sustento legal y presuntos sobreprecios en contratos de obra pública.
Como parte de la revisión se realizaron 75 procedimientos de auditoría, de los cuales surgieron inicialmente 55 observaciones. Tras el proceso de solventación permanecieron 38 observaciones relevantes y 27 faltas recurrentes, lo que derivó en 22 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, dos notificaciones al SAT para el ejercicio de sus facultades de comprobación y 14 recomendaciones dirigidas al fortalecimiento del control interno del Ayuntamiento.
En materia financiera, la auditoría determinó que durante 2023 el municipio obtuvo ingresos por 850.5 millones de pesos, mientras que registró egresos devengados por 912.4 millones de pesos, generando un desahorro operativo de 61.9 millones de pesos, situación que, de acuerdo con el órgano fiscalizador, contraviene las disposiciones de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado.
El informe también señala presuntas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. Entre ellas figura la omisión del entero de 4.1 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), elevando el pasivo histórico por impuestos retenidos y no enterados a 182.1 millones de pesos. Asimismo, se documentó la retención de 6.2 millones de pesos correspondientes a cuotas de trabajadores que no fueron enteradas a ISSSTECALI, institución con la que el municipio acumuló un adeudo histórico de 439.5 millones de pesos al cierre del ejercicio.
En el apartado de obra pública, la Auditoría Superior identificó contrataciones que considera irregulares y costos superiores a los valores de mercado. Entre los casos señalados se encuentra un contrato para el suministro de lámina galvanizada, en el que se reporta un sobreprecio de hasta 226 por ciento, equivalente a un presunto quebranto de 2.4 millones de pesos.
El dictamen también hace referencia a la rehabilitación del Parque Los Encinos, obra adjudicada de manera directa bajo un supuesto de emergencia. De acuerdo con la auditoría, en dicho proyecto se facturó acero inoxidable cuando finalmente se colocó acero común, situación que habría generado un sobrecosto adicional para el municipio.
Otro de los hallazgos corresponde a obras de pavimentación en las calles José María Morelos y Cedros, ambas con montos superiores a 4 millones de pesos, las cuales, según el informe, fueron asignadas sin llevar a cabo los procedimientos de licitación pública previstos en la legislación aplicable.
Las observaciones también alcanzan a la Oficialía Mayor y diversas áreas operativas del Ayuntamiento. La auditoría señala la asignación directa de 47.3 millones de pesos para el suministro de combustible a una sola empresa sin contrato formal ni autorización del Comité de Compras, además de detectar 7.4 millones de pesos en gastos relacionados con arrendamientos, publicidad y eventos cuya evidencia documental fue considerada insuficiente para acreditar plenamente su realización.
En el rubro patrimonial, el órgano fiscalizador detectó una diferencia de 47.1 millones de pesos entre el inventario físico y los registros contables de bienes muebles. Adicionalmente, observó la falta de acciones efectivas para recuperar una cartera vencida del impuesto predial que asciende a 78.9 millones de pesos, situación que impacta la capacidad recaudatoria del municipio.
El Resolutivo Único aprobado por la Comisión ratifica la no aprobación de la Cuenta Pública 2023 del Ayuntamiento de Tecate y precisa que esta determinación legislativa no sustituye ni limita las facultades de la Auditoría Superior del Estado para promover responsabilidades administrativas o presentar las denuncias que correspondan, en caso de que las observaciones detectadas así lo ameriten conforme a la ley.