Estudiantes que obtuvieron un lugar en la licenciatura recurrieron al Poder Judicial para impugnar la decisión de la UNAM de repetir el examen de ingreso. Argumentan que la medida vulnera su derecho a la educación y genera incertidumbre jurídica.
Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- La controversia por las irregularidades detectadas en el proceso de admisión a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio un nuevo giro. Los primeros aspirantes que habían sido aceptados presentaron juicios de amparo contra la decisión de la institución de aplicar un examen de control, con el que busca validar los resultados obtenidos tras detectar anomalías en la evaluación original.
De acuerdo con La Jornada, los recursos legales fueron promovidos por estudiantes que sostienen que la universidad no puede dejar sin efectos el examen que ya habían aprobado ni modificar las condiciones del proceso una vez publicados los resultados.
Los promoventes solicitan al Poder Judicial que les conceda una suspensión para conservar el lugar asignado sin verse obligados a presentar nuevamente la evaluación.
Según El Financiero, en los escritos de amparo los aspirantes argumentan que la decisión de la universidad vulnera principios de seguridad jurídica, debido proceso y el derecho a la educación, al modificar las reglas del concurso después de haber concluido.
Asimismo, sostienen que no pueden ser responsabilizados por las posibles irregularidades detectadas durante la aplicación del examen, ya que participaron conforme a los procedimientos establecidos por la propia institución.
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La UNAM justificó un nuevo examen tras detectar anomalías
La decisión de aplicar un examen extraordinario fue anunciada por la UNAM luego de identificar inconsistencias durante el proceso de admisión en línea.
La universidad informó previamente que detectó conductas irregulares y posibles intentos de fraude que comprometieron la confiabilidad de una parte de las evaluaciones. Ante ello, determinó convocar a un examen presencial de control para alrededor de 58 mil aspirantes, con el propósito de garantizar la transparencia del proceso de selección.
Según la institución, esta medida busca asegurar que los lugares sean ocupados por quienes acrediten los conocimientos requeridos bajo condiciones verificables.
El conflicto ya alcanzó al Poder Judicial
Los primeros amparos representan el inicio de una posible judicialización del proceso de admisión, pues los estudiantes buscan que un juez determine si la universidad puede modificar los efectos de una convocatoria una vez publicados los resultados.
Los abogados que asesoran a algunos aspirantes sostienen que el examen de control altera las condiciones originales del concurso y genera incertidumbre para quienes ya habían sido notificados de su aceptación.
Aunque hasta ahora solo se han presentado los primeros recursos, no se descarta que otros aspirantes recurran a la misma vía conforme avance el proceso.
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Una crisis que ha escalado en las últimas semanas
La presentación de los amparos ocurre después de varias semanas de tensión en la UNAM. Las irregularidades detectadas durante el examen de ingreso provocaron cuestionamientos sobre la seguridad del sistema de evaluación, protestas de aspirantes y una revisión interna del proceso de admisión.
El conflicto también derivó en cambios dentro de la administración universitaria. La semana pasada, la UNAM anunció la salida de Patricia Dávila de la Secretaría General y el nombramiento de Javier de la Fuente Hernández como nuevo titular de esa área, en medio de la controversia generada por el proceso de ingreso.
La universidad ha sostenido que las decisiones adoptadas buscan preservar la credibilidad del sistema de admisión y garantizar condiciones de equidad para todos los aspirantes.
Los juzgados federales deberán determinar, en una primera etapa, si conceden medidas cautelares a los estudiantes mientras se resuelve el fondo de los juicios.
Las resoluciones podrían definir no solo la situación de los primeros promoventes, sino también sentar un precedente para otros aspirantes que decidan impugnar el examen de control, en un conflicto que ya dejó de ser exclusivamente universitario para trasladarse al ámbito judicial.
