Aunque en Baja California han cerrado miles de empresas y se han perdido empleos, el gobierno del estado reporta que este año recaudará más dinero por impuestos relacionados con la nómina, de acuerdo con cifras presentadas por la Secretaría de Hacienda de Baja California durante la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la administración encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Según los datos oficiales, al cierre de 2025 se proyecta una recaudación de 11 mil 421 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre Nómina (ISN), un impuesto que pagan las empresas por tener trabajadores contratados formalmente.
Esta cifra representa un incremento del 8.9% respecto a 2024, cuando se obtuvieron 10 mil 484 millones de pesos por el mismo concepto. En términos simples, el gobierno estatal espera recibir más dinero de las empresas que aún operan.
El problema es que este aumento en la recaudación ocurre mientras la economía formal del estado se está contrayendo. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que entre enero y octubre de 2025 cerraron más de 8 mil empresas formales en Baja California.
Además, en ese mismo periodo se han perdido más de 20 mil empleos formales, es decir, trabajos con prestaciones, seguridad social y estabilidad laboral.
Ante este escenario, surge una pregunta obligada: ¿se están perdiendo empresas y empleos por la voracidad del gobierno para recaudar más impuestos?
La respuesta no es simple, pero los datos apuntan a un factor clave: el aumento en la recaudación no se debe a que haya más empresas o más trabajadores, sino a que las empresas que siguen abiertas están pagando más impuestosy enfrentando una fiscalización más estricta.
Durante la presentación de sus indicadores, la propia Hacienda del Estado reconoció que se ha aplicado una política recaudatoria más intensa, lo que significa mayor presión para cumplir, mayores revisiones y menos margen de maniobra para las empresas formales.
En este contexto, el secretario de Desarrollo Económico de Baja California, Kurt Holler, ha defendido la necesidad de mantener finanzas públicas sólidas; sin embargo, los números muestran que el costo de esa estrategia se está concentrando en un grupo cada vez más reducido de contribuyentes.
La dimensión del problema se entiende mejor al revisar los últimos años. En 2021, el gobierno estatal recaudó 4 mil 752 millones de pesos por este impuesto. Para 2025, la cifra proyectada es de 11 mil 421 millones, un incremento del 140.3%en apenas cuatro años.
En términos claros, el gobierno recauda 6 mil 669 millones de pesos más que hace cuatro años, aun cuando hoy existen menos empresas y menos empleos formales en la entidad.
Esto refuerza la percepción de que la carga fiscal se ha vuelto más pesada para quienes siguen operando dentro de la formalidad, mientras otros optan por cerrar, reducir personal o moverse a la informalidad.
La pregunta de fondo queda abierta para la discusión pública: ¿hasta qué punto puede el gobierno seguir apretando a las empresas que generan empleo sin provocar más cierres y más pérdidas laborales? La respuesta marcará el rumbo económico de Baja California en los próximos años.