Se trata de cámaras clandestinas en la vía pública
Las autoridades de seguridad han retirado hasta el momento 86 cámaras de videovigilancia no oficiales en la ciudad de Tijuana, como parte de un operativo en curso para desmantelar estos dispositivos instalados sin autorización en espacios públicos, informó Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).
El funcionario explicó que estas cámaras han sido colocadas en postes de luz, teléfono y árboles en distintos puntos de la ciudad, sin estar conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i). Por esta razón, se están removiendo para evitar su posible uso con fines delictivos o para el monitoreo de operativos de seguridad pública.
“Queremos garantizar que las cámaras en espacios públicos sean públicas y que sean utilizadas con fines de seguridad y protección ciudadana, no para otros intereses”, señaló Carrillo Rodríguez en una conferencia de prensa.
Vinculación con las investigaciones y contexto de violencia
El retiro de estos dispositivos se da en el contexto de una creciente preocupación por la violencia en Tijuana. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó este miércoles por la mañana que la ciudad ocupa el primer lugar en homicidios dolosos en todo el país, con un promedio diario de asesinatos que ha mantenido a la urbe en una crisis de seguridad.
En este sentido, Carrillo Rodríguez informó que las cámaras retiradas están siendo puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para complementar investigaciones sobre grupos delictivos que operan en la región. “Es importante analizar a quiénes pertenecen estos dispositivos y qué información estaban recabando”, explicó.
El operativo y sus alcances
El operativo de remoción inició el martes en la Zona Norte de Tijuana, una de las áreas con mayor incidencia delictiva, y se extenderá a lo largo de la ciudad en los próximos días. En el despliegue participan diversas corporaciones de seguridad, incluyendo la SSCBC, la FGE y la Guardia Nacional.
El titular de seguridad enfatizó que las cámaras instaladas en domicilios particulares y negocios no serán afectadas, siempre y cuando no interfieran con la vía pública o formen parte de redes de videovigilancia no autorizadas.
“Se trata de recuperar el control del espacio público y evitar que estos dispositivos sean utilizados para seguir a las fuerzas de seguridad o para espiar actividades de ciudadanos y empresarios”, concluyó.
Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía a reportar la presencia de cámaras sospechosas a través de las líneas de denuncia anónima.