El Ayuntamiento de Tijuana ha dado un paso firme en su política de cero tolerancia a la corrupción con la destitución de Héctor “N”, juez municipal señalado por presuntas irregularidades en su desempeño. La medida responde a la necesidad de fortalecer la integridad dentro del gobierno municipal y garantizar que los funcionarios actúen con apego a la legalidad y la ética.
Esta acción se enmarca en un esfuerzo más amplio por depurar la administración pública y evitar que prácticas indebidas afecten la confianza ciudadana en las instituciones. En los últimos meses, el combate a la corrupción ha sido una prioridad, con medidas contundentes para investigar y sancionar a servidores públicos implicados en posibles actos ilícitos.
Arnulfo Guerrero, secretario del Ayuntamiento da a conocer el cese del juez corrupto
El secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero León, confirmó la destitución del juez municipal y reiteró el compromiso del gobierno local con la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier anomalía en la función pública, destacando que la participación ciudadana es clave para combatir la corrupción de manera efectiva.
Corrupción en el Ayuntamiento: una lucha constante
El caso de Héctor “N” no es un hecho aislado. En los últimos años, el Ayuntamiento de Tijuana ha enfrentado diversos escándalos de corrupción que han puesto a prueba la capacidad del gobierno para actuar con firmeza.
Uno de los casos más recientes involucra el presunto desvío de 42 millones de pesos del Fideicomiso de Fondos Tijuana a asociaciones civiles que no cumplieron con los requisitos legales para recibir dichos recursos. Este caso evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión en la administración de los fondos públicos.
Asimismo, en octubre de 2024, tres funcionarios de la Sindicatura Municipal fueron cesados por presuntos actos de corrupción en la operación de concesionarios de grúas. Estas destituciones marcaron un precedente en la lucha contra redes de corrupción que, por años, han operado dentro del gobierno municipal.
En enero de 2025, la Auditoría Superior detectó irregularidades por más de 274.2 millones de pesos en la cuenta pública 2023 del Ayuntamiento, revelando deficiencias en la administración de los recursos municipales y exponiendo la necesidad de mejorar los controles internos.
Estos casos reflejan el reto que enfrenta el gobierno municipal en su lucha contra la corrupción. La administración actual reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad, estableciendo medidas para depurar la función pública y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.