Tijuana, B.C. – El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Baja California (CCSEBC), Roberto Quijano Sosa, expresó su respaldo a los operativos para el retiro de cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en espacios públicos de Tijuana, los cuales dieron inicio el pasado martes 25 de febrero.
De acuerdo con el titular del organismo ciudadano, la instalación de estos dispositivos en estructuras y vías públicas es ilegal, además de representar un riesgo potencial para la seguridad de la población, ya que podrían ser utilizados con fines delictivos, como el espionaje, la planeación de actos ilícitos o la obtención indebida de información sobre las actividades de las autoridades.
Coordinación con fuerzas de seguridad
Quijano Sosa destacó que estas acciones se llevan a cabo en un esfuerzo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal, con el propósito de desarticular posibles redes de vigilancia no autorizadas que podrían estar vinculadas a la delincuencia organizada.
“El uso de cámaras en lugares estratégicos sin regulación alguna pone en riesgo la seguridad pública y la labor de las corporaciones de seguridad. Ya hemos visto en otras ciudades del país que estos dispositivos han sido empleados para monitorear los movimientos de las autoridades, lo que compromete operativos y estrategias de seguridad”, enfatizó.
Experiencias en otras ciudades
El presidente del CCSEBC recordó que operativos similares ya se han llevado a cabo en otras partes del país, como Tecate, Culiacán y Puebla, donde se han detectado redes de videovigilancia no reguladas que presuntamente eran utilizadas para facilitar actividades ilícitas, como el monitoreo de patrullajes, la identificación de objetivos criminales o incluso la planeación de ataques contra fuerzas del orden.
“Es una situación que no se puede permitir en ningún estado del país. La autoridad debe garantizar que la tecnología se use para fortalecer la seguridad de la ciudadanía y no para generar ventajas para la delincuencia”, apuntó.
Llamado a la regulación y supervisión de videovigilancia
Ante esta problemática, Roberto Quijano Sosa hizo un llamado a las autoridades para establecer un marco regulatorio claro sobre el uso de sistemas de videovigilancia en espacios públicos y reforzar los mecanismos de supervisión. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier dispositivo sospechoso instalado en la vía pública sin autorización oficial.
“La seguridad es un tema prioritario y el uso de la tecnología debe estar alineado con los esfuerzos institucionales para combatir la criminalidad, no para favorecerla”, concluyó.
Con estas acciones, Baja California refuerza su compromiso con la seguridad pública y la protección de sus ciudadanos, garantizando que la videovigilancia sea una herramienta de orden y prevención, y no un instrumento en manos equivocadas.